Justicia pide al fiscal información sobre los abusos sexuales en la Iglesia

Ante el goteo de escándalos que EL PERIÓDICO y otros medios han publicado en los últimos días sobre abusos sexuales en la Iglesia y la ocultación por parte de las congregaciones religiosas de algunos de los delitos, el Gobierno ha reaccionado solicitando al Fiscal General del Estado que le informe de las diligencias abiertas. 

En concreto,  la ministra de Justicia, Dolores Delgado, envió este martes un escrito la máxima representate del Ministerio Público, María José Segarra, en el que reclama que le informe de los procesos abiertos en los tribunales -el número de investigaciones y en qué estado están- ante agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.

Según informó Justicia, la petición se enmarca en el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el fiscal general del Estado “informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga, así como sobre el funcionamiento, en general, de la administración de Justicia”. El escrito no establece un plazo de respuesta, pero en anteriores ocasiones, la contestación no se ha demorado en exceso.

Los últimos casos

En su carta, la ministra hace referencia a que, en los últimos meses, los medios de comunicación han divulgado numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidas en el seno de congregaciones eclesiásticas, que a su vez, en muchas situaciones, han contribuido a la ocultación de esos delitos y “a la protección de los victimarios”.

En opinión de la titular de Justicia, esas informaciones periodísticas han generado “una importante alarma social” y “una fuerte demanda" que justifica que el "Gobierno aborde el fenómeno”. Según fuentes de Justicia, una vez recibidos los datos, el Ejecutivo estudiará si procede hacer reformas legales o introducir cambios en el anteproyecto de ley de protección a la infancia aprobado en diciembre, dado que la Abogacía del Estado no puede personarse en procedimientos judiciales que no perjudiquen a la administración central.

EL PERIÓDICO reveló hace unos días que el Monasterio de Monserrat ocultó durante años los abusos sexuales cometidos por el monje Andreu Soler a finales de los 90. Ya son ocho las víctimas que denuncian haber sufrido tocamientos y vejaciones sexuales, tras la revelación de Miguel Hurtado, el primero que se atrevió a dar el paso. Las responsabilidades penales del supuesto pederasta ya no se pueden determinar, puesto que ha fallecido, pero sí se podría investigar si la Abadía, que ahora ha abierto una comisión externa que investigue los casos, cometió algún delito al ocultar las agresiones.

Además, este diario ha revelado que el monsén de Constantí de 1972 a 1999, Pere Llagostera, abusó de niños durante décadas. De nuevo, el párraco ha fallecido y el arzobispado de Tarragona dice que no le constan "indicios" de sus abusos. Asimismo, el 'caso Maristas', el mayor escándalo de pederastia en la Iglesia española conocido hasta la fecha, puso de manifiesto la necesidad de incrementar los plazos de prescripción de este delito, puesto que la investigación de EL PERIÓDICO finalizó con 43 denuncias interpuestas pero sólo uno de los acusados se sentará en el banquillo. 

Los plazos de prescripción

Ante esta situación, según recuerda la ministra Delgado en su escrito a la fiscal María José Segarra, el Gobierno presentó el pasado 28 de diciembre un anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia, “cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”.

Una de las principales novedades de la reforma es que alarga 12 años el plazo de prescripción, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no a los 18 como sucede en la actualidad. La ampliación es insuficiente para algunas víctimas como Miguel Hurtado, que encabeza un movimiento destinado a que se alargue hasta que el menor abusado cumpla 50 años, con el fin de dar tiempo suficiente a las víctimas para dar el paso y atreverse a denunciar. 

En su carta, Delgado justifica los cambios por los “efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que sufren el maltrato, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta”. También señala que su objetivo es “garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar”.