NUEVAS ANOMALÍAS

Caso Serveis Socials: El consorcio eludió justificar 100 millones durante dos años

  • La nueva gerencia se encontró con que los ejercicios 2015 y 2016 no estaban cerrados, ni habían sido aprobados por el máximo organismo de dirección

  • No se han hallado los expedientes físicos de contrataciones anteriores al 2014, por lo que no se puede valorar el alcance de las irregularidades

Centro de menores de Llimoners, en Barcelona.

Centro de menores de Llimoners, en Barcelona. / Zowy Voeten

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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Las cuentas del Consorci de Serveis Socials de Barcelona se aprueban cada año por el Consejo de Gobierno, órgano en el que está representada la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, no siempre ha ocurrido. Los balances económicos de los años 2015 y 2016, con un presupuesto de 50 millones cada uno, no fueron aprobados por el consejo de gobierno de la entidad, participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, hasta dos años después, con Joan Uribe de gerente, según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes del ente de atención social. “Esos años todavía no se habían cerrado”, indicaron, algo totalmente inhabitual. En el 2015 y 2016, el gerente era Josep Pera (CiU) y el organismo estaba presidido por las 'conselleres' Neus Munté y Dolors Bassa.

Esta situación se produjo al año siguiente de que la Sindicatura de Comptes desveló que el consorcio había tramitado la mayoría de contratos de servicios sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública por valor de 20 millones de euros. Al año siguiente, 2015, la Intervención General de la Generalitat, órgano fiscalizador de la Administración autonómica, constó que se seguía incumpliendo la normativa de negociación de contratos, a la vez que descubrió el pago de sobresueldos no justificados. Precisamente este año, las cuentas no pasaron por el máximo órgano de dirección de la entidad.

Tampoco lo hicieron en el 2016, año en que no consta ninguna auditoría de la Intervenció General. El consorcio únicamente ha publicado esta semana en su página web, tras la llamada de este diario, un informe privado donde se detalla las actividades de esta entidad. No entra en valorar aspectos como las contrataciones, ni los sobresueldos, que la Intervención General vuelven a sacar de nuevo en su informe del 2017. Precisamente en este último dictamen se expresan otras anomalías: “no se dispone de manuales de circuito de caja en que se determine el uso de efectivo y el control” y “se ejecutó un gasto por importe de 957,840 euros para el que no de disponía de crédito".

Fuentes de la actual dirección del consorcio sostienen, además, que no existen los "expedientes físicos" de contrataciones anteriores al 2014, por lo que es imposible conocer el alcance de la situación irregular desde su creación, en el 2006.

Recomendaciones incumplidas

No todas las recomendaciones de la Sindicatura y la Intervenció para subsanar las irregularidades detectadas se han implementado en la actualidad, según expone un informe sobre el seguimiento de las medidas propuesta de 7 de junio pasado. Aunque la situación ha mejorado en los últimos años, este análisis refleja que todavía queda camino por recorrer. El sindicato CGT, que ha analizado los dictámenes, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Oficina Antifrau de Catalunya

Los auditores de la Intervenció sostienen que el consorcio “ha dado cumplimiento” a 25 de las 56 recomendaciones sobre las “incidencias” establecidas en el informe del control financiero del consorcio del ejercicio 2019. Es decir, la mitad de las medidas. “Quedan pendientes de resolver el resto de incidencias, que siguen el calendario previsto”, destacan. Advierten que las correcciones que, según la entidad, han sido implementadas y en las que no se ha aportado documentación acreditativa “serán objeto de comprobación en futuros controles” y que queda pendiente “el resarcimiento de cantidades percibidas o justificadas indebidamente". Fuentes del consorcio aseguraron que a partir del pasado junio remitieron a la Intervenció “evidencias” de rectificaciones ya consumadas y que próximamente se comunicarán otras más.

Entre los incumplimientos señalados este informe definitivo de la Intervenció se encuentra la aprobación de instrucciones de control de los saldos de caja (recomienda hacer arqueos periódicos), hasta establecer procedimientos de control interno para evitar pagos antes del registro de la obligación correspondiente, pasando por otras cuestiones de índole contable y de las retribuciones de los empleados del consorcio. Entre las mejoras, destaca un nuevo sistema informático para evitar fraccionamientos de contratos menores o la drástica reducción de los contratos de publicidad. Según fuentes del consorcio, actualmente solo hay un contrato hecho sin publicidad y está justificado debidamente.

Bolsa de trabajos

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La contratación del personal laboral y su selección es otro de los puntos a mejorar. Los expedientes de contratación de empleados temporales no siempre incluyen la documentación que establece la normativa del Gobierno catalán, a la vez que la Intervenció recomienda que su selección se realice a través de la creación de bolsas de trabajo que cumplan con los principios de “igualdad, mérito y capacidad y publicidad”. La CGT, precisamente, denuncia que tras solicitar primero el sindicato y después el comité de empresa la documentación administrativa de los cursos de promoción de la mayoría de los jefes de mando, la entidad les contestó “que no dispone de las valoraciones concretas de esta selección”. Fuentes del consorcio subrayan que se está negociando el funcionamiento de esta bolsa de trabajo.

Las auditorias de entre el año 2014 y el 2019 desvelaban, además, la contratación irregular para la gestión de servicios. En su informe sobre el seguimiento de las recomendaciones, el órgano fiscalizador de la Generalitat insiste en algunas correcciones. De esta manera, aconseja que el plazo inicial de la licitación de contratos de servicios sociales “se ajusten a las necesidades reales de la prestación” y que también se establezca “un sistema de acreditación y homologación” de empresas. Pero, además, insta a que en la composición de las mesas de contratación figure un miembro que ostente el control económico y presupuestario del consorcio y que en los expedientes de prórrogas de servicio se incluya todos documentos legalmente fijados (el consorcio se compromete a hacerlo en el 2022).