Todas las trampas de Magrudis

Ausencia de permisos, falta de controles sanitarios, inexistencia de registros e inspecciones… Magrudis, la empresa causante del mayor brote de listeria registrado en España (tres muertos, siete abortos y 215 afectados) acumula un largo historial de irregularidades que pone en jaque el sistema de controles al que se ven sometidas las empresas de alimentación. La última perla, desvelada este miércoles por Facua, es la existencia de una nueva empresa vinculada a uno de los hijos del propietario de Magrudis que, pese a dedicarse a la elaboración de alimentos, no estaba inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

El caso está ya en manos de un juez para depurar las posibles responsabilidades penales de José Antonio Marín Ponce, administrador de facto de la empresa, y sus dos hijos, Sandro (administrador de Magrudis) y Mario Marín Rodríguez, por el estallido del brote. Los tres permanecen detenidos desde este martes en las dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Otras dos personas que también fueron arrestadas, una empleada de la empresa y otro familiar, quedaron en libertad después de declarar. El registro llevado a cabo en las instalaciones industriales de la empresa sevillana fabricante de la marca La Mechá se extendió también a una nave contigua, que ahora se sabe que es la sede social de la empresa Elaborados Cárnicos Mario SLU, vinculada al segundo de los hijos.

Facua-Consumidores en Acción denunció este miércoles que esta nueva empresa se dedica también a la distribución y elaboración de productos alimenticios, pero no está dada de alta en el registro sanitario. Al igual que Magrudis, tampoco dispone de inmuebles o propiedades a su nombre, una estrategia para eludir el posible pago de indemnizaciones, y sus últimas cuentas depositadas en el registro Mercantil se remontan a 2017, fecha de su creación. Según el rastreo de la asociación de consumidores, cuenta con ocho trabajadores.

Estos nuevos datos evidencian la impunidad con la que se movían los empresarios detenidos ante la dejadez de las administraciones autonómica y local. Magrudis estaba puesta a nombre de Sandro Marín, a quien los investigadores consideran un “testaferro” de su padre, José Antonio Marín Ponce. Éste cuenta con una larga trayectoria de fracasos empresariales y deudas en las últimas dos décadas, de ahí que pusiera a su descendiente como administrador único a fin de eludir a Hacienda.

Sin permisos

Además, aunque la empresa inicia su actividad en el 2013, como constata el Registro Mercantil y sus movimientos económicos, no es hasta 2015 cuando solicita el certificado sanitario a la Junta de Andalucía. Un documento fundamental y obligatorio para cualquier empresa del sector alimentario. El cómo fue posible que ejerciera su actividad sin que se cruzara el dato de que faltaba este permiso es algo que deberá responder la investigación, porque nadie preguntó antes si ya estaba operando o no. Tampoco se comprobó si, al estar relacionada con el sector cárnico, estaba inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA) de la provincia de Sevilla. Ni si contaba con la licencia de actividad en el municipio de Sevilla, algo que el Ayuntamiento no le concede hasta diciembre de 2018. Para ello, bastó con una declaración responsable, porque no fue hasta estallada la crisis sanitaria cuando se comprueba que el informe técnico aportado no concuerda con la declaración de actividad. Por si fuera poco, la empresa no pidió siquiera autorización para realizar unas obras de ampliación en su nave industrial.

De esta manera, dos años después de iniciar su actividad es cuando comienza el plan de inspecciones previsto por la normativa andaluza. Según la documentación que aporta Magrudis, se considera que su grado de peligrosidad es intermedio, con controles de la inspección oficial cada 12 meses y los propios autocontroles de la empresa. Tras una segunda revisión en julio de 2017, como denunció Facua, se le rebaja sin justificación alguna ese riesgo a la categoría menor, lo que espacia aún más los controles: 18 meses. Así, debería haber sido en enero de 2019 cuando Magrudis fuera inspeccionada. Un plazo que suele ser flexible y dilatarse, y que permitió que llegara a agosto y estallara el contagio.

Dudosa colaboración

La lista de irregularidades no termina ahí. Nada más estallar el brote de listeria en agosto, la Junta de Andalucía alabó el nivel de colaboración de la empresa, atribuyendo lo ocurrido a la “mala suerte”. Lejos de eso, se comprobó que Magrudis no contó que otra empresa comercializaba sus productos bajo otra marca distinta a La Mechá, donde primero se detectó el foco infeccioso, ni que distribuía otros embutidos de otros fabricantes, y tuvo que ser un establecimiento quien alertara a la administración. Esos silencios provocaron que se tardara una semana en descubrir a la otra comercializadora e inmovilizar sus productos. El silencio más grave, sin embargo, refiere al análisis que realizó por su cuenta en febrero de este año, y que detectó un positivo por listeria. Pese a conocer el resultado, ni informó a las autoridades ni tomó medidas correctoras y siguió con su actividad. Ese análisis de un laboratorio privado es precisamente el que ha llegado hasta el juzgado esta semana y precipitado la detención de sus responsables.