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OPERACIÓN MACEDONIA

La fiscalía pide 11 años de cárcel para un mosso por ayudar a unos narcos

La acusación pública destaca la relación de la banda con los diferentes cuerpos policiales

Sostiene que el cabecilla, un conocido confidente policial, obtuvo unos 2,4 millones de euros

J. G. Albalat

El juez Joaquín Aguirre, en el centro con gafas, en uno de los registros del ’caso Macedonia’.

El juez Joaquín Aguirre, en el centro con gafas, en uno de los registros del ’caso Macedonia’.

En el “entramado criminal” creado para la distribución de droga era destacable la facilidad de los acusados “para relacionarse con miembros de las fuerzas y cuerpos policiales”, que añadían a su conducta delictiva un “plus de peligrosidad” al poder desarrollarla con mayor eficacia, “sin temor a ser descubiertos”, y con impunidad, “al ser dificultosa su identificación y detención”. Así funcionaba la red presuntamente encabezada por el confidente policial Manuel G. C. y que contaba con la estrecha colaboración del mosso José R., destinado en la comisaría de Vilanova i la Geltrú, según detalla la fiscalía en su escrito de acusación. Los 17 imputados se enfrentan a penas que oscilan entre los  cuatro y los 11 años de prisión.

La 'operación Macedonia’ se inició a finales del 2010. Durante las pesquisas dirigidas por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre se han abierto una decena de procesos. En algunos de ellos, que fueron archivados o terminaron en una absolución, se vieron involucrados mandos de los Mossos, policías nacionales y guardias civiles. Otras causas acabaron en condena o están en curso. La fiscala Ana Gil ha presentado ahora su escrito de acusación por una de esas piezas, la que trata de una presunta organización de tráfico de cocaína, marihuana y hachís. El supuesto cabecilla, Manuel G. C., obtuvo entre el 2003 y el 2010 ingresos que pueden alcanzar los 2,4 millones de euros.

La acusación pública sostiene que los 17 imputados, de “forma estructurada, jerarquizada y con un determinado reparto de funciones”, se dedicaron, junto con otras personas no identificadas, a la adquisición, adulteración, dosificación y venta de droga. La trama extendió esta labor más allá de los años 2009 y 2010, a los que se ciñe el escrito, y tuvo un alcance “mucho mayor” por la red de contactos que tenían, sobre todo entre las fuerzas de seguridad del Estado, y la “profesionalización en la ejecución del delito”. Esta última “actividad ilícita” no se ha podido concretar, "a pesar de los esfuerzos de las autoridades judiciales y policiales”, indica la fiscalía. Pero sí se comprobó la “facilidad” de la organización para contactar con agentes "no identificados", lo que hacía que las medidas de seguridad adoptadas, como el cambio constante de móviles, “impidiera” la vigilancia y el seguimientos de los investigadores.

En la cúspide, sin tocar la droga

Manuel G. C., “en la cúspide del entramado criminal” y para quien se reclaman 11 años de cárcel, mantenía “la autoridad sobre el desarrollo” de la actividad de narcotráfico, aunque no tuvo, en ningún momento, contacto “directo ni indirecto” con la droga, al entender de la fiscala. Subraya, en cambio, que “financiaba la adquisición de la cocaína”, la cual era distribuida, adulterada y preparada para la venta. Este acusado se relacionaba “única y exclusivamente” con otros imputados situados “bajo él en la estructura delictiva”, a quienes “sometía a un estricto control”. Estos subordinados “no solo rendían cuentas ante él”, sino que “también le hacían entrega de las cantidades adeudadas y del porcentaje económico” de los beneficios de la supuesta actividad ilegal, a la vez que hacían tareas domésticas, como hacerle de chofer. Manuel G. fue confidente de miembros “preminentes” de cuerpos policiales.

Un papel “fundamental”, según la fiscalía, desempeñó el subinspector de los Mossos de Vilanova i la Geltrú, Juan R, que se enfrenta a una pena de 11 años de cárcel. El acusado, “infringiendo los deberes generales a su cargo de sometimiento a la ley”, realizó a petición de los presuntos narcos averiguaciones en bases de datos confidenciales, les facilitó información extraída de las mismas e intentó interceder por ellos ante sus compañeros del cuerpo en caso de detenciones o sanciones administrativas. Todo ello, “con pleno conocimiento” de la actividad ilícita de la banda. A cambio, percibía unos 1.000 euros al mes, entre otras prebendas. En ocasiones, entregaba datos que facilitaban la identificación de otros narcos que interferían en el negocio, lo que suponía “represalias violentas” contra ellos.