Los padres de un joven fallecido por asfixia acusan al Summa de negligencia

Los padres de un joven de 23 años fallecido en enero del 2018 por asfixia tras sufrir un tromboembolismo pulmonar acusan al SUMMA 112 de no activar el protocolo adecuado, al no haber enviado una UVI móvil desde la primera llamada, y de falta de humanidad.

La familia ha iniciado una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública frente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), pero se está planteando recurrir a la vía penal después de haber recibido la semana pasada los audios de las cinco llamadas al 112 que fueron reclamados poco después de la muerte del joven, Aitor.

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Este jueves, en una rueda de prensa organizada por la Asociación el Defensor del Paciente, se ha escuchado la grabación de la primera llamada y se ha puesto a disposición de los medios de comunicación el resto de los audios, que tal y como ha advertido antes de la escucha el abogado de la familia, Carlos Sardinero, son "muy impactantes".

Audios incompletos

No obstante, los audios facilitados por el SUMMA 112 están incompletos, ya que excluyen conversaciones con los operadores del SUMMA que recaban los datos antes de pasar la llamada al médico, y que el abogado considera "muy importantes porque es el primer contacto en el que los padres explican coherentemente cuál es la situación de su hijo".

En el primer audio, la madre de Aitor, Carmen Ruiz, comunica al médico que ha oído cómo su hijo se caía y al acudir a verle se lo ha encontrado "con un sudor enorme" y que dice que no puede respirar. El médico pide a Carmen que le pase el teléfono a su hijo y ella le responde que él no puede hablar e insiste en que dice que no puede respirar.

Con rudeza, el médico insiste en que le pongan al chico al teléfono y este con dificultad le dice que se ahoga, a lo que el facultativo le responde que no le oye que se ahogue. Ante las preguntas del médico, Aitor responde: "No puedo, me ahogo".

El médico termina la llamada después de hablar con la madre a la que le dice que su hijo "respira perfectamente". "Irá un médico a verle pero él respira, venga, hasta luego, parece que está más bien tocado de algo, no sé... van a ir a verle, hasta ahora", concluye.

A 10 kilómetros del hospital

La primera llamada se produce a las 11.56 horas del 14 de enero de 2018, domingo, y la ambulancia llega a las 12.27 horas, según ha indicado el padre de Aitor, Bartolomé García. "Es lamentable que esta gente se permita el lujo de llegar cuando les da la gana", ha señalado, al tiempo que ha precisado que su domicilio se encuentra a 10 kilómetros del Hospital Rey Juan Carlos.

"Nos dejaron abandonados, todo por una persona que no atiende una llamada de emergencia, que no nos trata como es debido", ha manifestado García, quien cree que su hijo "posiblemente habría podido salir adelante" pero "no le dieron una oportunidad".

La madre ha señalado que su hijo entró en parada cardiorrespiratoria nada más colgar la primera llamada, tras la que se produce otra en el que el médico que responde, que según el abogado y la familia es otro diferente al de la primera, le da instrucciones al padre para hacer la RCP.

No obstante, entre las dos llamadas los padres de Aitor marcan el 112 y se corta, según ha explicado Ruiz, quien ha detallado que primero llegó la Guardia Civil, luego una ambulancia no medicalizada y al final una UVI móvil. Antes de llegar al hospital, Aitor sufre otras dos paradas y después queda ingresado en la UCI durante cinco días antes del fallecimiento. 

Emergencia en vez de urgencia

En declaraciones a Europa Press, Sardinero ha señalado que si desde el principio hubieran enviado una UVI móvil y hubieran considerado la atención como una "emergencia" en vez de una "urgencia", ya que se trataba de una "emergencia vital", se hubiera ganado "mucho tiempo". "Si le hubieran reanimado esa asfixia no hubiera producido el daño cerebral que le lleva al fallecimiento, por eso estamos reclamando", ha apostillado.

El abogado de Carmen y Bartolomé ha aclarado que no reclaman una indemnización, sino que se valore con justicia la realidad de los hechos que han ocurrido, ya que desde el SERMAS, asegura Sardinero, sostienen que la actuación fue ajustada al protocolo y las guías de actuación.

