investigación judicial

El fiscal acusa a seis funcionarios de la Generalitat por delito ecológico

  • Los empleados no valoraron la repercusión que la modificación de la actividad de una empresa tenía en el aumento del consumo de agua, electricidad y emisiones atmosféricas

  • La querella relaciona esa situación de la "altísima peligrosidad" de producción y reciclaje de disolventes fue el incendio de la planta de Montornès del Vallès que provocó la contaminación del Besòs

Incendio en la nave industrial de Montornès del Vallès

Incendio en la nave industrial de Montornès del Vallès / JOAN RAVENTÓS

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella por un delito ecológico contra seis funcionarios y cargos de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat por autorizar de forma presuntamente ilegal a la empresa Ditecsa el aumento de su actividad de producción y el reciclaje de disolventes, lo que comportaba un incremento del consumo del agua, de energía y de emisiones atmosféricas. Los técnicos no valoraron si este incremento superaba los límites legales. Una “muestra clara” de la “altísima peligrosidad para la seguridad, la salud humana y el medio ambiente” de esa labor, según la acusación, fue el incendio ocurrido el 11 de diciembre del 2019 en su planta de Montornès del Vallès y que provocó la contaminación del río Besòs y la muerte de centenares de peces.

Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite de la Sección de Medio Ambiente de la fiscalía y ha señalado declaración. Este órgano judicial investigará este delito contra los recursos materiales, mientras que otro de Granollers es el que instruye la causa abierta por el incendio y la contaminación del río.

La nueva querella de la fiscalía precisa que la empresa Ditecsa fue modificando su actividad para “aumentar de manera significativa” la producción y tratamiento de disolventes, lo que implicaba un mayor consumo de agua, energía y emisiones. La renovación que solicitaba la compañía se presentaban siempre y de “manera interesada” como un simple Cambio No Sustancial (CNS), a pesar de que en los casos que se referían debían seguir los trámites “más complejos” de un Cambio Sustancial (CS), según la acusación. Este último procedimiento exige antes de su aprobación valorar el proyecto de modificación y adoptar las medidas correctoras para evitar “los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”.

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Los funcionarios, recalca la fiscalía, “en atención a su responsabilidad pública y conocimiento experto en la materia”, intervinieron en los procesos administrativos de cambio no sustancial propuesto por la empresa y promovieron su aprobación “sin valorar en ningún caso” los datos del incremento de consumo de agua, energía y emisiones. Este análisis hubiera impedido su autorización como tal, ya que “sabían que en ese momento que estaban ante propuestas de auténticos cambios sustanciales”, detalla.

Hasta tres permisos nuevos

La querella detalla que en julio de 2014, la empresa solicitó una de esas modificaciones para aumentar la capacidad de reciclaje de disolventes. Esta actividad, índice, acrecienta "muy significativamente el consumo de agua” que la empresa de Montornès obtenía de la red pública (11 veces más). Este agua se usa para la producción de disolventes, con el “consecuente riesgo ambiental y para la salud” que podía suponer el incremento, “no previsto ni autorizado”, de producción de esa sustancia y la “dificultad” para su almacenamiento. Además, estaba previsto más consumo energético y de emisiones, sobre todo, de compuestos orgánicos volátiles. Los funcionarios, recalca la acusación, no tuvieron en cuenta estos aspectos tampoco en peticiones de 2017 y 2018.