La Generalitat aprueba una mejora del 1,3% en servicios de la dependencia

La Generalitat ha respondido al clamor de entidades sociales, sector empresarial y sindicatos, publicando el lunes pasado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una nueva orden de precios que, de media, mejora un 1,3% la financiación de las plazas de algunos servicios sociales. Entre ellas, residencias de personas con discapacidad o centros de día. Sin embargo, en varios servicios casos esta subida no revierte los recortes del 2012 y se sostiene con un aumento del copago, mientras que la aportación que hace el Govern se reduce a mínimos. Afers Socials afirma que el aumento de la aportación del usuario solo afectará al 5%, las rentas más altas, aunque algunas federaciones ya han mostrado su rechazo.

Desde el 2010, los tijeretazos que afrontan las entidades, o empresas, que gestionan servicios sociales no han dejado de crecer. El IPC, ha aumentado un 16% en Catalunya en este tiempo pero la aportación de la Generalitat no solo se ha congelado,  si no que se redujo un 3% después de los recortes del gobierno de Artur Mas en 2012.

Tras varias manifestaciones y denuncias del sector, Afers Socials publicó el lunes una nueva orden que actualiza el precio de 26 servicios sociales, de los 138 que existen. La aportación por cada usuario de los centros de día para personas mayores incrementan el coste en un 2,5% y los centros de día para discapacitados suben un 2,8%, ambos sevicios superan la aportación del 2010. Pero en las 16 tipologías de residencias o hogares de personas con discapacidad los precios suben solamente un 1,2%. De media, el alza es de 504 euros al mes por usuario. Debería llegar hasta los dos mil euros al mes para mejorar los costes fijados en 2010en todos los servicios. Se trata de un aumento "insuficiente" para muchas entidades gestoras, que confían en la "buena voluntad" para que las mejoras sean paulatinas en el tiempo. "Un primer paso", califican varias fuentes consultadas.

La cuestión del copago

Este pequeño aumento de la financiación se logra, principalmente, con una subida del precio fijo del copago, la aportación máxima que hacen los usuarios del servicio. De media crece casi un 30%, aunque se ceba sobretodo con los centros de día o las residencias de discapacidad física con necesidades de apoyo limitado, donde los aumentos superan el 40%. Y en cambio, la aportación mínima que el Govern hace sí o sí, el módulo social, cae en todos los casos. De media, el 45%. 

Rentas más altas

Fuentes de la Conselleria d’Afers Socials explican que este aumento del copago solo repercutirá en las rentas más altas, que suponen el 5% del total de usuarios. Y es que el propio sistema de copago amplía la aportación pública, que calculan que subirá para el 95% de usuarios con menos ingresos. El copago que pagan los usuarios de estos servicios se calcula en función de la renta, el patrimonio y las cargas que debe asumir la familia o el hogar. Si sus ingresos son iguales o más altos que la cifra que propone el Govern, estos usuarios tienen que asumir todo el coste. Si son más bajos, pagan en función del dinero del que disponen y después la Generalitat aporta el resto. Si no pueden asumir ninguna cantidad, el Govern se hace cargo de todo el servicio.

El argumento de la ONU

Varias entidades se han manifestado en contra de esta nueva orden de precios, debido al aumento del copago. Así, tanto DINCAT, que atiende personas con discapacidad intelectual, como COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat), sostienen que, de hecho, el copago no debería existir, y aún menos aumentar. Se apoyan en el informe que emitió este año la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que pide que el sistema de copago se elimine ya que en servicios básicos se debe garantizar el pleno acceso.

“No estamos contentos con esta orden, lo que nosotros reclamamos es que se elimine el copago, que no es justo que las personas con discapacidad tengan que asumir estos costes de los servicios públicos”, señala la gerente del COCARMI, Meritxell Queralt, que también considera que los aumentos planteados son “insuficientes”. “Estaremos atentos para ver si realmente solo repercute las rentas más altas”, añade.

Indignación en la UGT

Otro de los sindicatos que había pedido un cambio en las tarifas es la UGT. Solo así los trabajadores de estos servicios pueden plantear mejoras en sus sueldos. “Es indignante que el Govern no haya abierto una negociación formal”, replica la responsable de Acción Social de la UGT, Enriqueta Duran. Censura las formas, ya que las entidades solo han podido plantear alegaciones a través de un formulario en la web.

Ninguna mejora para los centros de menores

En la extensa cartera de los servicios sociales, figuran 15 que se encargan de cuidar y proteger a la infancia. Pero ninguno de ellos ve mejorada su financiación tras la nueva orden de precios. Tampoco los centros donde viven menores tutelados por la Administración. Unos servicios públicos, gestionados mayoritariamente por entidades sociales y cooperativas, que acumulan retrasos en los pagos de la Generalitat y cuya supervivencia pende de un hilo. Según ha podido saber este diario, en algunos casos los retrasos constan desde hace medio año. “Son los servicios que más están sufriendo, no entendemos por qué nadie plantea una mejora de los precios en ellos”, subrayan fuentes de La Confederació, la patronal que representa las entidades sociales.

De hecho, la negociación para mejorar los sueldos de los trabajadores de los centros de menores lleva meses estancada. Es un pez que se muerde de la cola. Si la Generalitat no mejora lo que paga a las entidades que se encargan de estos centros, estas no pueden aplicar ninguna mejora laboral. Y, mientras tanto, los educadores protestan por sus condiciones laborales, que –aseguran– afectan directamente a su salud.

Ya hay varias entidades de centros de menores que han tenido que solicitar créditos bancarios para poder financiar estos servicios. Y, en principio, la Generalitat no les va a devolver estas cantidades. "Estamos perdiendo dinero financiando servicios públicos", expuso hace apenas un mes la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Fedaia).  

Uno de los problemas de fondo es que, al incrementarse el número de centros de menores, las personas que se dedican a validar las facturas en la ‘conselleria’ no dan abasto. Y las facturas se pagan con retraso. Otro problema es que los centros de emergencia para menores inmigrantes no constan en la cartera de servicios sociales, y de esta manera se podrían quedar fuera de cualquier mejora generalizada aprobada para este sector.