Pederastia en el clero

La Iglesia saca pecho de su investigación de los abusos ante la desconfianza de las víctimas

  • Las diócesis solo han recibido 60 denuncias de casos ocurridos entre 2010 y 2020

  • Los obispos señalan que buscan trabajar con “humildad” y “deseo de corrección”

Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). / EFE / Quique García

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

Periodista

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Los organismos para denunciar e investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica no paran de reproducirse en España. Hasta hace muy poco, a diferencia de lo que ocurría en la mayoría de países europeos, la única vía aquí era la judicial, que deja forzosamente fuera del foco los delitos prescritos y no permite entender la dimensión global del problema. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha sumado la recién creada comisión dirigida por el Defensor del Pueblo, una comisión distinta que dentro de poco votará el Parlament para los casos en Catalunya, la auditoría encargada por los obispos a un despacho de abogados y los esfuerzos de la propia Conferencia Episcopal Española (CEE).

Tras años de mirar hacia otro lado, la Iglesia creó hace un par de años 202 oficinas repartidas por todo el Estado para esclarecer los abusos. Hasta el momento, han recibido solo 506 denuncias, de las que 60 corresponden al periodo entre 2010 y 2020. Son cifras que palidecen en comparación, por ejemplo, con la experiencia francesa, donde un informe encargado por los obispos del país vecino calculó que 216.000 menores fueron agredidos sexualmente por sacerdotes y religiosos desde 1950

Esta abrumadora diferencia solo puede explicarse por dos factores. Bien debido a que el comportamiento del clero en España ha sido muy distinto al de Francia, algo sobre lo que no existen indicios, bien porque las víctimas acogen con profunda desconfianza, como muchas de ellas se han encargado de explicar, la posibilidad de denunciar los abusos ante la misma institución de donde procedían. 

Frente a este escenario marcado por los recelos, la CEE reivindicó este jueves sus propios esfuerzos. Durante un encuentro celebrado en Madrid para coordinar los trabajos de estas oficinas, una de las responsables de los trabajos, María José Díez, señaló que el trabajo de las diócesis, a “diferencia” del de otras instancias dedicados a investigar estos delitos, busca “la acogida y el acompañamiento” de las víctimas. "Que el camino que realice la Iglesia española, con toda la humildad y con todo el deseo de corrección y conversión que estamos llamados a vivir, pueda también abrirse y ser un desafío que nosotros compartamos y ofrezcamos a la sociedad española en su conjunto", añadió el secretario general y portavoz de los obispos, Luis Argüello.  

Pero los prelados también han admitido que este esfuerzo no es suficiente. Lo hicieron a finales de febrero, durante la presentación del trabajo que han encargado al bufete Cremades & Calvo Sotelo para recopilar denuncias y auditar la investigación llevada a cabo por las diócesis. “Abrimos una nueva etapa. Queremos esclarecer”, dijo entonces el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Un mes después, el miércoles de la semana pasada, Omella se reunió con varias víctimas, la mayoría miembros de la asociación Infancia Robada, quienes le transmitieron que no confiaban en ese despacho de abogados, ya que su presidente, Javier Cremades, tiene “intereses contrapuestos” al ser “miembro destacado del Opus Dei”.  

La comisión de Gabilondo

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Todos los esfuerzos por esclarecer estos delitos están chocando con el escepticismo de una parte importante de los damnificados. Incluso cuando las iniciativas no provienen de la Iglesia, como se comprobó este jueves en Barcelona, donde un grupo de activistas contra los abusos sexuales criticaron la comisión que dirigirá el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, por carecer de “poder coercitivo” para obligar a comparecer a sacerdotes bajo sospecha o a que las diócesis entreguen determinados documentos. 

Tres semanas después de que todo el Congreso salvo Vox aprobase su creación, el organismo, que todavía no ha nombrado a sus integrantes, ya se enfrenta a serias dificultades. No es solo la desconfianza de una parte de las víctimas; también es la actitud de la Conferencia Episcopal, que en principio no piensa participar en él. Aun así, los obispos insisten en que no pondrán palos a su trabajo, que concluirá en forma de informe a finales de año. “La Iglesia colaborará con la mejor disposición”, señala la CEE.