Asimismo, ha defendido que el médico de la primera llamada y el de la segunda no parece que sea el mismo, porque "el primero tiene acento y el segundo no". En cualquier caso, cree que la segunda actuación no elimina la primera, en la que "se han perdido 6 minutos y se ha colgado". "No evita la primera asistencia, que carece de toda humanidad".

Ayuso ve "falta de humanidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que se respetó el protocolo de emergencias del Summa 112, aunque ha afirmado que se produjo una "falta de humanidad" en el tratamiento al mismo.

Ayuso ha querido transmitir su "cariño y apoyo" a la familia del fallecido, aunque ha ensalzado la labor que realizan los profesionales de los servicios de emergencias madrileños, que ha explicado que pueden recibir más de cuatro millones de llamadas en el 112 y casi dos millones son para el Summa. 

Sin embargo, ha subrayado que le gustaría que se garantizara la "humanización y la atención personalizada" cuando se trata de unas emergencias sanitarias, ya que en las grabaciones que se han distribuido se muestra una "sensación de frialdad". Por otro lado, ha asegurado que la inspección médica ya está valorando la reclamación que ha efectuada la familia y se ha mostrado a disposición de la misma en lo que pueda colaborar. 

Diligencia y profesionalidad

Por su parte, el SUMMA 112 ha asegurado que sus profesionales actuaron "en todo momento con diligencia y profesionalidad", con conformidad a los protocolos y ha señalado que sus recursos móviles tuvieron unos tiempos de respuesta óptimos en el caso del joven de Navalcarnero fallecido.

El servicio de urgencias recuerda que el día en que se produjo la atención sanitaria, hace casi dos años, se produjeron dos llamadas en un intervalo de 8 minutos.  Las mismas fuentes recalcan que los síntomas aportados en la primera llamada apuntaban a un problema respiratorio sin signos de gravedad al inicio, siendo práctica habitual que el médico regulador (el que atiende desde el Centro Coordinador) solicite hablar directamente con el paciente para comprobar el tipo de respiración que presenta, lo que se hizo, mientras se movilizaba una Unidad de Atención Domiciliaria.

En la segunda llamada, la situación clínica "había cambiado" y ya se trató de una emergencia puesto que el chico no respiraba. Por ello, se movilizó una UVI móvil, un soporte vital avanzado para situaciones en las que existe un riesgo vital.

Luego, el equipo sanitario de la UVI móvil que se personó en el domicilio consiguió revertir la parada y trasladar con vida al paciente al Hospital Rey Juan Carlos, donde falleció después de una patología grave y de brusca aparición como para que no se pudiera hacer nada en los distintos estamentos sanitarios por salvar su vida.

Dos años sin denuncia

Por otro lado, exponen que estos hechos se produjeron en enero de 2018, hace casi dos años, y no han sido denunciados por la familia por la vía penal. "Lo que se está dirimiendo es una reclamación administrativa patrimonial, sin que se haya emitido resolución a día de hoy", añaden.

A su vez, el SUMMA 112 insiste en que la reproducción de estas llamadas referidas al caso no está autorizada, por contener audios con voces sin distorsionar de empleados públicos, por lo que la Asociación El Defensor del Paciente, y quien pueda hacerlo posteriormente, estaría "vulnerando la ley".

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que Inspección Sanitaria está "revisando las conversaciones" entre los padres del joven muerto por asfixia y el médico del SUMMA 112 que atendió la primera llamada de auxilio.

Protocolo cumplido

Ruiz Escudero ha indicado que ya hay un informe preliminar, en alusión al análisis que concluye que se siguió el protocolo y las guías de actuación establecidas. "Sentimos profundamente este hecho tan dramático", ha manifestado el consejero, quien ha apuntado que el abogado de la familia hizo una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Comunidad de Madrid y que la vía administrativa "sigue abierta".

Asimismo, ha insistido en que según la primera valoración de la inspección técnica "se cumplió con los protocolos", y ha aclarado que el médico cuya actuación se cuestiona sigue trabajando con normalidad.