Los socios del Gobierno piden dejar fuera de la ley 'sí es sí' las medidas sobre prostitución

Los principales socios del Gobierno piden al Ejecutivo que retire los artículos referentes a la prostitución de la ley ‘sólo sí es sí’. ERC, Junts y al CUP han registrado este miércoles una enmienda conjunta al proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, para eliminar de la misma el artículo que recupera la llamada tercería locativa, que penaliza a quien alquile locales y viviendas para lucrarse de quien ejerce la prostitución, aún con el consentimiento de la persona que se prostituye.

Para estas formaciones, una norma destinada a prevenir las agresiones sexuales no puede tratar “sólo parcialmente” un tema “complejo” como es la prostitución. Además, los grupos catalanes sostienen que la tercería locativa puede “agravar” la situación de muchas mujeres al impedir que “accedan a espacios que les garanticen seguridad”, perpetuando “situaciones de vulnerabilidad”.

Las claves del debate entre Podemos y los 'comunes' sobre la prostitución

A su vez, el PNV, que aún no ha registrado sus enmiendas, también se ha mostrado a favor de que este tema quede fuera de la ley 'solo sí es sí'. "No me parece serio meter de ladillo" la prostitución porque es un asunto "que requiere un profundo debate", ha avisado este miércoles el peneuvista Joseba Agirretxea en una comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso.

Estos partidos coinciden con la postura de En Comú Podem, que también ha pedido retirar los artículos referidos a la tercería, dado que en Unidas Podemos no hay una posición unitaria sobre cómo afrontar la prostitución. La federación catalana es regulacionista o pro derechos mientras que otras facciones del partido son abolicionistas, entre ellos la propia ministra de Igualdad.

Diferencias con el PSOE

También se ha posicionado claramente a favor de la abolición el PSOE en su último congreso. Si bien, el Ministerio de Igualdad ha avisado de que no ve posible aprobar una ley integral contra la prostitución en los dos años que restan de legislatura, de ahí que haya apostado por recuperar la tercería locativa en la ley ‘sólo sí es sí’, para intentar acabar con la impunidad con la que ejercen muchos proxenetas por una vía más rápida que con una ley específica. Asimismo, Montero apuesta por reformar la ley de extranjería, para que las víctimas de la trata puedan denunciar a su explotador sin miedo a ser expulsadas de España. 

"Yo no pretendo resolver el debate" sobre abolición versus regulación, que es un debate histórico en el feminismo, ha argumentado la ministra. "Pretendo proteger los derechos de las mujeres y perseguir a la industria", ha añadido, además de mostrarse dispuesta a "negociar" lo que haga falta para llegar a un consenso, que se prevé difícil ante las divergencias en el propio Gobierno, en Unidas Podemos y con los principales socios de legislatura.

Ley de extranjería

Al mismo tiempo, la ministra ha aprovechado su comparecencia para reclamar el apoyo a una amplia reforma de la ley de extranjería que permita acceder a una situación administrativa regular a las prostitutas que carecen de 'papeles', pero también a las víctimas de trata con fines laborales para trabajar en los hogares o en el campo. 

Además, en una larga comparecencia, ha propuesto que los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI sean blindados en la Constitución. "Un país feminista debe tener una Constitución feminista", ha argumentado, además de señalar que como hay una "mayoría social" que quiere avanzar en la igualdad, "es el momento de reflexionar si ese consenso social y político debe tener una traducción normativa constitucional".

Ley del aborto

Por otro lado, Montero ha avanzado que se reformará la ley integral contra la violencia de género, con el fin de institucionalizar el pacto de Estado contra esta lacra, que en un inicio se acordó por cinco años, plazo que finaliza el año próximo.

Y en la reforma de la ley del aborto, que el Ministerio está elaborando, se abordará el duelo perinatal, después de que muchas familias que pierden a un bebé deseado se quejen de la falta de apoyos. Asimismo, esta reforma está encaminada a llevar a cabo una nueva regulación de la objeción de conciencia que permita realizar más interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos y nuevos protocolos para evitar la llamada violencia obstétrica.