La ley de bebés robados vuelve al Congreso

Una vez superada la peor fase de la crisis sanitaria, el Gobierno y las Cortes retoman poco a poco su actividad legislativa, con disposiciones nuevas y otras que se quedaron en el tintero debido al adelanto electoral. Entre ellas, la <strong>ley de bebés robados</strong>, que fue admitida por unanimidad a trámite por el Congreso el 20 de noviembre del 2018 pero no llegó a aprobarse. Ante ello, la Cámara baja ha debatido esta tarde, de nuevo, su toma en consideración, que ha salido adelante apoyada por todos los grupos salvo Vox. Con 296 a favor, 54 en contra y ninguna abstención, la Cámara Baja ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de bebés robados. 

“Queda un proceso largo pero como la mayoría de partidos ha mostrado su disposición a trabajar y llega al principio de la legislatura, confiamos en que esta vez sí llegue a aprobarse”, explica Soledad Luque, presidenta de la asociación 'Todos los niños robados son también mis niños', impulsora de la iniciativa dentro de la 'Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina'.

Cambio de paradigma

De llegar al boletín oficial del estado, la norma cambiaría completamente el paradigma actual, en el que las familias buscan por su cuenta a los bebés robados o estos a sus progenitores, con escaso éxito debido a la dificultad de acceso a la documentación necesaria, el tiempo transcurrido o la falta de bancos de adn. Tampoco se ha conseguido enjuiciar a los presuntos promotores del robo de bebés durante el franquismo y la transición, dado que de las 2.134 diligencias de investigación iniciadas por la fiscalía, sólo 516 han continuado la instrucción, el resto se ha archivado, mayoritariamente por la prescripción de los delitos. Y de las 516, tan sólo una ha llegado a juicio, donde fue declarado responsable del robo de una recién nacida en 1969 el fallecido doctor <strong>Eduardo Vela</strong>, quien sin embargo fue absuelto por prescribir el delito.

Frente a ello, la ley establece que sea el Estado el que asuma la búsqueda activa de los bebés robados y su identidad. “No serían las víctimas, como hasta ahora, las que tienen que hacer de detectives”, explica Luque. Asimismo, crea una fiscalía y unidades de policía especializadas y los delitos serían considerados de lesa humanidad y, por tanto, no prescribirían, acabando con la disparidad de criterios que los tribunales aplican en la actualidad.

Otra de sus disposiciones obligará a las administraciones públicas y a la Iglesia católica a abrir sus archivos, lo que podría ser útil a los juzgados, a la hora de investigar, o a cualquier ciudadano interesado y que quiera acceder por su cuenta.

Todos contra Vox

Durante el debate en el hemiciclo, Vox se ha opuesto a la admisión a trámite con el argumento de que la «trama» de los bebés robados es una «campaña» promovida por el juez Baltasar Garzón «para sentar al franquismo en el banquillo». En su opinión, no existió tal red, sino el mismo tráfico de niños que existe en todas las épocas y que hay que combatir con leyes y no con «dogmas de fe». El resto de grupos criticó a Vox y consideró necesaria la ley porque durante el franquismo «hubo más robos que adopciones debido a la red formada entre hospitales, iglesia e instituciones que daban niños a quien los podía pagar, un crimen de lesa humanidad», según expuso Gabriel Rufián (ERC).