Pandemia del coronavirus

Coser mascarillas por 80 céntimos la hora

Una empresa de uniformes escolares llevaba a Claudia las telas en una furgoneta dos veces por semana para que las confeccionara en jornadas interminables

Claudia García, en su casa, con una de las telas para confeccionar mascarillas que la empresa nunca recogió. 

Claudia García, en su casa, con una de las telas para confeccionar mascarillas que la empresa nunca recogió.  / GERMÁN CABALLERO

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Gonzalo Sánchez

Cuando todo el mundo estaba confinado por la pandemia del coronavirus, una furgoneta paraba en casa de Claudia dos veces por semana. Abría las puertas, entregaba una bolsa de tela verde oscura, y se iba. Y Claudia empezaba a coser. «Me levantaba pronto, a las 8 estaba en la máquina junto a mi madre (de 88 años), a la una alguien cocinaba, comíamos en la máquina y seguíamos hasta la madrugada». Le pagaban 20 céntimos por mascarilla, que suele tardar 15 minutos en confeccionarse. En total, 80 céntimos la hora. La furgoneta paraba en casa de Claudia, recogía las mascarillas, le pagaba en negro y se iba.

Esa fue la vida de Claudia García Giraldo durante un mes. «Es un trabajo de esclavitud, tenías que estar más de una hora para hacer un euro», dice. Era (y es hoy) una empresa de uniformes escolares, pero que en pandemia se reinventó para confeccionar mascarillas, la que le empleaba. «Estas empresas hicieron el agosto, por la miseria que nos pagaban y el precio al que vendían», denuncia Claudia. «Estando en casa, sin trabajo, decidí hacerlo, pero era más la luz que gastaba, el rodamiento de la máquina y mi tiempo y el de mi madre que el dinero que podía ganar». Dice que aguantó por las falsas promesas de un posible contrato. No ocurrió.

No las conoce, pero está segura de que había más mujeres haciendo ese trabajo. «Sé que cosían más chicas porque cada vez que llegaba la furgoneta iba cargada de muchas bolsas como la mía», recuerda. Cada lunes y cada jueves las veía. «Empleaban seguro a muchas mujeres, se aprovechaban de la pandemia, de que había poco trabajo y estábamos en casa», asegura.

Al final, después de un mes de jornadas laborales interminables, acabaron por deberle 64 euros y un montón de tela que nunca pasaron a recoger, además de mascarillas ya hechas. «Me dejaron eso en casa por no pagarme». Sesenta y cuatro euros, en total 320 mascarillas, 80 horas de trabajo.

Revictimizar

Pero la historia de Claudia no empieza ni acaba con las mascarillas, ella es mucho más que eso y pide que no la revictimicen. «Muchas personas tienden a pensar que como llegamos de otro país y estamos necesitadas tenemos que someternos a todo lo que se les ocurra, a condiciones de miseria, da igual lo que seamos», cuenta.

Ella es, antes que trabajadora precaria, una defensora de derechos humanos que tuvo que exiliarse de Colombia por las amenazas de los paramilitares, que asesinaron a su hermano buscándola a ella.

Es desplazada interna desde los 18 años, cuando el estado expropió su casa familiar para regalarla a empresas extractoras en Tolima, cuando se descubrió que es una de las regiones con más yacimientos de oro de todo el país. Plantó cara y fue perseguida por los paramilitares, hasta el punto de tener que huir con su madre y sus hijos en siete ocasiones, desplazándose por toda Colombia.

Regentaba una empresa de costura, con 27 máquinas y 20 empleadas. Además ejercía el activismo ayudando a empoderarse a muchas mujeres colombianas de las zonas rurales para no dejar el camino fácil a las guerrillas y evitar que sus hijos cumplieran con el servicio militar obligatorio a los 18 años, con el peligro de acabar engrosando las filas paramilitares en un país con un conflicto interno cronificado. Por este motivo llegó a ser secuestrada. «Una consigna que siempre repetía a estas mujeres es que nosotras no parimos hijos para que vayan a la guerra», explica García.

En definitiva, Claudia se puso en la diana, y aún más cuando llevó su lucha al Congreso de la República de Colombia, ganando cierto reconocimiento político en su país. Cuando asesinaron a su hermano en 2011 comenzó a preparar su llegada a España. Vino en 2012 gracias a un programa de la organización Amnistía Internacional para defensoras de derechos humanos.

Un año después, la Convención Colombiana de Juristas se pronunció en contra de su vuelta al país, debido a que su vida peligraba si retornaba. Fue entonces cuando le concedieron el estatus de refugiada política.

Trapo y fregona

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Desembarcó en España y se puso a limpiar casas. No le quedaba alternativa. Como trabajadora doméstica llegó a estar cuatro meses interna en una casa, con el permiso para salir a ver a su hija solo el sábado por la tarde para volver el domingo a media mañana. El resto del tiempo, encerrada cuidando de una persona mayor dependiente. «Mi liderazgo político quedó escondido en la fregona y el trapo de limpiar», lamenta.

Va por temporadas, pero ahora mismo busca trabajo, ha llegado a emplearse en la industria velera y en varias empresas de costura, su oficio. Cuenta que «lo de que los refugiados somos privilegiados y tenemos de todo es una enorme mentira, yo no quiero que me regalen nada ni vivir de ayudas, solo tener un trabajo de ocho horas para vivir tranquila».

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