Entra en vigor la nueva normativa

Batalla campal por el lobo ibérico: cuatro autonomías recurren ante el juez la orden del Gobierno

  • Cruce de denuncias entre administraciones, ecologistas, ganaderos y cazadores tras quedar prohibida la caza y los controles de población

Batalla campal por el lobo ibérico: cuatro autonomías recurren ante el juez la orden del Gobierno
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Ramón Díaz

Batalla campal total en torno al lobo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La primera consecuencia es que ya no se pueden cazar lobos. La segunda que, en teoría, quedan fuera de ley todos los planes y programas de gestión autonómicos, entre ellos, por ejemplo, el Plan del Lobo de Asturias. Tampoco podrá haber controles de población. El Gobierno del Principado ya ha anunciado que recurrirá la orden ministerial en los juzgados, al considerar que es “innecesaria y precipitada” y que invade sus competencias. También lo harán los Ejecutivos de Galicia, Cantabria y Castilla y León. Las cuatro comunidades del Noroeste, que suman el 95% de la población de lobo ibérico, pedirán la suspensión cautelar de la orden ministerial.

El cambio en el estatus del lobo, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado, ha desatado la caja de los truenos. Porque, a las denuncias de los Gobiernos autonómicos, se unen, en sentido contrario, las de los ecologistas. El colectivo que impulsó la protección de la especie en toda España, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, impugnará en los tribunales todos los planes de gestión autonómicos y solicitará la suspensión cautelarísima de su aplicación para impedir "que se sigan matando lobos". Ya presentó este martes la demanda contra el plan castellano-leonés. Y entre miércoles y jueves hará lo propio con los de Asturias, Galicia y Cantabria.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, resaltó que la orden ministerial cuenta con los parabienes del Consejo de Estado, cuyo dictamen ha ratificado que “cumple escrupulosamente con las atribuciones competenciales de las diferentes administraciones y con los requisitos de participación”. Añadió que el objetivo es ahora diseñar una estrategia estatal que garantice la "coexistencia" de la especie y las actividades que se desarrollan en el medio rural. Anunció un paquete presupuestario y de personal para asumir parte del peso que hasta ahora han soportado las comunidades autónomas en la gestión del lobo, “y que no sea el ganadero el que tenga que soportar sobre sus espaldas el coste de la gestión de la especie, sino el conjunto de la sociedad”.

La protección del lobo en toda España ha recibido un frontal rechazo de los partidos políticos de centroderecha, los ganaderos y los cazadores, y ha merecido el aplauso de los partidos de izquierdas y las organizaciones ecologistas, aunque la aspiración de ASCEL es que el lobo sea incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, lo que garantizaría una protección superior. "Seguiremos peleando para conseguirlo", anunció Ignacio Martínez, presidente de ASCEL. Este colectivo valoró la inclusión de todos los lobos de España en el Lespre como “un avance para todos, hacia una sociedad más civilizada y sostenible”.

Requisitos

La orden ministerial condiciona la extracción o captura de un lobo a que se cumplan varios requisitos. Primero, que “no exista otra solución satisfactoria; esto es, cuando se hayan aplicado adecuadamente por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas o de protección del ganado, y estas hayan resultado ineficaces”. Segundo que se justifique “que la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie”. Y tercero, que se justifique “la existencia de perjuicios importantes para el ganado”.

Además, las medidas deberán ser "selectivas": solo podrá actuarse contra ejemplares que provoquen daños “recurrentes o significativos”; han de realizarse “en un tiempo lo más próximo posible al perjuicio y lo más cercano a las explotaciones afectadas”, y debe haber “un seguimiento de la efectividad de las actuaciones de extracción”. Finalmente, los gobiernos autonómicos deberán comunicar al Ministerio las autorizaciones administrativas concedidas para extraer o capturar lobos. Esto significa en la práctica que ya no se podrán realizar controles de población como hasta ahora, pues las comunidades se limitaban a señalar cuántos lobos se podían eliminar en cada temporada, antes de que se produjeran los daños y de saber qué ejemplares los habían provocado.

El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, anunció un recurso judicial y una petición al Ministerio para que explique con detalle cómo influye la orden ministerial al Plan de Gestión del Lobo de Asturias, porque provoca “incertidumbre jurídica”. Calvo cree que la decisión del departamento que encabeza Teresa Ribera es “un error”, que perjudicará tanto ala ganadería extensiva como al lobo. Añadió que si se confirma que ya no podrá aplicarse el Plan del Lobo se podría trasladar al Ministerio “parte de la responsabilidad que ahora asume el Gobierno del Principado”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, manifestó su apoyo a la decisión de Teresa Ribera, pero advirtió que los ganaderos sienten “miedo”. Resaltó que habrá medidas de compensación a los ganaderos “frente a los ataques de los grandes depredadores”.

Los cazadores y los ganaderos, por su lado, denuncian que la ministra Teresa Ribera y los ecologistas “imponen su plan pese a la oposición del mundo rural”, cuyo futuro ahora “corre peligro”. Auguran el final de la ganadería extensiva allí donde haya lobos. La Federación Española de Caza ha anunciado que recurrirá la orden ministerial ante la Audiencia Nacional.

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Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA calificaron la medida de “urbanita e irresponsable” y acusaron al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos lamentó que la protección del lobo se haga a costa del “ninguneo” de los productores y “sin consenso”. Y Plataforma Ganader@ subrayó que es un “capricho caciquil” de Teresa Ribera.

El diputado del PP Javier Brea acusó al Gobierno de haber cumplido “sus peores amenazas”, al protagonizar “un ataque sin precedentes y “el mayor atentado contra el medio rural y su forma de vida”. Auguró que la protección del lobo también perjudicará a esa especie. Unidas Podemos, por el contrario, calificó “magnífica noticia” la protección de “nuestra especie más emblemática”, pese a los “obstáculos y presiones del lobby ganadero, a través del PP y de Vox”. Ecologistas en Acción destacó que la persecución del lobo pasa a ser “un delito tipificado en Código Penal, con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar de dos a cuatro años”, añadió.