Abogados y colectivos humanitarios denuncian un exceso de celo de policías y jueces en los altercados de Barcelona

La contención de los altercados en Catalunya por parte de policías, en primer lugar, y del sistema judicial, en segundo, preocupa a colectivos humanitarios como Iridia, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans o Alerta Solidaria, un tejido de abogados que asisten a los detenidos en los disturbios. Estas entidades detectan casos de maltrato policial y un exceso de dureza de fiscales y jueces contra manifestantes, en muchos casos, muy jóvenes. Iridia prepara una decena de querellas por abusos cometidos por cuerpos de seguridad. 

Los Mossos d'Esquadra van a revisar internamente quince casos susceptibles de mala praxis. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP), por su parte, no ha anunciado que vaya a revisar ninguno. El Ministerio de Interior, además, ha añadido que los agentes heridos –hay más de 200– serán condecorados. 

El celo policial

A pesar de que los antidisturbios catalanes han actuado en más ocasiones que los de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, estos segundos acumulan una cifra importante de actuaciones polémicas que, de momento, no se van a evaluar internamente. La de un vecino de Girona que pretendía apagar un fuego con un cubo de agua y fue violentamente reducido –su detención quedó sin efecto horas después cuando los familiares acudieron a la comisaría donde se encontraba para mostrarles vídeos– o la de un joven ya arrestado que al pasar entre furgones policiales se llevó una patada de un antidisturbios mientras lo sujetaban cuatro agentes, por ejemplo. Benet Salellas, abogado del vecino de Girona, subraya que tanto él como su cliente están a la espera de que les comuniquen si va a ser finalmente denunciado o no por un delito de desórdenes públicos. El abogado del joven agredido –su padre– lamentó en TV3 que, además de la patada, para ingresar preventivamente a su hijo en la cárcel bastó la versión de la policía. 

Fuentes policiales consultadas por este diario tanto de Mossos como del CNP niegan que determinadas actitudes de la UIP se deban a un interés particular en ser duros o represivos con los ciudadanos catalanes –tal como denuncian sectores independentistas– y que estas se deben al hecho de que se trata de antidisturbios desplazados desde localidades –como Vigo– en las que apenas hay incidentes graves de orden público. Es decir, no están acostumbrados a afrontar situaciones de tensión como las que la Brigada Mòbil de los Mossos, que tampoco está a salvo de polémicas, lleva años viviendo. Ello podría explicar, aunque no justificar, algunas situaciones de abusos de la UIP. Otras situaciones, sin embargo, no son explicables, como la agresión al joven ya detenido. Este y otros capítulos captados por medios de comunicación o teléfonos de ciudadanos serán los que formarán parte de la decena de querellas que prepara Iridia. "Seguro que acabarán siendo más", avanza el abogado Andrés García Berrio. 

EL PERIÓDICO ha entrevistado a dos jóvenes, Germán y Mario, el segundo menor de edad, que relatan un nuevo episodio de maltrato policial por parte de antidisturbios de la UIP: fueron vejados, insultados e incluso uno de ellos recibió un bofetón durante una identificación acontecida horas más tarde de que finalizaran los altercados. 

Bofetón de madrugada

Germán, de 18 años, estudiante universitario, salió de casa el pasado 17 de octubre con la previsión de pasar por alguna de las manifestaciones convocadas contra la sentencia del 'procés' en las calles de Barcelona. Con unos amigos, estuvo en la Via Laietana y posteriormente se fue a casa de una amiga.

"No salí con una actitud violenta y no llevaba nada para lanzar", precisa Germán, que en los últimos días ha participado en varias protestas: estuvo en la de Jardinets, en la que los participantes jugaron con pelotas, a instancias de los CDR, y también estuvo en la marcha a pie hacia el aeropuerto.

Antes de salir de casa, Germán metió en su bolsa un par de complementos de manifestación, una protección para la parte superior de las piernas, por si recibía el impacto de pelotas de goma, y un pañuelo para taparse la cara: "Iba vestido de negro. Me puse un foulard para que no me identificaran". También llevaba un guante de cocina, para un amigo que se había roto un dedo y se lo pidió para protegerse en la manifestación. No se lo llegó a dar.

Germán se fue a casa de una amiga residente junto a la Delegación del Gobierno central en Catalunya, ubicada en el cruce de Roger de Llúria con Mallorca, que aquel día sufrió un intento de asalto. En esa casa, Germán coincidió con un amigo, Mario, de 17 años de edad, alumno de bachillerato. Mario no había ido a ninguna manifestación. Ambos salieron del inmueble cerca de las tres de la mañana. Los dos portaban mochilas, y relatan que al salir de casa de su amiga un agente del Cuerpo Nacional de Policía les detuvo.

