La comisión sobre los abusos se abre paso con el no del PP y el silencio de la Iglesia

España se encamina a dejar de ser una excepción en el entorno europeo por su forma de encarar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Si en las próximas semanas sale adelante en el Congreso la proposición no de ley que registró este lunes el PSOE, una comisión independiente, liderada por el Defensor del Pueblo y formada por expertos, miembros de la Administración, víctimas y en principio el propio clero, será la encargada de esclarecer estos hechos, hasta ahora cubiertos por un manto de opacidad. La iniciativa de los socialistas, contrarios a que sea el Parlamento quien investigue estos delitos, empieza a congregar una mayoría holgada y transversal, mientras el PP se opone a ella y la Conferencia Episcopal Española (CEE), en una actitud muy distinta a la de los obispos de países cercanos, se mantiene instalada en el silencio.

 El Gobierno evita poner plazos a la futura comisión. El precedente más cercano es el de Francia, donde un organismo independiente concluyó el pasado octubre que desde 1950 unos 216.000 menores habían sido abusados por cerca de 3.000 religiosos. Sus integrantes estuvieron trabajando dos años y medio antes de emitir sus conclusiones. 

“No son plazos cortos, por la experiencia internacional. Estamos hablando de años. No es una investigación fácil. Es complicada, con mucha documentación. Lo importante es hacerlo con rigor, que las víctimas se sientan amparadas”, señaló este lunes en la Ser el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Es decir, la investigación quizá no esté concluida cuando se celebren las próximas elecciones generales, que se prevén para finales de 2023 o principios de 2024. Así que si hay cambio en el Gobierno, su trabajo podría correr riesgos.  

Bolaños pidió a Omella que la Iglesia participe en la investigación de abusos

El rechazo de los conservadores

 El PP ya ha dejado claro que no respalda la iniciativa. Desde Bruselas, Pablo Casado acusó este lunes al Gobierno de querer tapar con esta comisión los abusos de menores ocurridos en centros públicos en Baleares y la Comunitat Valenciana, autonomías gobernadas por los socialistas. Como en otras ocasiones, el líder del PP obvió que en Madrid, territorio en manos de los conservadores, también se han producido hechos de este tipo. En cualquier caso, Casado rechazó que la investigación se ciñera a “un determinado colectivo”.

Se trata de una tesis muy similar a la que viene desplegando la Iglesia Católica en los últimos años. Aun así, la CEE aún no ha aclarado si participará en la investigación, y en principio no lo hará hasta la semana que viene, cuando reunirá a su órgano de dirección. A pesar de que el Papa Francisco ha pedido encarar con más firmeza que sus antecesores el fenómeno de los abusos, los obispos españoles no han dado hasta ahora ningún paso decidido en este terreno. Bolaños pidió hace unos días al presidente de la CEE), Juan José Omella, que se implicara en la comisión. “Su respuesta fue que tendrán que pensarlo”, explicó el ministro. Aquí reside la gran diferencia con el caso francés. Mientras en el país vecino fue la Iglesia quien impulsó la comisión de investigación, en España los obispos se sitúan a la defensiva. 

Respaldos transversales

Pero la iniciativa del PSOE va ganando apoyos en el Congreso, donde será votada dentro de unas semanas, en una fecha por determinar. A su izquierda, tanto Unidas Podemos como ERC y Bildu se mostraron proclives al apoyo, aunque los tres recordaron que su propuesta no iba por el camino de un organismo independiente, sino por el de una comisión de investigación parlamentaria. Los socialistas apoyaron el pasado martes la admisión a trámite de este enfoque en la Cámara baja, pero poco después señalaron que no lo consideraban adecuado, debido a que podría acabar convertiéndose en “un circo”.

El esquema de Pedro Sánchez es el de un organismo liderado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien fue fraile en su juventud. En el pasado, la institución llevó a cabo informes sobre las víctimas de la violencia de género (1998) o las de ETA (2016). “Este modelo protege más la privacidad de las víctimas. Garantiza que son escuchadas en un entorno amable y de confidencialidad”, defendió Bolaños. En rigor, quien primero lanzó una propuesta de este tipo fue el PNV, aunque sin citar al Defensor del Pueblo y dando a la comisión independiente un plazo de un año para finalizar su informe. Los nacionalistas vascos apoyarán la propuesta socialista, algo que también harán los diputados de Cs.   

La iniciativa no tendrá problemas en salir adelante, a falta de la negociación de la letra pequeña, que llevará Carmen Calvo, exvicepresidenta primera. Calvo, que durante sus años en el Gobierno se encargó de las relaciones con el Vaticano, no ahorró este lunes críticas a los obispos. “La Iglesia Católica tiene que hacer también su trabajo –señaló-. Nos hubiera gustado que hubiera salido al paso en este asunto”. La comisión, continúo, estará formada por juristas, psiquiatras, psicólogos, pediatras, sociólogos, representantes de las víctimas y la propia Iglesia, la institución responsable de estos delitos. Siempre que los obispos quieran participar. De momento, silencio.