Trabas administrativas
Al menos 1.500 inmigrantes han sido excluidos de la sanidad en pandemia
El Gobierno sigue sin eliminar las barreras que dejan fuera del sistema a muchos migrantes en situación irregular y que no pueden demostrar 90 días de estancia en España
Patricia Martín
Periodista
Escribo en la sección de Sociedad, normalmente sobre temas sanitarios, de mujeres, violencia machista, infancia o consumo; aunque también he trabajado en otras secciones de El Periódico, como Política o Tribunales. Mi trayectoria profesional comenzó en medios locales, incluida una emisora regional de la 'Cadena Ser', y trabajé también para 'El País' y 'Cinco Días'.
Una de las primeras medidas impulsadas por el primer Gobierno de Pedro Sánchez fue revertir la reforma sanitaria del PP y devolver el acceso al sistema de salud a los inmigrantes, allá por el 2018. Sin embargo, tres años después, sigue habiendo personas en situación administrativa irregular en España que, o bien no son atendidos, o bien si tienen una urgencia grave se les presta atención pero después se les exige que paguen el gasto efectuado. Según las denuncias llegadas a Médicos del Mundo, sólo durante la pandemia, se han producido 1.500 casos de vulneración del derecho, entre los que se incluyen 44 embarazadas, 90 menores, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas y 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad en la legislación. Y muchas de estas personas tienen enfermedades tan graves como cáncer, dolencias cardiovasculares, hipertensión, VIH y problemas de salud mental.
Esta exclusiones se producen porque el decreto que recuperó la sanidad universal "supuso un paso adelante porque reconoció el derecho a la salud en igualdad de condiciones" pero en la práctica "no se ha llegado a esa realidad" porque la legislación contiene requisitos difíciles de cumplir para los migrantes en situación administrativa irregular, según explica Eva Aguilera, coordinadora de incidencia política de Médicos del Mundo, quien ha participado este lunes en la presentación de la campaña 'Sanidad sin peros', que busca concienciar de a la sociedad de este problema.
El principal impedimento es que para acceder a la sanidad hay que demostrar que se lleva 90 días en España y para ello no vale con mostrar un billete de avión, sino que la mayoría de las autonomías les exige estar empadronados y para eso se requiere, normalmente, una vivienda estable pese a que muchos inmigrantes, en sus primeros días en el país, deambulan de un lugar a otro, al igual que muchos de los colectivos que trabajan en las campañas agrícolas. Este requisito se introdujo para evitar el turismo sanitario, una de las excusas que usó el PP para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, lo que afectó, solo en el 2012, cuando entró en vigor la norma, a unas 800.000 personas y provocó un aumento del 15% de la mortalidad en este colectivo.
Proyecto de ley
Además, el sistema actual deja sin cobertura a grupos de personas vulnerables como las que llegan en procesos de reagrupación familiar y no ampara a menores y embarazadas, como sí hacía la legislación del PP.
Ante este panorama, representantes de las más de 300 organizaciones civiles y sanitarias que conforman la red REDER se han concentrado este lunes a las puertas del Ministerio de Sanidad para pedir al Gobierno que tramite “de una vez por todas” y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley que acabe con las exclusiones, que en muchos casos implican también quedarse fuera de la campaña de vacunación.
Médicos del Mundo ha documentado más de un centenar de personas que han tenido que esperar semanas o aún siguen sin cita para el pinchazo contra el covid y estas cifras, al igual que la de los excluidos del sistema sanitario, pueden ser sólo la punta del iceberg puesto que no todos los afectados acuden a las oenegés.
Lo más paradójico de la situación es que el Gobierno ha reconocido, en diversas ocasiones, la necesidad de buscar una solución y, para ello, en octubre del año pasado inició la consulta pública de una ley que, según ha informado a la UE, no prevé llevar al Consejo de Ministros hasta final de año, lo que puede demorar su aprobación definitiva al menos otro año.
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