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Once años para juzgar el 'caso Macedonia' de narcotráfico y corrupción policial

El juez Joaquín Aguirre, en el centro con gafas, en uno de los registros del ’caso Macedonia’.

El juez Joaquín Aguirre, en el centro con gafas, en uno de los registros del ’caso Macedonia’. / Efe/Alejandro García

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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Once años después de que estallar la investigación sobre una presunta trama de trafico de drogas y corrupción policial, el denominado ‘caso Macedonia’, que llenó páginas y páginas en la prensa, llega por fin a juicio. En la Audiencia de Barcelona ha empezado este miércoles la vista contra 17 imputados, entre ellos un mosso, José R., destinado en la comisaría de Vilanova. La fiscalía reclama para los imputados penas de entre los cuatro y los 11 años de prisión, aunque cinco de ellos se han conformado con penas menores.

La acusación pública sostiene que en el “entramado criminal” creado para la distribución de droga era destacable la facilidad de los acusados “para relacionarse con miembros de las fuerzas y cuerpos policiales”, que añadían a su conducta delictiva un “plus de peligrosidad” al poder desarrollarla con mayor eficacia, “sin temor a ser descubiertos”, y con impunidad, “al ser dificultosa su identificación y detención”. La red, a su entender, presuntamente estaba encabezaba por el confidente Manuel G. C. Precisamente el abogado de este empresario ha solicitado de nuevo (ya se rechazó) la declaración del excomisario José Manuel Villarejo, un expolicía y un exjefe de la UDEF por un audio en el que se planeaba desacreditar a este imputado.

La 'operación Macedonia' se inició a finales del 2010. Durante las pesquisas dirigidas por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre se han abierto una decena de procesos. En algunos de ellos, que fueron archivados o terminaron en una absolución, se vieron involucrados mandos de los Mossos, policías nacionales y guardias civiles. También hubieron algunas condenas de otros implicados. Ahora llega a juicio una de esas piezas, la que trata de una presunta organización de tráfico de cocaína, marihuana y hachís. El supuesto cabecilla, Manuel G. C., obtuvo entre el 2003 y el 2010 ingresos que pueden alcanzar los 2,4 millones de euros, según la fiscalía.

El caso puso sobre la mesa la delgada línea roja en la que se mueven las relaciones de los policías con sus confidentes, y colocó en el alambre la labor antidroga -en algunos casos muy meritoria- de las fuerzas de seguridad del Estado. En la causa judicial figuran conversaciones entre confidentes en las que se citan agentes policiales, funcionarios de prisiones, juristas, políticos y periodistas.

Contactos con agentes

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La acusación pública sostiene que los 17 imputados, de “forma estructurada, jerarquizada y con un determinado reparto de funciones”, se dedicaron, junto con otras personas no identificadas, a la adquisición, adulteración, dosificación y venta de droga. La trama tuvo un alcance “mucho mayor” por la red de contactos que tenían, sobre todo entre las fuerzas de seguridad del Estado, y la “profesionalización en la ejecución del delito”.

En su escrito, el ministerio público precisa que durante la investigación sí se comprobó la “facilidad” de la organización para contactar con agentes "no identificados", lo que hacía que las medidas de seguridad adoptadas, como el cambio constante de móviles, “impidiera” la vigilancia y el seguimientos de los investigadores. En este sentido, la fiscalía detalla que Manuel G. fue confidente de miembros “preminentes” de cuerpos policiales.