Pacto entre el PSOE y Unidas Podemos
Todo el Congreso menos Vox aprueba investigar la pederastia en la Iglesia
El PP cambia de criterio y decide apoyar la comisión sobre los abusos a menores presidida por el Defensor del Pueblo
El PSOE logra sumar al acuerdo a Podemos, pero ambos socios discrepan sobre el alcance de lo acordado
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Juan José Omella David Castro / David Castro
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Juan Ruiz Sierra
Periodista
El PSOE logró atraer este jueves al PP y a los partidos situados a su izquierda, incluido el socio en el Gobierno, Unidas Podemos, a la comisión dirigida por el Defensor del Pueblo que investigará los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica. Tras una larguísima negociación, llevada hasta el límite, el organismo salió aprobado en el Congreso por una amplia mayoría, en la que solo desentonó Vox con su voto en contra. Pero la iniciativa, que prevé la emisión de un informe sobre estos delitos a finales de año, no nace con buen pie, debido al choque entre socialistas y morados sobre el alcance de lo pactado.
La propuesta validada por el pleno de la Cámara baja, a propuesta del PSOE y el PNV, se limita a señalar que el organismo presidido por Ángel Gabilondo recabará denuncias y elaborará un informe sobre la pederastia en la Iglesia. A partir de aquí, discrepan las versiones de los dos socios de la coalición en el Gobierno. Podemos, junto a ERC y EH Bildu, señalaron que pasaron del rechazo al apoyo porque los socialistas se comprometieron a aprobar a corto plazo una ley que obligue a los obispos a colaborar con la comisión y a comparecer cuando sean llamados a ella. También, según los morados, las víctimas que así lo deseen podrán prestar su testimonio de forma pública en el Congreso.
Pero en el PSOE el relato es muy distinto. Según los socialistas, no habrá ninguna modificación legislativa, por lo que en principio los obispos no tendrían el deber de atender los requerimientos de la comisión. Aun así, cuando anunció su propia auditoría sobre los abusos, hace tres semanas, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, dejó claro que estaba dispuesto a "colaborar" con la comisión que dirigirá Gabilondo. Pero las divergencias no acaban aquí. Mientras Podemos asegura que las víctimas darán su testimonio en el Congreso, según lo pactado, el PSOE explica que no será así. Serán las asociaciones las que comparezcan en la Comisión de Justicia, pero solo para valorar las conclusiones del informe, que se espera para finales de año.
En cualquier caso, nada de todo esto aparece en la propuesta aprobada por el Pleno del Congreso, que solo habla de que la comisión, presidida por el Defensor del Pueblo, estará formada por "personas expertas" y "tendrá como objetivo contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes". Este escrito fue el que recabó el apoyo de casi todo el arco parlamentario, con 286 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones. La izquierda, los nacionalistas, Cs e incluso el PP, que cambió de posición tras la reciente crisis interna, apoyaron la propuesta. Solo Vox mostró su rechazo.
"Luz y taquígrafos"
“Hemos pasado del ‘no’ al ‘sí’. Es un día importante en la lucha contra la impunidad y los abusos sexuales en la Iglesia. Habrá un protagonismo del Congreso, no será un mero parche de impotencia . Por un lado, habrá comparecencias con luz y taquígrafo de aquellas víctimas que quieran y, por otro lado, habrá una auténtica comisión de la verdad. La comisión de expertos que propone el PSOE y el PNV será una comisión con poderes para obligar, si hace falta, a la Iglesia a cooperar”, señaló poco antes de la votación el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, encargado de la negociación con el PSOE.
Tras la aprobación de la comisión, Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y encargada por su partido para negociar el formato de la comisión, ofreció su versión, contradictoria con la de su socio en el Gobierno. "No será una comisión de la verdad", dijo, porque la "última verdad es la de los tribunales". Y tampoco habrá ninguna modificación en el ordenamiento para forzar a la Iglesia a cooperar. "El defensor se rige por ley orgánica. No habrá cambio normativo alguno. Y en la Comisión de Justicia no serán escuchadas las víctimas, sino las asociaciones, y no para exponer su caso, sino para hablar de medidas”, insistió.
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