La PAH da un paso al frente y registra en el Congreso su propuesta de 'ley vivienda'

Unidas Podemos defiende su "coherencia política" al impulsar la ley de vivienda que promueven los grupos de vivienda y los sindicatos mayoritarios
La propuesta se registra, según sus impulsores, "frente al inmovilismo de un PSOE que prometió su aprobación en febrero y que también ha incumplido la regulación del alquiler"

Concentración de los movimientos en defensa de la vivienda frente al Congreso de los Diputados, este jueves. / Eduardo Parra/Europa Press

La PAH y el Sindicato de Inquilinas han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, más conocida como 'ley vivienda', una normativa "elaborada por la ciudadanía en un ejercicio de defensa propia ante la sistemática vulneración de este Derecho por parte de los poderes públicos en nuestro país", subrayan desde los movimientos sociales. "Esta propuesta de Ley ha sido elaborada por organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años trabajando sobre el terreno la problemática de la vivienda ante la falta soluciones y la escasez de recursos por parte de la administración pública, y cuenta con el respaldo de más de 120 organizaciones de todos los ámbitos: sociales, sindicales, juveniles y de pensionistas", han subrayado esta mañana los portavoces de las principales asociaciones en defensa de la vivienda en la escalinata del congreso.

Para su registro, los movimientos sociales han contado con el apoyo de los partidos políticos Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG, que han comprometido con sus firmas el apoyo tanto a esta ley, como a las medidas que contiene.

La elaboración y el registro de la ley de Garantía del Derecho a la Vivienda se da, según exponen sus impulsores, "frente al inmovilismo de un PSOE que prometió la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para el pasado mes de febrero y que también ha incumplido su compromiso con la sociedad y con sus socios de gobierno de regular el alquiler e impedir los desahucios; un compromiso que le permitió aprobar los presupuestos 2021." Pese a esa premisa, desde la PAH y el Sindicato de Inquilinos insisten en subrayar que "esta ley no surge de un conflicto entre socios, sino de un conflicto social que enfrenta a poderosos lobbies financieros e inmobiliarios que ven en la vivienda una forma de especulación y enriquecimiento, con el resto de la sociedad: en los primeros seis meses de 2021 llevamos acumulados 22.532 desahucios a pesar de las medidas especiales de protección por la pandemia confirmando el carácter sistémico de la emergencia habitacional que sufrimos en España".

La propuesta de ley registrada este jueves se estructura en nueve títulos, con un total de 94 artículos, en los que se establecen las bases para hacer efectivo el derecho a la vivienda. En materia de desahucios, la ley prohíbe los desahucios a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado, y obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el desahucio. Se prohíben expresamente los desahucios con fecha abierta y se legislan diferentes medidas para evitar el sobreendeudamiento, como son la dación en pago y se limita la responsabilidad al bien hipotecado incluyendo mayor efectividad a una segunda oportunidad y lograr dejar atrás la ley hipotecaria injusta que se ha llevado por delante el sueño de miles de familias y de sus avalistas.

En materia de alquileres, la otra gran asignatura pendiente, la ley presentada implementa una regulación de los alquileres flexible en base a un índice de mercado con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población. Así mismo, la renovación automática y obligatoria de los contratos de arrendamiento siempre y cuando el inquilino haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no precise de la vivienda para disfrute propio o de un familiar. Los honorarios, serán siempre a cargo de la parte arrendataria.

Los apoyos

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha indicado en rueda de prensa que uno de sus objetivos en política es "ser vehículos de las demandas ciudadanas" y, una vez que estos colectivos les pidieron apoyo para presentar la proposición de ley que han elaborado con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, se ofrecieron como "puente" para hacer llegar su texto al Congreso. "Es un ejercicio de absoluta coherencia política", ha trasladado a los medios de comunicación cuando se le ha cuestionado sobre si su apoyo a esta norma casa con la negociación sobre la nueva ley de vivienda en el seno del Gobierno.

Castañón también ha dicho, preguntada sobre la vinculación de la regulación del alquiler y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que Unidas Podemos negocia de "manera incesante" sobre una cuestión "clave", en la que son "contundentes y transparentes". También confía en que sean capaces de llegar a un consenso sobre la reforma fiscal en las cuentas públicas y poder fijar de un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el impuesto de Sociedades.

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Para la diputada de la formación morada, sus socios de gobierno "van entendiendo" sus argumentos y ha recalcado que, como pasó como la subida del salario mínimo y las medidas para bajar el precio de la luz, también van cambiando de parecer sobre vivienda y fiscalidad.

Previamente, el PSOE ha manifestado que no ve "línea de choque" ni "ningún tipo de dificultad añadida" en que su socio de coalición junto con otros socios de Gobierno impulsen la ley de los sindicatos, pues cree que "puede complementar" la futura Ley de Vivienda en la que trabaja el Gobierno.