Las claves del choque entre PSOE y Podemos por la ley trans

  • La autodeterminación de género es la principal discrepancia entre los socios de la coalición

  • Los socialistas abogan que el anteproyecto solo recoge el planteamiento morado y que seguirán trabajando en él

Carmen Calvo e Irene Montero.

Carmen Calvo e Irene Montero. / JOSÉ LUIS ROCA

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

Periodista

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El Gobierno de coalición, acostumbrado a los roces internos y haciendo de los debates en público la tónica habitual, ha encontrado su siguiente reto: alcanzar un acuerdo en torno a la ley trans. PSOE y Unidas Podemos llevan meses arrastrando diferencias en torno a la creación de una nueva normativa que regula la situación de las personas trans. La diferencia principal entre ambos socios es la autodeterminación de género. Pero, ¿qué implica eso?, ¿qué defienden socialistas y morados?, ¿se pondrán de acuerdo?.

¿Qué plantea Unidas Podemos?

La 'podemista' Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad, aboga por la autodeterminación de género: que cualquier persona tenga el derecho "al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada". Es decir, que aquella persona que lo desee pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil, así como en todos sus documentos identificativos, sin necesidad de informe ni tratamiento médico y solo con su "declaración expresa".

El PSOE rechaza de plano esta idea. Los socialistas, en un argumentario difundido en junio, rechazan "los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos".

¿Y los socialistas?

El planteamiento del PSOE, abanderado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, es que para que una persona pueda cambiar su sexo en el registro civil y que esto tenga "efectos jurídicos plenos" se tiene que dar una "situación estable de transexualidad" debidamente acreditada. A este respecto, en el texto difundido el pasado verano hacen referencia a la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Esta norma estipula que las personas que quieran cambiar su sexo deberán haber sido diagnosticadas de disforia de género (una discordancia entre la identidad de género y el sexo físico) o haber sido "tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado". A este respecto, los morados alegan que hay que caminar hacia la despatologización de la transexualidad. Es decir, que no resulte necesario un informe médico para proceder al cambio de sexo.

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¿A qué se debe esta diferencia?

El conflicto entre PSOE y Unidas Podemos reside en la diferencia entre sexo y género. En el documento de los socialista se detalla que "el sexo es un hecho biológico", mientras que el género "es la construcción social" que rodea al sexo (roles sociales y culturales, tareas, estereotipos…). Por lo tanto, los socialistas establecen que la identidad no debe basarse en torno al género con el que uno se identifica, pues este supondría validar una "categoría que lleva implícita la opresión, la desigualdad y la subordinación de las mujeres respecto de los hombres”. 

"Si el género sustituye al sexo se desdibuja la situación de desigualdad estructural de las mujeres respecto a los hombres”, insisten los socialistas antes de resumir que "si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y se construye en base a este hecho biológico". 


¿Cuáles son los siguientes pasos?

Calvo y Montero, las negociadoras de ambos partidos, tienen la labor de aterrizar este debate en la futura ley trans. En el sector morado del Gobierno apuesta por llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros la próxima semana. Sin embargo, fuentes socialistas destacan que el texto redactado por el Ministerio de Igualdad solo recoge los planteamientos de Podemos y que "le faltan aun varios trámites", como los informes de otros ministerios como Sanidad o Justicia para completarlo, informa Juan Ruiz. Este proceso, el habitual en la tramitación de cualquier ley, pretende dar a la legislación la mayor "calidad normativa y seguridad jurídica", insisten en el PSOE.