El Gobierno basará su recurso contra la ley de alquileres en el Consell de Garanties Estatutàries

El organismo concluyó el pasado agosto que buena parte de la norma no casaba con la Constitución y el Estatut
El Ejecutivo central impugnará el martes el texto catalán y pedirá su suspensión hasta que los magistrados resuelvan

Una vivienda en alquiler en el centro de Barcelona

El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley catalana de alquiler, adelantado el jueves por este diario, ya no tiene vuelta atrás. Se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, explican fuentes del Ejecutivo. En la Moncloa, sin embargo, rechazan que la impugnación se deba a motivos ideológicos, o a un deseo de limitar sin más la capacidad de acción de la Generalitat. De hecho, las mismas fuentes explican que el recurso se basará en su mayor parte en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

En agosto del pasado año, a raíz de una petición del PP y Ciutadans, el organismo que vela porque las normas del Parlament se ajusten al Estatut y la Constitución emitió un informe contra la norma catalana, que fija topes en los alquileres. Por unanimidad, el dictamen, que no es vinculante, concluyó que una buena parte de su contenido era incompatible con ambas leyes fundamentales. Lo que hará ahora el Gobierno central es calcar prácticamente ese escrito para argumentar ante el TC que la norma, que con la misma presentación del recurso quedará suspendida, debe ser declarada nula.

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Al mismo tiempo, continúan las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para alumbrar una norma estatal sobre los alquileres. Si fuese aprobada, sustituiría a la ley catalana. Pero nada, según fuentes de la parte socialista de la coalición, hace prever que el acuerdo vaya a ser inminente. Las posiciones siguen enconadas, con Podemos siendo partidario de limitar los precios y el PSOE rechazando una medida de este tipo.

La invasión de competencias

En su dictamen, el Consell, formado por juristas propuestos por partidos independentistas y no independentistas, señaló que la norma catalana era contraria al Estatut y la Constitución, por invasión de competencias. La Generalitat, en cambio, siempre ha argumentado que no existía tal vulneración, al basarse en el Código Civil catalán. En concreto, el informe del organismo concluye que 11 de los 15 artículos y 7 de las 14 disposiciones de la ley no tienen amparo ni en la Carta Magna ni en el Estatut. El Consell observó incompatibilidades en los artículos que permiten calcular rentas iniciales, precios de referencia y reparto de gastos, entre otros. A esto se agarrará el Ejecutivo en su recurso, que ya ha despertado una fuerte controversia en Catalunya, con el Sindicat de Llogateres organizando movilizaciones en contra de la impugnación. Los aliados tradicionales del Gobierno en el Congreso, y también Unidas Podemos, ya han anunciado que no comparten la decisión de recurrir.