Una batalla política

¿Qué dice la 'ley Celaá' sobre el catalán en las aulas?

  • La norma obliga a que los estudiantes "alcancen pleno dominio" del catalán y el castellano al finalizar la secundaria

Alumnos de un colegio de Barcelona, en clase.

Alumnos de un colegio de Barcelona, en clase. / Ferran Nadeu

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Olga Pereda
Olga Pereda

Periodista

Especialista en educación y crianza.

Escribe desde Madrid

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La actual ley educativa -Lomloe, conocida como ‘ley Celaá’ por el apellido de la anterior ministra socialista de Educación- obliga a los alumnos y alumnas a conocer perfectamente el catalán y el castellano cuando terminen la etapa secundaria obligatoria. No es ninguna novedad. Es algo que sucede en las aulas de Catalunya, la realidad del día a día.

La norma, sin embargo, lo que sí hace es convertir la inmersión -con el catalán como lengua vehicular- en un “modelo flexible y compensado”, como explicaba, en su día, Isabel Celaá. Es decir, los estudiantes tienen que ser competentes en los dos idiomas. Si el profesorado detecta lagunas en alguna de las dos lenguas (sea la que sea), el alumno deberá tener refuerzo en clase para superarla.

El artículo concreto fue fruto de un acuerdo parlamentario en noviembre de 2020 entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC que buscaba blindar la inmersión lingüística en Catalunya, un método que evita la segregación social y que los partidos de la derecha siempre han intentado torpedear, incluso con ingeniería legislativa.

La 'ley Celaá' (la octava norma educativa de la democracia) no menciona al castellano como lengua vehicular. Ni una sola ley educativa lo ha hecho. La única que lo hizo fue la Lomce, más conocida por el apellido del ministro del PP que la impulsó y que emprendió una guerra al catalán, José Ignacio Wert.

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La 'ley Celaá' insta a las administraciones educativas a garantizar el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”.

La Lomce, mientras, señalaba que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”.