12 jul 2020

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Los educadores alertan del mal estado de salud de los trabajadores de los centros de menores

Casi el 15% de estos profesionales ha estado de baja por estrés, depresión o ansiedad

Uno de cada cuatro educadores no es graduado pero está contratado como tal, según una encuesta hecha a 706 profesionales

Elisenda Colell

Un educador social (de blanco) habla con unos menores cerca de la parroquia de Santa Anna de Barcelona, el verano pasado.

Un educador social (de blanco) habla con unos menores cerca de la parroquia de Santa Anna de Barcelona, el verano pasado. / FERRAN NADEU

El Colegio de Educadores Sociales avisa del grave impacto en la salud mental que sufren los educadores que trabajan en el sistema de atención a niños y adolescentes tutelados. Un 15% de los educadores sociales ha estado de baja por estrés y el 68% afirma que su centro no ha evaluado nunca los riesgos psicosociales. Lo expusieron este viernes, en una jornada en Barcelona, donde dieron cuenta de los resultados de una encuesta hecha a 706 trabajadores del sistema de protección.

“Miedo, trabajamos con miedo”. Así de contundente fue el dictamen de Joan Dueñas, educador social y miembro del comité de ética del colegio profesional. Miedo a las agresiones. En lo que llevamos de año, y según datos del sindicato UGT, se han registrado 76 agresiones en los centros de menores que son de titularidad pública. Pero más del 80% de los centros que atienden los menores en riesgo no tienen, ni tan siquiera, un protocolo sobre agresiones que reciben de los niños y adolescentes que atienden. “La Generalitat nos dijo que lo teníamos que negociar con cada centro, esto es inasumible, y más teniendo en cuenta que hay algunas entidades que no permiten tener representación sindical”, sentenció Antonio Gutiérrez, representante sindical de la UGT. Según la encuesta del colegio, un 57% de los trabajadores ha estado de baja, y de ellos el 12% lo ha estadopor una agresión.

Pero otro de los riesgos a los que se exponen los educadores son, eminentemente, los que afectan a la salud mental. “Os recuerdo que la OMS ha catalogado el 'burnout', el síndrome del trabajador quemado, como una patología mental muy presente entre los educadores sociales”, avisó Susanna Rubiol, especialista en prevención de riesgos laborales. El 23% de los educadores encuestados que ha estado de baja lo ha hecho debido a estrés, depresión o ansiedad vivida, y a uno de cada 10 esta situación emocional le ha llevado a dejar el trabajo. “El problema está en que hay centros privados donde los directores prohiben a los trabajadores coger la baja, tenemos casos registrados que hemos denunciado al síndic de greuges”, aseguró Guitérrez. Los mismos trabajadores constatan que “nadie se jubila en la DGAIA”. Lo confirma la encuesta, que afirma que, de media, los educadores sociales tiene entre 26 y 30 años.

Otro dato que preocupa al colegio es la dignificación del sector. El 25% de los encuestados trabajan -y están contratados- como educadores, aunque no tienen la titulación ni están habilitados para ello. Otros datos que no gustan. Uno de cada tres afirma que su centro no cumple las ratios y la mitad de los encuestados afirman que su empresa no cumple el convenio de Acción Social. Un convenio que debía de ser negociado de nuevo, pero cuyas negociaciones están estancadas.

Más recursos

“Nosotros no podemos aumentar los sueldos si la Generalitat no aumenta los recursos que nos otorga”, afirmó el director de la Confederació del Tercer Sector, Joan Segarra. En general, la inversión que el Govern destina al tercer sector, en todos sus ámbitos, llevan 10 años congelados, mientras el IPC ha ido aumentando. Hecho que ha conllevado a las entidades y patronales a organizarse en una mesa unitaria. “Con esta situación no podemos aumentar los sueldos”, dijo Segarra. Quien también está de acuerdo en aumentar los sueldos, y por ende la aportación es la Generalitat. Así lo afirmó la directora general de Atención a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Ester Cabanes, que sustentó en la prórroga presupuestaria su incapacidad para aumentar sus pagos. “Necesitamos ir al Parlament y aprobar un aumento del presupuesto”. Según datos que expuso la directora, la DGAIA cubre el 60% de su gasto con fondos de contingencia por haber agotado el presupuesto.

La directora de la DGAIA afirmó, sin embargo, que hay motivos por la esperanza. Antes la Generalitat no podía pedir auditorías de los centros de menores, ahora sí, después de aprobar el nuevo sistema de pagos mediante las acreditaciones. Y explicó que, en el último año, tras recibir algunas denuncias han multado a algunos centros, incluso retirado la concesión del servicio. Aunque sí reconoció que la Administración debe “hacer más” para cumplir con los derechos de la infancia en riesgo y brindarles oportunidades “de verdad”.

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