Govern y sindicatos logran un acuerdo para la plantilla envejecida de la DGAIA

A partir de hoy los educadores sociales que trabajan en centros de menores de titularidad pública y tienen más de 58 años podran reducir un 11% de sus horas en atención directa a los jóvenes para dedicarse a otras labores de gestión y de formación. Se trata del primer acuerdo que logran los representantes sindicales de los centros de menores con la Direcció General d'Aatenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), aunque los trabajadores insisten que aún queda mucho camino por recorrer. 

Los centros de menores tuelados de titularidad pública representan el 10% del total, ya que la mayoría estan gestionados por fundaciones y entidades sociales. Sin embargo, en estos centros tutelados la plantilla está mucho más envejecida. Según el sindicato UGT, roza los 54 años de edad de mediana. En noviembre, la UGT se encerró en la sede de Afers Socials para intentar lograr menos horas de atención directa de los educadores más lonjevos. Hoy el acuerdo ya es una realidad, firmado por UGT y CCOO. El sindicato calcula que este 2019 una treintena de educadores de más de 58 años van a poder estar un 11% de su jornada laboral haciendo tareas de gestión, coordinación o formación. 

"Es un primer paso", explica Pedro González, representante de la UGT de los centros de menores de la DGAIA, aunque insiste que no es el definitivo. "Nos hemos dado dos años más para negociar otra actividad fuera de atención directa, como ya pasa con los bomberos o los funcionarios de prisiones". El motivo, "este trabajo implica mucho desgaste físico que a cierta edad es difícil de lograr", añade el sindicalista, que en qualquier caso agradece el "ánimo de llegar a acuerdos decentes", por parte de los responsables políticos de Afers Socials.

En el tintero, quedan muchas otras reivindicaciones. Por ejemplo, la correcta aplicación del protocolo frente a las agresiones de los profesionales, la rebaja de los interinos que suponen el 70% de la plantilla de la DGAIA, la mejora de las ràtios o la sobreocupación de menores que, en el caso de los centros públicos afecta especialmente los equipamientos de Llimoners, en Barcelona, La Misericòrdia, en Girona i La Mercè en Tarragona.