BALANCE DE UN LUSTRO

La discriminación LGTBI sigue "saliendo gratis", pese a la ley catalana del 2014

Las entidades exigen al Govern la aprobación de un reglamento específico que permita subir las multas

Denuncian que la Generalitat solo ha sancionado 12 de las 561 incidencias registradas por el Observatori contra l'Homofòbia

Manifestación en Barcelona del Orgullo LGTBI, el pasado junio.

Manifestación en Barcelona del Orgullo LGTBI, el pasado junio. / JOAN CORTADELLAS

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Beatriz Pérez
Beatriz Pérez

Periodista

Especialista en sanidad, temas de salud

Escribe desde Barcelona, Catalunya, España

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Cinco años después de la aprobación por parte del Parlament de Catalunya de la ley 11/2014 para combatir la LGTBIfobia, las entidades consideran que la Generalitat "no ha hecho los deberes". El colectivo denuncia una "falta flagrante de voluntad política" para sacar adelante esta norma que, eso sí, ha sido "pionera" tanto en España como en Europa. 

Lo ha denunciado este miércoles el presidente del Observatori contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, quien ha puesto como ejemplo que, pese a que durante estos cinco años el OCH ha registrado 561 incidencias por homofobia, bifobia o transfobia (123 de las cuales han tenido lugar este 2019), la Generalitat ha puesto únicamente 12 sanciones. "Es una cifra absolutamente ridícula", ha criticado el activista en una rueda de prensa en el Centre LGTBI de Barcelona.

Para Rodríguez es imprescindible que, de una vez por todas, se apruebe un reglamento sancionador que permita castigar de forma adecuada la LGTBIfobia. "[El reglamento sancionador] es la herramienta que facilita los mecanismos específicos para realizar con garantías la instrucción y la posible sanción ante una agresión", ha sostenido. Actualmente existe un régimen de sanciones, pero no así un reglamento de régimen sancionador que lo regule.

"Para erradicar la violencia del colectivo es imprescindible un reglamento específico, puesto que con el actual decreto generalista del año 1993 no se pueden regular las sanciones administrativas por LGTBIfobia de forma adecuada". Según él, "en el 99% de los casos", el decreto del 93 se utiliza para regular "actividades comerciales" como, por ejemplo, respetar el aforo de un local, mientras que la ley 11/2014 es "la primera ley administrativa que habla de vulneraciones de derechos humanos". Ambas cosas, por tanto, no son equiparables.

Joaquim Roqueta, presidente de la Plataforma LGTBI de Catalunya, ha opinado que, actualmente con este reglamento, "realizar algún acto de LGTBIfobia sale demasiado barato". "Las multas son rídiculas. No hemos hecho una ley como esta para que después salga gratis la LGTBIfobia", ha dicho. 

Balance de la Generalitat

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha abierto más de 800 expedientes por discriminación hacia personas LGTBI desde que se aprobó la ley contra la homofobia y ha tramitado mil cambios de nombre de personas 'trans', según ha informado el departamento este miércoles.

La directora general de Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, ha hecho un balance de los cinco años de implementación de la ley y ha reiterado la importancia de denunciar cualquier acción discriminatoria. "Es vital emprender acciones, sancionadoras o reparadoras, que garanticen un país libre de discriminación por motivos de identidad sexual o género".

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A raíz de la implantación en el 2014 de la ley para garantizar los derechos del colectivo LGTBI, Mata ha explicado que el Govern ha elaborado medidas que pretendían "tratar de garantizar estos derechos, sensibilizar a la población y construir un marco de tolerancia e integración".

Sin embargo, para las entidades todo esto no es suficiente, ya que aunque se ha avanzado en el reconocimiento de derechos, la Administración no ha hecho lo suficiente para erradicar la discriminación.

Una excepción en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

La Generalitat impulsará una excepción en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para que los jóvenes de 18 a 21 años (edad que está fuera de esta herramienta) que han abandonado el hogar por motivos de identidad de género u orientación sexual podrán solicitarla, y recibirla en caso de cumplir el resto de requisitos.

Lo ha dicho el conseller de Treball, Afers Socials i Famíles, Chakir el Homrani, al comparecer este miércoles en comisión parlamentaria y en respuesta a preguntas de Cs.

El Homrani ha señalado que las personas 'trans' son el colectivo con el paro más elevado en Catalunya, por lo que trabajan en la cualificación profesional para ayudarles a su inserción, con una intención de hacer un "trabajo más de cirugía" para reducir el paro, ya que aunque hay muchas personas buscando trabajo, aún hay sectores que no encuentran a personas con determinadas cualificaciones.

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