La fiscalía acusa de mala gestión al anterior equipo de gobierno de Sabadell por un 'pelotazo urbanístico'

Varapalo judicial al equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Sabadell entre julio de 2017 y junio de 2019, encabezado por los que fuera alcalde Maties Serracant (La Crida per Sabadell) y el entonces teniente de alcalde Juli Fernández (ERC). La fiscalía sostiene que “hubo una deficiente gestión” en la adquisición por 3,2 millones de una nave de la antigua fábrica Artèxtil, considerada ‘la catedral del textil’, cuando un año antes había sido adquirida por Amadeo M. N, vinculado a la familia Montero-Jodorovich, por 500.000 euros. Y "especialmente cuando se trata de caudales públicos”, agrega la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Sin embargo, en las gestiones realizadas por los Mossos no se han localizado “indicios sólidos suficientes” para acreditar que se cometieron hechos delictivos, por lo que lo que la fiscala jefe de Sabadell, Neus Pujal, acuerda el archivo de las pesquisas. En su decreto recalca que no se ha podido obtener la valoración de la nave en ninguna de las dos ventas por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), a la que se requirió este análisis. Esta entidad contestó que no le era posible llevar a cabo la tasación por no disponer de acceso a los datos necesarios para practicarla, así como por la singularidad del inmueble que goza de protección oficial. La fiscalía argumenta que el "no haber podido determinar la valoración del inmueble, por sus especiales características históricas, ha frustrado completamente” la investigación. 

Las pesquisas

Este diario desveló en enero de 2020 que los Mossos habían destapado un pelotazo urbanísticos en Sabadell de una miembro de la familia Jodorovich, que históricamente la policía vincula con el narcotráfico. La operación fue descubierta en el seno de una causa instruida en un juzgado de Barcelona por presunto blanqueo de capitales. La Fiscalía de Sabadell abrió una investigación en septiembre a raíz de la denuncia de Esteban Gesa Para, del PP. Los agentes requirieron información al Ayuntamiento de Sabadell, a la Agencia Tributaria y a los bancos, así como al juzgado que había tramitado el concurso de acreedores de la sociedad Inmobiliaria Europa Manet, a la que a la que había pertenecido el inmueble antes de la doble venta.

El pasado 10 de febrero, los Mossos remitieron a la fiscalía un informe final en el que destacan que no se han encontrado pruebas de delito, “ni se ha averiguado la identidad de la persona técnico, político o quien fuera que tuviese noticia de que el Ayuntamiento de Sabadell estuviese interesado en adquirir la nave y pudiera comunicarlo a los primeros compradores del 2017” (el miembro de la familia Jodorovich) para revenderla después, en el 2018, por un precio “ostensiblemente” superior. Tampoco se han encontrado ingresos sospechosos en las cuentas bancarias de las personas implicadas en la operación, ni en las empresas que intervinieron. Eso sí, la fiscalía insiste que no se ha encontrado pruebas, pese a "lo sorprendente del superávit" obtenido por los primeros compradores. De todas, de las declaraciones practicadas "únicamente" se han podido contraer contradicciones sobre el interés del ayuntamiento.

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