Padraic Kenna: "Airbnb y los bancos están generando personas sin hogar"

Padraic Kenna, doctor y director del Centro de Derecho, Derechos y Políticas de Vivienda de la Universidad Nacional de Galway, Irlanda. No se muerde la lengua al hablar de sinhogarismo: “Mientras a los bancos les interese que el precio de la vivienda sea alto, los políticos no podrán hacer nada”. Considera que las aplicaciones de apartamentos turísticos explican el “aumento alarmante” de personas sin hogar en toda la Unión Europea. 

El pasado miércoles participó en unas jornadas que organizaba Cáritas Barcelona sobre la situación de las personas sinhogar. Calcularon que solo en diócesis de Barcelona, una de cada tres personas vive en infraviviendas

Es una investigación muy fiable. Antes las personas sin hogar eran aquellas que dormían en la calle. Ahora, son solo una pequeña proporción. A la mayoría ya no los vemos. Viven de forma precaria: sin suministros, amontonados, en condiciones infrahumanas. La gente en la calle suelen ser hombres, porque es demasiado peligroso para las mujeres y las familias. Y a ellos no los vemos. Donde están? Necesitamos conocer estos casos.

¿Y antes esto no pasaba?

La infravivienda no es algo nuevo, es cierto, pero ahora está desbocada, ha crecido de forma espectacular. En los últimos diez años se ha vuelto muy caro conseguir un alquiler en cualquier ciudad europea. Barcelona más que ninguna otra porque aquí hay una gran industria turística. Airbnb, los alquileres de pocos días, generan una enorme presión en un número limitado de pisos que hace aumentar el precio. Y los alquileres razonables ya no pueden competir. Tener un hogar se ha vuelto imposible por el 30% de la población. Ni en Barcelona ni en ninguna otra ciudad. Esto es nuevo.

¿Airbnb y el resto de aplicaciones de apartamentos turísticos provocan personas sinhogar?

Sí, es una consecuencia más de la globalización. Tenemos un estoc de vivienda limitado, y ellos generan más presión para acceder a ella. Los turistas usan las viviendas que solían ser para los residentes y los propietarios han descubierto que pueden hacer más dinero. Pero además, los fondos de inversión compran edificios enteros, suben el precio y lo venden a otros inversores para hacer negocio. Barcelona, por ejemplo, está siendo un gran lugar donde invertir. No solo es imposible alquilar, también comprar vivienda.

Pero esto no es ilegal.

No lo es. Aunque sí explica la presión de compradores. Mucha vivienda está en manos de los bancos, como inversión. Y les interesa que el precio de su vivienda sea elevado. Lo necesitan. Si bajara el precio, esto afectaría sus las cuentas, tendrían menos dinero. Creo que esto asusta a los políticos. La unión europea diría “no queremos otra crisis financiera”. Aquí está el dilema. ¿Les permitimos que tengan el precio tan alto, que dejen la gente en la calle?

¿Hay que obligar los bancos a bajar los precios de sus pisos?

Si los estados lo quisieran hacer, tampoco podrían. Los bancos están supervisados por el Banco Central Europeo (BCE). Lo tiene que hacer la Comisión Europea. Las instituciones europeas tienen que tomar medidas en materia de vivienda. Es la única solución, porque si no se les controla, los inversores de vivienda se irán moviendo de una ciudad a la otra.

Alguien le podría decir que no todo el mundo puede vivir en Barcelona. Si no te lo puedes permitir, busca otro sitio.

La ciudad necesita tener residentes a largo plazo. No puedes tener una ciudad solo para turistas. Necesitamos también gente pobre en las ciudades. Hacerles a vivir a veinte millas de su trabajo no es sostenible. Les estamos obligando a cambiar su vida, su empleo. La gente necesita estar conectada con sus vecinos. No solo se trata de tener un techo. Las autoridades tienen que poder planear la ciudad para todos sus habitantes, no solo para los más ricos.

¿Y esto como se respeta el derecho a la propiedad privada?

Recordando a los propietarios que derecho a la propiedad privada está sujeto a la función social, que no pueden hacer lo que quieran. No es un derecho absoluto. Hay que poner tasas, limitar el precio u obligar los propietarios a no tener vivienda vacía. En el Reino Unido hay multas muy elevadas contra quien lo hace. Estas medidas se pueden aplicar.

¿Barcelona está a la cola de Europa en relación al acceso a la vivienda, o el resto de ciudades están en la misma situación?

Todas las ciudades europeas llevan años viendo este problema. Cada ayuntamiento hace cosas distintas. En Viena el 30% de la vivienda es de la administración. El otro 30% del mercado de compra. Y el resto pertenece al mercado de alquiler, donde el precio se pacta entre  los propietarios y con las autoridades municipales. No hay tanta presión porque las inversiones solo afectan al 30% del mercado. En Alemania los propietarios e inquilinos pactan contratos a 20 años que corrobora también el ayuntamiento. En el otro extremo tenemos otras ciudades donde no se hace nada, y el mercado actúa en el 100% de la vivienda.

¿Cómo en Barcelona?

Sí. Los controles del alquiler se aplican en muchas ciudades europeas. Pero Barcelona no es lo peor. Lo bueno de España es que hay fuertes conexiones familiares. La gente no se queda abandonada como pasa por ejemplo en América. Hay un sentido de la comunidad, con muchas ONG implicadas que dan salidas a estas personas. Aún os queda sentido de la decencia y la dignidad sobre cómo debería vivir la gente. En otras ciudades la gente está totalmente abandonada.

¿La falta de red familiar afecta al acceso de la vivienda en otros países?

Estudiamos esto en 2016. En el norte de Europa hay un sistema social que da seguridad. Allí también hay desahucios, pero el Estado da una alternativa de realojo inmediatamente. En el sur, por ejemplo, Italia, Grecia o España no hay esta protección y la gente confía en su familia. Aunque aquí ya tenéis un sistema social muy elaborado en la sanidad y la educación. Solo falta añadir la vivienda. Es necesario porque el mercado desregulado destruirá la sostenibilidad de la ciudad. Ya lo hizo con el sistema financiero.

En España se ejecutan 163 deshaucios cada día por orden judicial. Siete a la hora. ¿Qué le parece?

Que los jueces deberían recordar que el acceso a la vivienda digna es un derecho. Y si no lo saben, hay que formarles. Porque están obligando a muchas familias a vivir en la calle. Por cierto, todos los países han firmado los derechos humanos, que incluyen al de la vivienda digna. Hasta que punto lo garantizan los gobiernos?

Hablábamos de las personas sin hogar invisibles que cuantificó Càritas. Casi en la mitad de ellas viven menores. ¿Como va a afectar esto al futuro?

Estamos creando una fuerte exclusión social. Hay niños que crecen sintiéndose excluidos de la sociedad. Solo hay que ver el sitio donde viven. A largo plazo, nadie lo está calculando. Qué nos va a costar? Que haremos? Como será la ciudad en el futuro?

¿Será para ricos?

Esperemos que no. Las ciudades tienen que ser un espacio pata todo el mundo. No podemos hacer guetos. Si no, a largo plazo la sociedad se va a romper. Lo hemos visto en otros países. No es sostenible. La inclusión social es clave para el desarrollo de la ciudad.

¿Y como se va a pagar la factura de las ayudas sociales?

La exclusión social conlleva más costes sanitarios y sanitarios, es evidente. No sé quién va a pagarlo. Lo que sí que sé es que las nuevas empresas del mundo digital, que a su vez que están haciendo subir el precio del alquiler y que ganan muchísimo dinero por ello, no pagan apenas impuestos. Deberían asumir también este coste.