Violencia institucional contra la infancia más vulnerable

Puñetazos en la cara y en la cabeza, patadas en el estómago, pisotones en el cuello, empujones, golpes con porras, mordeduras, insultos y vejaciones.  Fundación Raíces -organización sin ánimo de lucro que lleva 20 años protegiendo a la infancia más vulnerable- ha publicado un demoledor informe que visibiliza la violencia que relatan algunos niños y niñas acogidos en centros de protección de menores, supuestamente ejercida por el personal de seguridad, el equipo educativo y agentes de Fuerzas y Cuerpos del Estado.  'Violencia institucional en el sistema de protección a la infancia' (que se centra en Madrid, donde Raíces tiene su sede) se basa en los testimonios de esos menores. "Sus relatos nos resultan verosímiles. Hemos podido comprobar directamente su miedo y su frustración. Su ansiedad y su nerviosismo. Les hemos acompañado a los servicios sanitarios, hemos visto en sus cuerpos las marcas y las heridas, hemos recibido el testimonio de testigos y también tenemos vídeos y fotos", explican los responsables de Raíces.

Entre 2016 y junio de 2020, la fundación ha atendido a 537 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos por parte de distintas administraciones públicas españolas. Ese clima es un caldo de cultivo para los casos más extremos: las agresiones físicas o piscológicas. El informe explica que, en ese período de tiempo, 55 niños, niñas y adolescentes han asegurado haber sufrido agresiones mientras permanecían bajo el sistema de protección de menores de la comunidad de Madrid. En la mayoría de los casos, a manos de los vigilantes de seguridad. Los propios chavales han acudido a la fundación en busca de protección y auxilio y, en otras ocasiones, Raíces ha recibido la llamada anónima de algún trabajador del centro. Se trata de niños y niñas de entre 12 y 17 años, la mayoría varones que han llegado solos a España nacionales de Marruecos. En un porcentaje inferior también los hay de Guinea, Argelia, Gambia, República Dominicana y Camerún. Los casos de niñas constituyen solo un 5% del total. Entre ellas hay varias españolas, como una menor que estaba embarazada y que, al acudir en ayuda de otro compañero que esta siendo golpeado, recibió la patada de un educador. Tras varios sangrados, la niña -M.I., de 16 años- sufrió un abortó.   

Estrés, ansiedad y baja autoestima

"Nos preocupa mucho las consecuencias derivadas de ese maltrato en su salud física, psicológica y en su integración social, especialmente en un periódico de desarrollo vital clave como el de la infancia y la adolescencia", explica la presidenta de Raíces, Lourdes Reyzábal. Entre las secuelas más relevantes están el estrés, la ansiedad, la baja autoestima y la normalización de la violencia. Mientras, las lesiones físicas más comunes son heridas, vómitos, fracturas y perforación de tímpano. "Las autoridades competentes en materia de infancia no han dado a la violencia institucional la importancia que merece. Expone a los niños y niñas a una mayor criminalización por parte de la sociedad", concluye Reyzábal.

Medidas

Fundación Raíces reclama a las instituciones una serie de medidas para combatir la violencia institucional contra la infancia. Además de garantizar que el modelo educativo se base en el respeto a los niños, exige evitar la presencia de vigilantes de seguridad y, en todo caso, limitar su intervención a la seguridad del acceso a los centro de menores. Dotar al sistema de protección de los recursos necesarios, reforzar los mecanismos externos de prevención de la violencia institucional como la Fiscalía y el Defensor del Pueblo y establecer mecanismos de denuncia y procesos judiciales posteriores seguros, eficaces, confidenciales y adaptados y accesibles a la infancia.

Suscríbete para seguir leyendo