Las entidades sociales exigen que se reactive la resucitada ley catalana contra los desahucios

Lo de la mañana de este lunes frente a la oficina del BBVA en el paseo de Gràcia era una fiesta en toda regla. Alegría, cánticos, abrazos sentidos y confeti. Verde esperanza, por supuesto, el color de la PAH. No era para menos. Celebraban el rescate de los dos puntos a sus ojos -y ellos son sus impulsores- más importantes de la Ley 24/2015, suspendida por el PP:24/2015, suspendida por el PP: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de la vivienda vacía de estos. "Hemos hecho posible lo imposible. A partir de hoy, los 55 desahucios diarios que se ejecutan en Catalunya tienen que ser cosa del pasado", ha señalado Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una de las tres entidades que promovió la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética aprobada en el 2015 por la Generalitat, "enterrada" a los seis meses por el recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy y hoy resucitada.

La portavoz de la PAH, junto a la del Observatorio DESC y la de la Alianza contra la Pobreza Energética, las tres entidades promotoras, han hecho público que el Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el desistimiento del recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Retirada fruto de la presión popular para defender una ley que se logró trar reunir casi 150.000 firmas (el triple de las necesarias) y que fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya. 

Paralización inmediata

"De ahora en adelante exigimos en primer lugar y de manera prioritaria la paralización de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial. Es decir, que se cumpla la ley", ha resumido Delgado, quien ha subrayado que no ofrecían la rueda de prensa frente al BBVA por casualidad: "Fue su presidente el que presionó al PP para que recurriera la ley".

Además de una reunión urgente -"esta semana"-, las entidades impulsoras de la ley piden a la Generalitat que se responsabilice de que no se vulnera la ley, y que active "inmediatamente" los mecanismos para la cesión obligatoria de viviendas vacías de los grandes propietarios a la Administración. "Las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabar. La falta de vivienda ya no puede ser una excusa", ha apuntado Irene Escorihuela, del Obsertorio DESC; quien también ha hecho un llamamiento a los juzgados para que apliquen la ley de forma exhaustiva, y a los profesionales de la justicia y del sector social para que la utilicen.

"Nuestro objetivo es que no haya una sola persona que no conozca esta ley. Que cualquier familia vulnerable que tenga un desahucio pendiente sepa que por ley puede pararlo", ha destacado Delgado. En esa línea han elaborado un conjunto de documentos que ya han colgado en la web de la PAH, así como una guía básica de su aplicación, tanto para las familias como para los ayuntamientos.

Nuevas acciones

Las entidades han insistido en que estarán pendientes de que no se dé ningún desahucio, de que los grandes tenedores cedan sus viviendas vacías y de que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas y han anunciado "acciones intensas" en los próximos meses para asegurarse de que eso ocurra.

"Esto es una gran victoria, pero queda mucho camino por recorrer. Continuaremos luchando por la regulación del precio de los alquileres y para que el derecho a la vivienda sea un hecho en todo el Estado, con la aprobación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso", han sentenciado. 

El papel de la Generalitat

Hacía al menos tres meses que gobierno central y Generalitat negociaban con las entidades sociales la retirada del recurso contra la ley catalana de emergencia habitacional. El artículo más polémico es el número siete, que permite a las administraciones expropiar las viviendas vacías de bancos y grandes empresas que hayan desahuciado alguna familia en situación de pobreza. El motivo, que este artículo invadiría competencias del Estado y hay sentencias precedentes que lo considerarían inconstitucional.

Ahora que el Estado ha retirado el  recurso, la Generalitat debe tomar cartas en el asunto y cambiar la normativa, tal y como se comprometió. Fuentes del ejecutivo catalán confirman que no es necesario aprobar un nuevo decreto sino establecer una «concreción normativa sobre las donciciones económicas» que se deben cumplir. Una propuesta cuya definición se va a demorar más de una semana.