02 jun 2020

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INICIATIVA ECOLOGISTA

Bruselas da luz verde a su plan para financiar la transición ecológica

El objetivo es movilizar un billón de euros durante la próxima década y apoyar a las regiones más afectadas con un mecanismo de transición justa

La Comisión Europea aspira a movilizar más de 100.000 millones para mitigiar el impacto socieconómico y financiar la reconversión

Silvia Martinez

Un grupo de turistas se cubren la boca con una máscara mientras visitan el Taj Mahal bajo una nuve de contaminación.

Un grupo de turistas se cubren la boca con una máscara mientras visitan el Taj Mahal bajo una nuve de contaminación. / AFP / PAWAN SHARMA

Bruselas mueve ficha para financiar el Pacto verde con el que transformar energética, económica y medioambientalmente la Unión Europea. El plan, propuesto este martes, aspira a movilizar “un mínimo de un billón de euros” en inversiones sostenibles durante la próxima década a partir del presupuesto de la UE, inversiones privadas y el Banco Europeo de Inversiones con el objetivo de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutral. 

Como elemento central del plan, un nuevo Mecanismo de Transición Justa concebido para apoyar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles e impedir que ninguna quede atrás. Se trata de un mecanismo diseñado para convencer a los países de Europa central y del este más reacios con la neutralidad de carbono en 2050, la gran prioridad de la Comisión Europea para impulsar la transformación energética, económica y medioambiental de la UE y que Polonia rechazó en la última cumbre pese al compromiso de von der Leyen de presentar una propuesta financiera en este arranque de año.

Este nuevo mecanismo permitirá generar al menos 100.000 millones de euros entre 2021-2027 través de tres vías. La primera, un fondo de transición justa dotado con 7.500 millones. Se trata del único “dinero fresco” (o nuevo) del plan. A este montante, se sumarán entre 30.000 y 50.000 millones de euros de los fondos estructurales y de cohesión, ya previstos, que se reorientarán hacia la transición ecológica para financiar proyectos de formación, creación de nuevas oportunidades económicas o inversiones en energías limpias en las regiones con más dificultades para hacer la transición como podrían ser la polaca Silesia o Asturias. 

El instrumento se completará con la movilización de 45.000 millones en inversiones privadas a través del programa Invest EU así como un mecanismo de préstamos al sector público del Banco Europeo de Inversiones respaldado por el presupuesto de la UE y que según los cálculos Bruselas podría movilizar entre 25.000 y 30.000 millones. La idea es canalizar préstamos para invertir, por ejemplo, en la renovación de edificios o redes de calefacción urbana.

"Pensar en verde"

Este mecanismo es parte de un plan inversor mucho mayor que aspira a crear un marco propicio para estimular la economía. “Tenemos que pensar en ‘verde’ cuando invertimos”, reivindica el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Porque “si hacemos todo lo que hemos decidido hoy crearemos un ambiente favorable que atraerá un gran flujo de inversiones privadas”, sostiene el comisario de economía, Paolo Gentiloni

Del billón de euros que Bruselas confía en movilizar durante la próxima década, 503.000 millones saldrán del presupuesto de la UE, otros 279.000 millones de inversiones público-privadas gracias al programa de inversiones InvestEU y 114.000 millones de la cofinanciación que aporten los Estados miembros a la que se sumarán los 100.000 millones del nuevo mecanismo de transición. Para poder optar a este mecanismo los Estados miembros tendrán que presentar planes territoriales de transición hasta 2030 que sean coherentes con sus planes de energía y clima nacionales. Estos planes tendrán que identificar los territorios más afectados que optan a las ayudas.

Según ha explicado la comisaria de cohesión, Elisa Ferreira, Bruselas tendrá en cuenta a la hora de asignar los recursos el esfuerzo que tienen que hacer las regiones carbón con industrias intensivas en emisiones y actividades de extracción o producción de carbón, petróleo de esquisto o turba, el impacto de posibles pérdidas de empleo generado por la pérdida de empleos y el nivel de riqueza de cada Estado. Según la organización ecologista Greenpeace, la asignación de fondos debería restringirse a los gobiernos que hayan puesto fecha para el fin de los combustibles fósiles y se comprometan a aumentar los objetivos climáticos.