Justícia denuncia a la fiscalía a cuatro funcionarios de prisiones por malos tratos a un interno

La Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia ha denunciado ante la fiscalía un presunto caso de malos tratos por parte de cuatro funcionarios del centro penitenciario de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), dos del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) y dos jefes de servicio. Todos los indicios apuntan a que los jefes de servicio autorizaron y presenciaron un registro integral  de un registro y su inmovilización, ambos actos injustificados, a cargo de los otros dos funcionarios implicados.

Tras estos hechos, el interno fue trasladado al Centro Penitenciario Mas d'Enric, en Tarragona. En el reconocimiento médico preceptivo, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Estambul para la prevención de la tortura, el facultativo de la cárcel tarragonense diagnosticó que el preso tenía varias fracturas costales y traumatismos en el tronco y lo comunicó a la dirección para que actuase en consecuencia. Por indicación de los servicios médicos, el interno ingresó en el Hospital de Terrassa del tres al nueve de octubre. 

El registro integral, la inmovilización y la conducción a Mas de Enric tuvieron lugar el pasado dos de octubre, según ha informado la Conselleria de Justícia. La fuentes consultadas han asegurado a este diario que el interno fue trasladado desde su celda por los funcionarios implicados al habitáculo donde se realizan los registros integrales y donde no hay cámaras de seguridad para salvaguardar la intimidad de los presos. Las cámaras de los pasillos de Lledoners si que captaron las imágenes del traslado. Las grabaciones han sido entregadas a la fiscalía que, ahora, deberá decidir si ejerce acciones penales contra los funcionarios.

El Servicio de Inspección de la Secretaria de Mesures Penals, además, ha abierto una información reservada para documentar los acontecido en la cárcel de Lledoners y proponer las medidas disciplinarias correspondientes. A la espera de las posibles consecuencias penales, como medida cautelar, los jefes de servicio que autorizaron el registro integral y la inmovilización han quedado cautelarmente suspendidos de empleo, para impedir que puedan interferir en la investigación.

Faltas muy graves

Al margen de las medidas judiciales que se han adoptado, la investigación del Servicio de Inspección aclarará si efectivamente se han producido unas faltas que serían muy graves y que podrían conllevar para los cuatro funcionarios sanciones que van desde la suspensión de funciones por un período de hasta seis años, el traslado forzoso o la separación definitiva del servicio.

La Secretaria de Mesures Penals recuerda en un comunicado el deber de respetar la presunción de inocencia y reafirma el compromiso de los profesionales de la ejecución penal en Catalunya con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Asimismo, advierte que actuará con la máxima contundencia contra las actitudes que atenten contra el prestigio de los servicios penitenciarios de la Generalitat.