Sindicato Inquilinos denuncia la "grave crisis habitacional" en L'Hospitalet

El Sindicato de Inquilinos ha denunciado este miércoles la “grave crisis habitacional” en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde, afirman, el precio del alquiler ha aumentado un 40 % en los últimos cuatro años, y ha criticado la “inacción” del gobierno municipal.

En una rueda de prensa frente al Ayuntamiento del municipio, junto con la PAH, el Centro de Estudios de l’Hospitalet y dos vecinos en situación de emergencia, la portavoz del Sindicato, Irene Sabaté, ha denunciado las políticas urbanísticas y de vivienda del consistorio y ha criticado que “ante la emergencia no hacen nada y tampoco previenen las situaciones de cronificación de la exclusión”.

La portavoz ha exigido “que se aplique la ley”, en referencia a la 24/2015 que establece que en caso de desahucio sin alternativa habitacional la administración o el gran tenedor propietario del inmueble son responsables de proveer una.

Según Sabaté, la política de vivienda del Ayuntamiento es “totalmente incoherente, basada en atraer de forma acrítica las inversiones de tipo especulativo” y ha puesto en duda “el mantra de que las inversiones sirven para recaudar más impuestos que reviertan en la población”, dado que “no estamos viendo que se trabaje para construir o poner a disposición vivienda pública de alquiler”.

El sindicato ha ejemplificado la situación que se vive en L’Hospitalet con los casos de dos vecinos, Rachid y Ali; el primero sufrió, junto con su pareja y sus tres hijos, un desahucio con fecha abierta el pasado 21 de mayo y, tras unas semanas en un apartamento turístico ofrecido por servicios sociales, mañana se les acaba el plazo para estar allí y “aún no tienen donde ir”.

Por su parte, Ali tiene un desahucio con fecha abierta desde este lunes y, a pesar de que el propietario de su hogar es un gran tenedor de viviendas que según la ley 24/2015 debería ofrecerle una alternativa, ni éste ni el ayuntamiento, denuncia el sindicato, se han responsabilizado de su caso.

Para el sindicato, el Ayuntamiento es responsable tanto “por acción como por omisión” y además de señalar las políticas de vivienda y urbanismo ha criticado la “desatención” a las familias desahuciadas así como los servicios “inadecuados” como el albergue municipal donde son realojadas a las familias.