La jueza del 8-M pide a Ayuso y Almeida datos sobre eventos en Madrid entre el 5 y el 8 marzo

La jueza del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto, a instancias de la Abogacía del Estado, una nueva línea de investigación en el procedimiento en el que está imputado el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, al reclamar a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital información sobre "los eventos colectivos o masivos públicos o privados" que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo "con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias".

En una providencia, fechada el pasado 9 de junio, la jueza se dirige a ambas instituciones en busca de información "sobre los eventos deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros que se celebraron en esos días en lugares públicos o privados". También se interesa por su aforo, fecha de realización y si se cancelaron por el covid.

El delegado del Gobierno madrileño niega que hubiera elementos para prohibir el 8-M

Les da de plazo hasta este jueves, día 11, en el que continúa con las declaraciones de testigos. Los ocho primeros testigos, cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno y tres convocantes de manifestaciones en días cercanos a la fecha de la marcha feminista, ratificaron ante la magistrada lo declarado ante la Guardia Civil, informa Europa Press. Los primeros señalaron que telefonearon a convocantes de movilizaciones posteriores al 8 de marzo para pedirles que anularan los actos por la situación sanitaria, mientras que los segundos lo confirmaron.

Tras la declaración de Franco

La magistrada, acostumbrada a imprimir un ritmo frenético a sus instrucciones como hizo con el 'caso Máster' del expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ha respondido a la solicitud de la Abogacía del Estado en un párrafo de una providencia. El resto de párrafos se refieren con distinta suerte a distintas peticiones de partes.

Esa rapidez mostrada por la magistrada, que no respetó ni la suspensión de los plazos procesales, copa gran parte del último recurso interpuesto por la fiscalía después de que el único imputado declarara ante ella. Franco aseguró que no había elemento alguno en ese momento para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, como la marcha feminista, cuando en Madrid se estaban celebrando otras concentraciones que no gozaban de semejante protección.  

Como ya había hecho la Abogacía del Estado, la fiscalía dirige su última impugnación a la Audiencia Provincial de Madrid con la esperanza de que archive la investigación.