El conflicto se instala en el sector del socorrismo en Catalunya

La Associació d’Empreses Catalanes de Socorrisme Aquàtic (AECSA) sostiene que la falta de socorristas con la titulación obligatoria para ejercer en las playas, piscinas y parques acuáticos de Catalunya ha llevado a algunas empresas a falsear documentos oficiales y colocar a personas no preparadas bajo figuras inventadas como el ‘auxiliar de socorrista’. Al menos dos empresas podrían haber incurrido en estos delitos según la asociación, que ya las ha denunciado frente a la Fiscalia Provincial de Tarragona. Esta asociación sostiene además que un ayuntamiento de la Costa Daurada (Tarragona) podría haber prevaricado al no controlar el servicio que tienen contratado con una de estas dos empresas para gestionar el servicio de socorrismo de sus playas. 

La asociación - de la que forman parte empresas como Aquasos, Rescatadores, Aumar y Proactiva- denunciaba públicamente el pasado abril que faltaban  socorristas por una ley autonómica aprobada en el 2015 que considera “demasiado restrictiva”.  

EL PERIÓDICO ha contactado con las dos empresas denunciadas, una de las cuales asegura que recibieron una Inspección de Trabajo y “todo era correcto”. Esta empresa, a la que denominaremos A, gestiona numerosas piscinas de càmpings, hoteles y parques acuáticos.  Fuentes de esta empresa A aseguran que estas denuncias responden a una guerra por el control de parques acuáticos. “AECSA está intentando perjudicarnos porque ha perdido muchos clientes y porque quiere que se elimine el ROPEC para poder contratar a gente poco preparada y pagar poco. Nosotros estamos a favor de la profesionalización y por eso siempre nos hemos negado a entrar en esa asociación”, explica un portavoz de la empresa denunciada, quien se desmarca de los delitos imputados porque ellos solo se dedican a prestar servicios.

Trabajadores afectados

Según AECSA, para poder atender a todos sus clientes, esta empresa con una importante presencia en conocidos parques acuáticos catalanes presuntamente habría contratado a trabajadores del Perú a través de un empresario peruano. La ilegalidad, denuncian, radica en primer lugar en la intermediación. Según AECSA, el intermediario cobra 300 dólares americanos a cada postulante que quiere viajar a España para trabajar, algo totalmente prohibido según la ley de extranjería española.

Los trabajadores afectados han denunciado a esta empresa A por “presiones y amenazas tanto por parte de la empresa catalana como por la empresa que gestiona las contrataciones en origen”, explican fuentes de AECSA, cuya versión cuenta con el respaldo de seis afectados que han decidido añadirse a la denuncia.

Esta empresa, siempre según las averiguaciones de la asociaciación, podría haber incurrido también en la falsificación de titulaciones de estos trabajadores y pasar el filtro de extrangería. “Los trabajadores que han contactado con nosotros aseguran haberse formado en Perú durante el mes de diciembre del 2018, y su título, del que tenemos varias copias, dice que la formación se realizó en el 2013. Anterior siempre al mayo del 2015 para poder entrar dentro de la disposición adicional transitoria del ROPEC”, explican fuentes de AECSA. Por todo esto, la asociación considera que está incurriendo en delitos de intrusismo profesional, falsificación documental en un organismo público y delito contra los derechos de los trabajadores.

"Figuras inexistentes"

La otra empresa denunciada, B, asegura un portavoz de AECSA a este diario, “decidió inventarse una figura inexistente llamada auxiliar de socorrista”, bajo la cual trabajaron personas sin la titulación oficial de socorrista obligatoria en Catalunya y que, por tanto, tampoco están inscritos en el ROPEC, un registro de profesionales del deporte de Catalunya. “Es importante remarcar que estas personas no están capacitadas para realizar tareas de rescates acuáitcos en caso de que se produzca una situación de emergencia que lo requiera. Por tanto, se trata de una irresponsabilidad de grandes dimensiones”, explican fuentes de la asociación.

Este diario se ha puesto en contacto con esta empresa B y aseguran que esta figura "se está utilizando en muchas playas de Catalunya" como "vigilantes de playa", y recuerda que la Generalitat aprobó una moratoria del régimen sancionador de la Ley que regula el sector del socorrismo. En otras palabras, no se sancionaría a las empresas ni a los profesionales que no cumplan los requisitos. Estos "vigilantes de playa" han realizado las mismas tareas que los socorristas excepto el rescate en el agua.

Esta segunda  empresa, constituida a mediados de los noventa somo cooperativa, debía tener por contrato 14 socorristas más un coordinador para los meses de junio y septiembre, y 29 socorristas más un coordinador para los meses de julio y agosto. Según la asociación de empresas catalanas de socorrismo acuático, que contrató a investigadores privados, en las playas se contabilizaron un máximo de 20 trabajadores, y muchos de estos trabajaban como auxiliares de socorristas. Así, AECSA denuncia que la empresa podría estar incurriendo en “delitos de lesiones imprudentes e incluso homicidios imprudentes”, intrusismo laboral al “saltarse la ley catalana del deporte” que obliga a contratar a profesionales inscritos en el ROPEC. Asimismo, consideran que el Ayuntamiento prevarica al permitir estas irregularidades.

La playa, fuera del ROPEC

El sindicato UGT también ha denunciado a la empresa B, pero por otros motivos:  "Por no aplicar el convenio sectorial", algo obligatorio desde el 9 de marzo del 2018. Según fuentes del sindicato, no se estaban aplicando en las playas que gestionaba las condiciones laborales, trabajando seis días a la semana y nueve horas diarias.  También se ha denunciado la gestión en otras cuatro playas.

Respecto a la debate abiertos sobre la idoneidad del ROPEC, que parece enfrentar a algunas empresas y asociaciones de salvamento y socorrismo, UGT considera que es correcto para regular actividades deportivas como vigilante de una piscina o de actividades acuáticas dirigidas. Para las playas sería necesario, asegura su portavoz Carlos Parra, otro tipo de regulación. "No se puede comparar el trabajo y los riesgos que hay en una piscina y en una playa. Pedimos una normativa clara para regular la seguridad en las playas. Lo único que hay es una norma franquista de 1972 de dos páginas. Esa norma no marca los mínimos como el número de socorristas por metro de playa ni las infraestructuras necesarias. Solo en Baleares y Canarias hay algún decreto al respecto, pero tampoco gran cosa", asegura el portavoz sindical, miembro de la plataforma 'SOS Socorrista'. 

Los socorristas de las playas deberían, según el criterio de la UGT, estar regulados por la Conselleria de Interior y no por el departamento de Esport. Parra explica que estos socorristas son "un cuerpo de seguridad más", pues cuando es necesario llaman al 112 y filtran muchas emergencias. "¿Un bombero también debe tener el ROPEC porque debe estar en forma?", ironiza el representante sindical.

Con todo, UGT denuncia que la falta de socorristas y una regulación clara en las playas se ha traducido de alguna manera en 28 ahogamientos este verano. "El 50% se produjo en zonas no vigiladas, pero había actividades de ocio como chiringuitos, por lo que se fomentaba su uso, el baño; y en otro 20 o 30%  no había vigilante por estar fuera de horario o fuera de temporada. ¿Quién define que la temporada empieza el 1 de junio, por ejemplo, si la gente ya se está bañando en mayo?", sostiene Parra.