El Gobierno toma el control de los centros privados que realizan test y regulará los precios

En medio de una escasez generalizada de pruebas diagnósticas, muchas personas que tienen dinero suficiente para pagar entre 150 y 400 euros pueden realizarse un test para saber si tienen o no coronavirus en laboratorios privados. Para frenar esta situación, evitar abusos y tener conocimiento de los resultados positivos también en las clínicas privadas, el Gobierno publicó este martes en el BOE una orden ministerial por la que pone a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios privados y públicos de diagnóstico clínico.

La orden impide que se hagan las pruebas a personas que simplemente tienen dudas, al señalar que se realicen por prescripción de un facultativo “de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitarias competente”. Además, todos los centros, con independencia de su titularidad, deberán notificar a las autonomías los casos de Covid-19 confirmados gracias a estas pruebas. Cabe recordar que la OMS aconseja realizar el mayor número de pruebas posible para conocer el grado real de la extensión de la epidemia, pero en España sólo se realizan a personas con síntomas graves o a colectivos específicos.

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"Personas que más lo requieran"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha argumentado que la disposición tiene como objetivo que “asegurar que todos los recursos del sistema trabajan en la misma dirección, siguiendo criterios de equidad y cohesión” y que son usados “en aquellas personas que más lo requieren”. “Lo han pedido algunas comunidades porque en las últimas semanas hemos observado situaciones que han aconsejado clarificarlo”, ha precisado.

A su vez, el director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, que volvió este martes a las comparecencias diarias después de recuperarse de una infección de coronavirus, señaló que el objetivo de la orden es, en primer lugar, “garantizar que los resultados se conocen” y, en segundo término, evitar que se hagan test PCR, “en un periodo de escasez”, cuando la probabilidad de resultado negativo es alta. “Las PCR tienen poca eficiencia en personas asintomáticas que no tiene un cuadro clínico o una exposición al virus” que aconsejen realizarla, precisó.

La disposición establece además la “posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de estas pruebas, con el objetivo de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio”. Por último, fija la obligación de que las clínicas o laboratorios que adquieran material “lo pongan en conocimiento de la autoridad sanitaria competente, con la indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso”.

Esta norma, que estará en vigor mientras dure el decreto de alarma, complementa a la orden emitida a mediados de marzo y por la que los hospitales privados se pusieron a órdenes de las comunidades y se obligó a estos centros y a las empresas a informar de sus existencias de material sanitario necesario para combatir el coronavirus.