Madrid prohíbe 'de facto' las viviendas turísticas en la mitad del municipio

En los 11 distritos más céntricos de Madrid, que ocupan más de la mitad de la superficie de la ciudad, será casi imposible abrir nuevas viviendas de uso turístico mientras que el 95% de las más de 10.000 que en la actualidad disponen de licencia autonómica deberán cerrar. En un agitado pleno municipal, el Ayuntamiento de la capital de España ha aprobado este miércoles de modo definitivo el Plan Especial de Hospedaje (PEH) que obliga a este tipo de pisos a disponer de una entrada directa a la calle, algo prácticamente imposible, salvo que la vivienda esté en la planta baja.  Esta misma semana entrará en vigor.

El equipo de Gobierno de Ahora Madrid ha contado para la aprobación del apoyo del grupo socialista, mientras que PP y Cs han votado en contra al considerar que cercena de raíz una actividad que es necesario regular pero no prohibir, tal como sostienen los propietarios de pisos y las plataformas. 

Contra la gentrificación

El objetivo de la nueva normativa es acabar con la "gentrificación y el aumento de los precios de alquiler", según la concejala socialista Mercedes González,  y "la conversión del centro en un parque temático ahora que estamos tiempo", en opinión del delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que ha puesto de contrajemplos Venecia y Amsterdam donde en las zonas más saturadas los ayuntamientos han tenido que instalar "tornos de entrada".

Cuando se publique en el boletín oficial de la Comunidad, en unos dos o tres días, según fuentes de la delegación, el Ayuntamiento estará facultado para "abrir expediente" a aquellos pisos turísticos que no se ajusten a la nueva normativa.    

"La norma más restrictiva del mundo"

Es casi seguro que el plan recibirá una cascada de recursos judiciales. "Es la normativa de pisos turísticos más restrictiva del mundo", ha criticado Adolfo Merás, presidente de la asociación Madrid Aloja, una veintena de cuyos miembros han asistido al pleno aplaudiendo a rabiar las intervenciones de los portavoz del PP y Ciudadanos y profiriendo gritos tras la aprobación sin que la alcaldesa Manuela Carmena haya podido acallarlos. "Regulación si, prohibición no", han lucido en sus camisetas y han gritado. Los propietarios presentarán demandas individuales y colectivas y han asegurado que seguirán funcionando porque están seguros que la ley los "amparará".

El edil del PP, Enrique de Luna, se ha apuntado a este argumento preguntando "que sentido tiene aprobar un plan que van a tumbar los tribunales". Para su grupo se trata de "un gran despropósito" que llevará a la mayoría de propietarios de pisos que quieran seguir a operar de modo fraudulento". 

Uno de los aspectos menos difundidos de la normativa y que el concejal de Ciudadanos Bosco Labrado ha criticado con dureza es que también afecta a hostales y pensiones. También podrán abrir en edificios residenciales sin un acceso directo. En este caso, sin embargo, es posible que no les afecta la retroactividad.

La exención de los 90 días durará poco

La nueva normativa tenía un apartado por el que se podían colar muchos apartamentos de modo irregular. Establecía que se sólo consideraría vivienda de uso turístico la que se alquilaba más de 90 días. Era una vía para dar salida a los propietarios que rentaban su residencia habitual en periodos puntuales, en línea con la economía colaborativa. El problema es que el periodo de ocupación "es imposible de controlar en la práctica", según la concejala González.

El texto aprobado se limita a considerar vivienda de uso turístico lo que establezca el reglamento autonómico, que fija esos 90 días actualmente, pero que cambiará de modo inminente. El borrador de la nueva normativa de la Comunidad considera piso turístico cualquiera que se alquile aunque solo sea un día.

El Ayuntamiento Madrid no dispone de competencias para otorgar licencias de alojamiento turístico porque, a diferencia de lo que ocurre en Barcelona, el ejecutivo autonómico no se las has traspasado. Lo que hace a través del PEH es regular este tipo de apartamentos a través de sus competencias urbanísticas. Los considera actividad económica terciaria e impide que se instalen en edificios residenciales, salvo que dispongan de un acceso directo a la calle. Todos deberán solicitar este tipo de permiso urbanístico, aunque ya funcionen en la actualidad y consten en el registro de la Comunidad, según han confirmado fuentes de Urbanismo.