23 sep 2020

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MEDIDA DE PREVENCIÓN

El arzobispo de Granada prohíbe a sus curas quedarse a solas con menores

La diócesis aprueba un protocolo para evitar "situaciones ambiguas" y abusos sexuales

El decreto establece además los pasos a seguir para detectar y denunciar a los agresores

Julia Camacho

Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada.

Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada. / EFE / JAVIER LIZÓN

Prohibido quedarse a solas mucho tiempo con un menor con la puerta cerrada, siquiera en la sacristía. Prohibido entrar en vestuarios, baños o duchas si no es acompañado de otro adulto. Prohibido compartir habitación de hotel o tienda de campaña, subir a un menor a solas en un coche, o incluso pedirle que guarde un secreto. El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, acaba de hacer público un protocolo de prevención y actuación para evitar posibles abusos sexuales a menores en la Iglesia como el caso Romanones, que hace unos años sentó en el banquillo al cura Román M. tras la denuncia de una supuesta víctima. El sacerdote resultó absuelto finalmente, pero la gestión del caso que hizo el arzobispo quedó en entredicho tras conocerse que, desamparado, la víctima pidió auxilio al propio Papa Francisco y éste dio un toque de atención al responsable de la Diócesis, que acabó pidiendo perdón públicamente.

El documento, aprobado vía decreto de la Archidiócesis, estará en vigor al menos durante tres años, tiempo tras el cual pasará a ser definitivo “si no aparece legislación nueva, civil o canónica, y si no se viesen en él mejoras de especial urgencia o importancia”. “Quiero que todos los que actuamos en la archidiócesis y que tenemos trato con menores o con personas vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o a aliviar las heridas que siempre produce en las personas”, indica el documento. Incluye además un código de buenas prácticas para crear un ambiente sano, en el que por ejemplo que pide “respeto” a la hora de realizar muestras “físicas de afecto” y prohíbe establecer relaciones preferenciales con los alumnos o juegos que puedan tener una “connotación sexual”.

Evitar situaciones "ambiguas"

Según el Arzobispado, se entiende como abuso sexual “todo aquel atentado contra la libertad sexual de un menor o una persona vulnerable con el uso de violencia o intimidación, ya sea directo, indirecto”, además de incluir el “acoso, provocación y explotación sexual”. El decreto, inspirado en uno similar aprobado en Córdoba, busca evitar “situaciones ambiguas” y prevenir eventuales abusos sexuales a menores o personas vulnerables, detallando un cúmulo de escenarios a eludir y abogando incluso por poner puertas y cristales transparentes. Pero también establece los pasos a seguir “y actuar adecuadamente” ante una denuncia o una “fundada sospecha”, en caso de ser conocedor de una situación de abuso, además de fijar los posibles castigos.

Según señala el arzobispo Martínez, el texto trata de buscar una “leal colaboración” con las autoridades “competentes”, después de que muchas víctimas hayan reprochado la falta de colaboración con la excusa de la legislación religiosa. Eso sí, se considera al abusador una persona necesitada de ayuda y, como tal, se le “ofrecerá un apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual”, al tiempo que se “garantiza a los acusados el derecho a un juicio justo e imparcial”.

No obstante, y tras escándalos de traslados de los supuestos abusadores a otros destinos, el documento establece que la persona condenada “será removida de sus deberes”. “Si el presunto autor de los hechos es un clérigo o miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica, al recibirse la noticia, debe comunicarse sin demora al propio ordinario o al superior, iniciándose el protocolo de actuación para el caso de los clérigos”, abunda el texto.

Rehabilitar a las víctimas

Respecto a las víctimas y la reparación del daño sufrido, el arzobispado señala que se intentará “hacer todo lo posible para rehabilitar la buena reputación de los acusados injustamente”. Según se indica, tras escuchar el testimonio de una víctima, y “sin perjuicio del sigilo sacramental”, se buscará animar al menor o a la persona vulnerable a informar inmediatamente a sus padres, o hacerlo ellos mismos “sin dilación”. También se reclama “confidencialidad” y no hacer “ningún tipo de difusión, ni pública ni privada” de lo conocido.

El apartado dedicado a la detección de indicios de un posible caso texto recoge que hay “signos o indicadores evidentes”, como el embarazo o dolor en la zona genital, y otros indicadores de comportamiento, desde cambios en la conducta a lenguajes sexualizados, secretismo o exhibición de regalos. En cualquier caso, recomienda que sea un profesional preparado quien entreviste al menor, y concede que esa revelación del supuesto abuso es frecuente que se haga por vía indirecta, como dibujos o atribuyendo lo ocurrido a un tercero. “La revelación nos enfrenta crudamente a la realidad del menor y es insoslayable”, zanja.

Desde su entrada en vigor, tanto sacerdotes como laicos deberán firmar un “documento de responsabilidad personal” en el que afirmen “de forma expresa su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, afirmando que conocen la doctrina de la Iglesias y las leyes civiles sobre este tema. Y comprometiéndose a que, si llegan a cometer cualquier acto de abuso sexual, “lo harían engañando a la Iglesia, a las leyes civiles, siendo responsables única y exclusivamente de los actos que realicen”. En cualquier caso, el Arzobispado se compromete a crear una oficina para recibir posibles denuncias y una comisión de protección de menores y personas vulnerables, además de fomentar programas de formación específica.