Un juez decreta el aislamiento forzoso de una mujer con covid en Galicia

Aislada en su casa por orden judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vigo acaba de emitir un auto sin precedentes en el que por primera vez esta sala ratifica el “aislamiento forzoso” de una septuagenaria en su domicilio para evitar el riesgo de contagio a otras personas y pese a que “no conste” una voluntad “deliberadamente rebelde” por parte de la mujer al cumplimiento de la medida del confinamiento.

La medida fue instada por Sanidade ya que la viguesa, tras haber estado en contacto estrecho con su hija que sí dio positivo es covid, no esperó a recibir los resultado de la PCR que se le realizó y abandonó su domicilio –acudiendo incluso a un centro de salud para vacunarse de la gripe– en lugar de permanecer en él los diez días de cuarentena. Además, alegan desde Sanidade, se procedió a llamar a la mujer a su domicilio para cerciorarse de su estancia domiciliaria “sin obtener respuesta”. Así, la Dirección Xeral de Saúde Pública acordó el pasado 6 de noviembre el aislamiento obligatorio, medida que acaba de ser ratificada judicialmente de urgencia por el magistrado vigués.

Actualmente, las restricciones y órdenes vigentes no contemplan una medida de confinamiento domiciliario, por lo que gana interés comprobar si la limitación de un derecho fundamental es proporcional o no. Para la sala de lo Contencioso número 1, en este caso “no ofrece ninguna dificultad advertir la existencia de un riesgo importante de transmisión comunitaria y un riesgo para la salud pública”. Y es que tal y como se recoge en el protocolo de la Consellería de Sanidade, la falta de cumplimiento voluntario del aislamiento o cuarentena supone un “riesgo para la salud de terceras personas” a la vez que dificulta “el control de la propagación” de la enfermedad. Las multas que se contemplan oscilan entre los 3.000 y 120.000 euros así como el auxilio de efectivos policiales para el cumplimiento de la medida.

Pero estas circunstancias también obligan a la imposición de una serie de medidas de vigilancia y protección para la mujer, de 75 años, diabética y con patologías varias. Por un lado, el juzgado dicta que la autoridad sanitaria debe velar de que las diferentes dolencias que padece esta vecina “son adecuadamente tratadas” durante el aislamiento. Además ordena la evaluación clínica de la paciente, esto es que se le realice una PCR o test para comprobar que continúa afectada por el covid-19 cada cuatro días. También libra el magistrado un oficio al Concello de Vigo, concretamente a la Concejalía de Política Social para que “evalúe e implemente la red de apoyo asistencial adecuada” durante el tiempo que se prolongue el aislamiento.

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