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INICIATIVA PIONERA

La fiscalía no se fía de la Iglesia en los casos de abusos sexuales

Advierte que debe comunicarse los hechos sin pasar antes por el "filtro" de las entidades implicadas

El ministerio público propone revisar los mecanismos para detectar y prevenir este tipo de conductas

J. G. Albalat

El pederasta confeso de los Maristas, Joaquim Benítez, saliendo de la Audiencia de Barcelona, hace unos meses.

El pederasta confeso de los Maristas, Joaquim Benítez, saliendo de la Audiencia de Barcelona, hace unos meses. / RICARD CUGAT

La Fiscalía General del Estado alerta en un informe enviado al Ministerio de Justicia sobre la necesidad de aunar esfuerzos para combatir los abusos o agresiones sexuales a menores en la Iglesia católica y la necesidad de crear mecanismos “eficaces” y fluidos” para la "adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas" de "indudable gravedad". Pero advierte que la denuncia debe realizarse ante la Administración o ante la justicia de "por quien haya recibido la noticia o disponga del conocimiento directo” de las sospechas, evitando “comprobaciones o filtros internos de verificación previos”  por parte de la institución en cuyo seno se ha detectado el caso. Y ello, "sin perjuicio, por su puesto, de las medidas que ésta deba o pueda adoptar para evitar reiteraciones de hechos similares”.

En su opinión, son las Administraciones "competentes y especializadas" en la protección de menores (entidades públicas y fiscalía) “quienes deben asumir el estudio del caso” y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, “deben velar por la protección de los afectados”. El informe sostiene que, por lo tanto, “se impone, pues, una revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos, para poder dar así una respuesta más eficaz a tan grave problema”

La fiscalía aboga por el perfeccionamiento de los mecanismos de actuación para denunciar estos hechos. Para ello, se ha propuesto iniciar de "forma inmediata” contactos con las entidades implicadas “a fin de establecer cauces de comunicación y colaboración para profundizar en esta línea”. En su opinión, es indispensable la "revisión y actualización" de los protocolos.

El ministerio público no ha podido cuantificar, por la deficiente estadística judicial existente, cual es el número concretos de investigaciones por abusos sexuales a alumnos en el ámbito religioso, tal y como le requería el Ministerio de Justicia. Pero si ha podido concretar los escritos de acusación por abusos o agresiones sexuales a menores de 16 años a nivel general. Así en el 2017, se presentaron 965 y en el 2018, 1.091. La sentencias registradas fueron: en el 2017, 560, y en el 2018, 737. La fiscalía ha abierto en los tres primeros meses del año 30 investigaciones.

Entornos opacos

El informe detalla que el “ fenómeno de las agresiones o abusos sexuales a menores que tienen lugar en el seno de las actividades que desarrollan congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas es una realidad compleja, pues se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos”. Admite que este problema no es solo una cuestión de "respuesta penal, sino que “también son necesarias iniciativas que permitan detectar los casos”. Es la única manera de "articular una respuesta penal eficaz, reparar en lo posible a las víctimas y desplegar mecanismos de prevención”.

El ministerio público pone como ejemplo las comisiones de investigación sobre abusos en la Iglesia de Australia, Holanda y Austria. Si se hicera una en España , la fiscalía se compromete “a colaborar e implicarse” en esta iniciativa para “obtener un conocimiento histórico y extraer las consecuencias" Al mismo tiempo, desde la Fiscalía General del Estado se está llevando a cabo un seguimiento de las actuaciones que, en el ámbito de los centros de enseñanza católicos (Federación Española de Religiosos de la EnseñanzaTitulares de Centros Católicos (FERE-CECA)), en el de diversas Diócesis de España (como las de Burgos, Sigüenza y Astorga) y en el de la propia Conferencia Episcopal Española, se están realizando para elaborar y actualizar los protocolos de actuación ante situaciones. El 'caso Maristas', destapado en el 2016 por EL PERIÓDICO, se convirtió en el punto de inflexión sobre los abusos sexuales en el entorno religioso.