Pederastia en la Iglesia

Pedro Strecht: "Las víctimas de abusos no quieren indemnizaciones, sino hablar de su sufrimiento"

Entrevista al coordinador de la comisión que investiga los abusos a menores en la Iglesia portuguesa

entrevista a Pedro Strecht

entrevista a Pedro Strecht / Contraponto Editores

Lucas Font

Lucas Font

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Portugal está investigando desde hace casi dos meses los abusos a menores cometidos en la Iglesia desde 1950. Para ello, la Conferencia Episcopal lusa ha encargado la creación de una comisión independiente, formada por psiquiatras, juristas y sociólogos, que tratará de recoger el máximo de testimonios posible a través de internet, llamadas telefónicas y encuentros presenciales. El objetivo es complementar estos testimonios con el acceso a los archivos de la Iglesia -que dependen de los obispos de cada diócesis- y con informaciones publicadas en la prensa para redactar un informe a finales de este año. El coordinador de la comisión, el psiquiatra Pedro Strecht, asegura a EL PERIÓDICO que el propósito del informe no es hacer un recuento detallado de los casos ni ofrecer indemnizaciones, sino dar un espacio a las víctimas para que puedan contar su historia y sentirse acompañadas. 

¿Qué valoración hace de los primeros meses de trabajo?

Por ahora la valoración es positiva. Creo que la Iglesia ha dado un paso importante con la creación de esta comisión para que se sepa lo que pasó. Y lo que más valoramos es que no ha puesto ningún obstáculo a nuestro trabajo. En menos de dos meses hemos recogido más de 250 testimonios y, aunque es cierto que tuvimos un pico inicial y que el número de denuncias ha ido cayendo desde entonces, ya estamos consiguiendo hacer una tipificación de las víctimas, de los abusadores, de las edades y de las formas como se produjeron los hechos.

¿Y qué han podido comprobar hasta ahora?  

Por ahora más de la mitad de los testimonios aseguran que su abusador también agredió a otras víctimas, lo cual confirma que el perfil de los abusadores es el de personas reincidentes. En algunos casos las víctimas mencionan a otras personas que sufrieron abusos con nombre y apellidos, pero en otros casos dan indicaciones aproximadas, lo cual dificultará hacer una valoración estadística. También hemos visto que la proporción de denuncias de hombres y mujeres es muy parecida, aunque de entrada podíamos pensar que las víctimas eran mayoritariamente hombres. 

La Conferencia Episcopal ha mostrado su disposición a abrir los archivos históricos de la Iglesia, algo que será fundamental para contrastar los testimonios. Pero la decisión final corresponde a los obispos de cada una de las 21 diócesis. ¿Temen que alguno les ponga algún impedimento?

Siempre hemos destacado la importancia de acceder a los archivos históricos de la Iglesia. Sabemos que hay diferentes sensibilidades en cada diócesis pero ya hemos empezado contactos con cada una de ellas, no solo para conocernos mejor sino también para construir una relación de confianza. Es importante que cada diócesis nos ayude a aclarar cuántos casos hubo, qué ha sido de los abusadores o a cuántos niños afectaron. La apertura de los archivos será una parte muy importante para aclarar todo esto en nuestro informe.

En España se está planteando la posibilidad de abrir una comisión parlamentaria para investigar los abusos. ¿Cree que es una buena opción?

Crear solo una comisión parlamentaria me parece complicado porque se corre el riesgo de que en un Parlamento con mayoría de izquierdas las víctimas de derechas no se sientan identificadas, y al revés. Si se hace de una forma complementaria a otras investigaciones sí puede ser positivo. En cualquier caso, cada país tiene que ver qué solución es más adecuada teniendo en cuenta su estructura.

Por ahora la Iglesia española ya ha encargado a un despacho de abogados una auditoría independiente. 

Esta opción da énfasis solamente a la parte jurídica, es decir, a aclarar si las personas quieren presentar una queja formal y a estudiar si los casos han prescrito o si las víctimas quieren alguna indemnización. En nuestra investigación estamos viendo lo contrario. Las personas que nos contactan no quieren indemnizaciones o emprender acciones jurídicas, sino hablar de su dolor y su sufrimiento, contar su experiencia y sentir que no están solas. Buscan una reparación en términos genéricos y no una reparación jurídica y ni mucho menos económica.

¿Pero contemplan la opción de pagar indemnizaciones a las víctimas?

Para los casos que no hayan prescrito o que necesiten una mayor investigación, tenemos una colaboración ya establecida con la Fiscalía General de la República para que se haga cargo por la vía judicial. En la parte de las indemnizaciones nuestro trabajo es solo orientativo, aunque podemos derivar a las víctimas a instituciones como la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas, que cuentan con estructuras jurídicas para dar respuesta a estas cuestiones. En los casos que ya han prescrito, las víctimas tendrían que tratar con la propia Iglesia, aunque de momento no nos hemos encontrado con personas que pidan indemnizaciones.

Teniendo en cuenta el número de testimonios y el tamaño de su equipo, de seis miembros, ¿les va a dar tiempo a terminar el informe en el plazo previsto?

Está siendo un desafío más grande de lo que teníamos previsto. Es posible que tengamos que ampliar el equipo, pero no queremos meter a demasiadas personas por miedo a posibles fugas de información. Un año es un periodo corto pero creo que es importante delimitar el plazo porque, en caso contrario, las víctimas pueden pensar en contar su experiencia más adelante. En Portugal hemos tenido experiencias de comisiones que sabemos cuando empiezan y nunca cuando acaban. Hacerlo todo es difícil, es posible que dejemos puertas abiertas para que otras personas puedan profundizar más en algunas áreas de nuestro informe.

¿Van a incluir en el informe los nombres de los perpetradores y de las personas que pudieron encubrirles?

Es cierto que muchas personas pueden pensar que una vez concluido el informe todo va a seguir igual, pero no nos parece pertinente poner nombres sin que cada caso sea debidamente investigado y documentado. Al final del informe enviaremos la lista de nombres tanto a la Iglesia como a la Fiscalía, que decidirá si abre una investigación o no. También tenemos previsto dejar algunas recomendaciones como, por ejemplo, la conveniencia o no de que la Iglesia asuma públicamente estos asuntos, el fin del celibato obligatorio o la aceptación de todas las orientaciones sexuales en el catolicismo. No queremos solo constatar hechos, sino también pensar en el futuro.

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