El Tercer Sector Social denuncia que las tarifas en Cataluña están congeladas

La Confederación del Tercer Sector Social ha denunciado este jueves que las tarifas de los servicios son las mismas que hace diez años en Cataluña y que las entidades han asumido incrementos de costes no repercutidos en los precios que abona el Govern de Cataluña.

En rueda de prensa, el presidente de la Confederación empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, Joan Segarra, ha considerado que esta situación es el resultado de la acción de varios gobiernos y ha reclamado un plan de recuperación y mejora de la financiación.

"Las entidades sociales están en una situación muy compleja, asumiendo una sobrecarga insostenible por la infrafinanciación crónica de los servicios y la congelación de las tarifas desde hace diez años", incluso con retrasos en los pagos de hasta 180 días, ha explicado.

A su juicio, es necesario un pacto en Cataluña que garantice la calidad de la atención a las personas, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

La crisis, los recortes y la contención presupuestaria de los últimos años, sumadas al incremento de la demanda y las necesidades sociales son los déficit que acumula el Tercer Sector Social.

Segarra ha precisado que es la administración quien ha de financiar al 100 % los servicios de titularidad pública que atienden los derechos sociales.

En los últimos diez años no se han incrementado los costes del IPC (15,9 % acumulado entre 2008-2018), el IVA (cinco puntos) y los aumentos salariales (6,58 % de media), vinculados a los convenios colectivos, ha recordado.

Este impacto es manifiesto en los ámbitos de infancia, acción social con colectivos en riesgo de exclusión, ocio educativo y sociocultural, atención domiciliaria, discapacidad física e intelectual, la salud mental o personas mayores, entre otros.

Por su parte, Joan Muntané, representante del ámbito de infancia y acción social, ha atribuido el conflicto en la negociación del convenio laboral a la incapacidad de las entidades de asumir nuevos incrementos salariales.

"Estamos al límite. Lo que nos piden los sindicatos es lícito y lo compartimos, pero si la administración no repercute los aumentos en los precios que paga por los servicios, nuestra capacidad negociadora es nula", ha afirmado.

La representante de las entidades de discapacidad, salud mental y atención precoz, Amèlia Clara, ha explicado el caso del servicio de empleo para la inserción de personas con discapacidad intelectual tras finalizar la etapa escolar, en el que las entidades han de aportar una media de mil euros al año para cubrir el salario de cada profesional de este servicio.

En el caso de los Centros de Desarrollo Infantil y de Atención Precoz (CDIAP), el precio por niño y hora está congelado desde 2009 en 33,47 euros, mientras que la demanda en los últimos diez años se ha incrementado un 45 % (de 28.527 a 41.448 personas atendidas).

En la atención a las personas mayores, Josep Serrano ha asegurado que "un trabajador puede cobrar un 67 % más, si trabaja en un centro público, por un mismo trabajo y con una misma categoría profesional" si la gestión es directa de la Generalitat o es una empresa externalizada la que ofrece el servicio.