Dice Mario que unos 15 agentes les rodearon y les intimidaron. A Germán, tras inspeccionar la mochila, le preguntaron por qué llevaba el pañuelo y respondió que era para que no le grabaran las cámaras. "Nos gritaron. Unos nos insultaban, otros nos pedían el DNI. Era un asedio. Todos en círculo, nos hicieron sentarnos. Yo estaba muy nervioso y me presionaban para encontrar el DNI, no lo encontraba y dije: 'Ya voy, macho'", recuerda Germán.

La frase no gustó a un agente que le levantó del suelo cogiéndole del brazo: "Me tiró contra una pared, me golpeé con el ojo en una cornisa. Empecé a gritar pidiendo que pararan. Me advirtieron de que no gritara. Uno vino de frente y se me acercó mucho. Me dijo que no le llamara gilipollas y me dio una bofetada. Quedé aturdido, casi me caigo".

"Fue muy fuerte (la bofetada)", subraya Mario. Los policías apuntaron el nombre y el apellido de Germán y le conminaron a irse a su casa. "¿Tú también quieres pillar?", le preguntaron a Mario, que contestó que él no había hecho nada. Llevaba el DNI y no le encontraron nada sospechoso en la bolsa. "Vete a casa, píntate también las uñas de los pies", le dijeron, porque lleva pintadas algunas de las de las manos. A Germán tal vez le llegue una multa de 600 a 3.000 euros por ir con la cara tapada en zona de conflicto. 

El celo judicial

Xavier Monge, letrado de Alerta Solidaria, asegura que la fiscalía tiene instrucciones de pedir prisión preventiva para casi todos los detenidos que pasan a disposición judicial y que algunos jueces están dictando estas penas de reclusión cautelar –anómalas para delitos de desórdenes públicos o atentado a agente de la autoridad– sin pruebas contundentes. Una treintena de los más de 200 arrestados por los disturbios han entrado en la cárcel tras pasar a disposición judicial. Tal como recoge la Cadena Ser, para más de un centenar de los que han quedado en libertad se han dictado medidas que les prohíben participar en actos de protesta a pesar de que existen diversas resoluciones judiciales anteriores que concluyen que limitar el derecho de manifestación es una anormalidad democrática. Norma Pedemonte ejemplifica para EL PERIÓDICO el aviso que lanza Monge con el caso de una joven a la que defiende, Paula.

Paula, 23 años, estudiante de Psicología en la UOC, fue arrestada el viernes 18 de octubre en la Vía laietana. Según el relato de Pedemonte, Paula fue agarrada, al detenerse a ayudar a un manifestante que tropezó, por un agente antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y trasladada a la jefatura de Laietana. En el interior de este edificio, coincidió con varios jóvenes varones a quienes mantenían de rodillas y de cara a la pared y que, según relata Pedemonte, fueron agredidos. La abogada asegura que a Paula un agente se le acercó con un cúter en la mano y, mientras lo abría y lo cerraba, la amenazó diciéndole que si con las protestas buscaban que hubiera muertos, los habría, pero que no serían del bando policial. Paula calcula que tanto los golpes a los jóvenes como la amenaza con el cúter tuvieron que ocurrir después de que un antidisturbios de la UIP resultara gravemente herido en la calle de Jonqueres.

Al día siguiente, Paula pasó a disposición judicial sin que se le hubiera dado oportunidad de hacer la llamada correspondiente. En la vistilla, el juez la envió a la cárcel basándose en un atestado policial que recogía que Paula había sido arrestada por un agente –herido de gravedad y ya ingresado en un hospital (de Sevilla) horas después de detenerla– que había procedido a capturarla porque estaba lanzando "todo tipo de objetos tales como piedras, adoquines, botellas de vidrio, bolas de petanca, canicas y demás objetos contundentes (…)". Los abogados Monge y Pedemonte aseguran que ese listado aparecía redactado de la misma forma en otros atestados policiales que enviaron también preventivamente a la cárcel a otro detenidos.

Paula salió de la cárcel tras nueve días en Wad-Ras cuando su abogada logró que el juzgado número 30, y no el 31, se hiciera cargo de su caso, tal como tendría que haber ocurrido de entrada. El segundo juez, el del 30, la dejó en libertad arguyendo que hasta entonces no se había aportado ninguna prueba de su culpabilidad. ¿Por qué la había metido entonces en la cárcel el primer juez?