Dos años de atasco en la mejora de las residencias

"La pandemia del coronavirus nos puso frente a un espejo, hay que cambiar este modelo". Lo asumió este miércoles la 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera, en una comisión parlamentaria donde los grupos de la oposición le afearon las nulas medidas concretas que ha tomado el departamento para revertir la penosa situación que arrastran muchas residencias desde hace ya una década. Las más de 50 medidas que aprobó el pleno en 2020 siguen siendo hoy papel mojado. El primer paso que ha decidido implementar el Govern ha sido crear una agencia que decida cómo debe abordarse la atención sanitaria a los más dependientes. "Estamos esperanzados, pero hay que revisar muchas cosas", comentan desde la Societat Catalana de Geriatria y Gerontologia.

El Govern da un primer paso: crea una agencia para coordinar la atención sanitaria de los dependientes

Desde que estalló la pandemia del coronavirus, el cambio del modelo de residencias, centros de día y en general la atención a los ancianos y dependientes está en boca de todos. Patronal, sindicatos y familiares pedían mejoras desde hacía una década. Hoy la necesidad de aplicar mejoras la entona ya todo el arco parlamentario. El estruendo es ensordecedor. Especialmente en el pleno monográfico de residencias donde los grupos acordaron unas 50 medidas concretas a aplicar. Sin embargo, en el día a día de los cuidadores o los ancianos se impone el silencio. La administración ha iniciado pequeñas mejoras, especialmente para coordinar los brotes de coronavirus. Pero a nivel estructural apenas ninguna mejora se ha aplicado aún.

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La atención sanitaria

El covid retrató de forma descarnada el tipo de atención médica que reciben las personas que viven en residencias. Si los había, los médicos y enfermeras de los centros atendían a esos pacientes. No había apenas interlocución con la atención primaria y lo demostraba, por ejemplo, que los centros no tenían acceso al historial médico compartido. Los grupos políticos del Parlament pidieron un cambio de rumbo urgente y, según Montse Solé miembro de la Sociedad Catalana de Geriatria y Gerontología de la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya, está empezando a ser realidad. "Prácticamente todos los centros ya tienen el historial médico compartido y se han creado unidades de coordinación con la atención primaria para atender los casos de coronavirus. El problema es que esto no puede quedar solo aquí, hay que extenderlo a todos los pacientes vulnerables y con todas las patologías: residencias, centros de día, centros de salud mental y cuidados a domicilio", insiste.

Esta semana, el Govern ha dado un primer paso. Crear una Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, que ahora está debatiendo cómo cambiar el sistema en el que se atiende, a nivel médico y sanitario, a los pacientes que viven en centros sociales y que tienen elevados grados de enfermedades crónicas. "Nosotros estamos esperanzados, es un primer paso de algo que hacía ya 10 años que habíamos identificado que había que hacer", explica Solé.

Cuidar al personal

Otro de los grandes dramas que destapó la pandemia fue la enorme falta de personal. La sociedad catalana calcula que entre el 60% y el 90% de los geriátricos necesitan enfermeras. El Parlament exigió contratar 1.000 cuidadores, ante la falta de personal que ocurre cada vez que hay una ola. No ha pasado. Tampoco han subido sus sueldos, que rozan el salario mínimo, ni se han aumentado las ratios de personal, otras de las peticiones crónicas que acordaron todos los partidos. "Hay que dignificar la atención a los mayores, y cuidar a los que cuidan", añade Solé.

Más inspecciones

Otra de las demandas que sigue sin ser una realidad es el aumento de inspectores de la Generalitat para determinar negligencias o incumplimientos de los gestores de los geriátricos. En la mayoría de plazas son empresas privadas que reciben dinero público por gestionar plazas públicas. En 2021, los inspectores de Drets Socials visitaron 955 residencias públicas, el 89% del total. Impusieron 106 multas y se intervinieron 29 centros.

También siguen sin publicarse las inspecciones y las multas impuestas. "Estos documentos debería ser públicos, las familias merecen poder escoger residencias para sus mayores con toda la información", ha subrayado el diputado socialista Raúl Moreno.

Tampoco se ha cumplido aún con la promesa de deshacerse de los 'macrocentros' de geriátricos y optar por centros más pequeños y arraigados al barrio o al pueblo. Ni es una realidad el aumento de horas de Servicio de Atención de la Dependencia a Domicilio para que las familias no tengan que contratar cuidadores privados y puedan acceder al servicio público de forma integral. El Parlament, además, planteó un aumento del 15% en inversión a los cuidados a mayores. Antes de hacerlo, la Generalitat quiere un informe para saber en qué se gastan el dinero los centros. Sigue el atasco. Pero se acecha una ola demográfica sin precedentes.

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