El tercer sector pide "recursos y concreción" al Govern para mejorar la acogida de menores

El tercer sector pide a la Generalitat que aplique "medidas concretas y partidas económicas suficientes" para garantizar la acogida real de los menores migrantes solos que ahora viven en el sistema de protección de menores. Este viernes la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) presentará un plan para abordar el fenómeno, que llegó al colapso en otoño. "Queremos que pasen de la emergencia a las políticas estructurales" ha reclamado Loli Rodríguez, en nombre de la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) este martes por la mañana en rueda de prensa.

Las entidades sociales que trabajan en la acogida de menores migrantes piden un cambio de modelo para atender correctamente y garantizar la inclusión de los menores que atienden. Tanto la Federació d'Entitats amb Pisos Assistits (FEPA), como la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i la Adolescència (FEDAIA) y ECAS han pedido gestos al Govern para que afronte la atención de los menores con una perspectiva distinta a la que viene abordando los últimos meses. 

Falta de espacios

Las deficencias detectadas por la alianza durante este año son varias. En primer lugar la falta de previsión del Govern, que ha pasado de acoger 1.500 menores migrantes a 3.300 durante un año. Durante todo el año faltaron espacios. Primero los adolescentes estuvieron durmiendo en la sala de espera de la  Fiscalía de Menores por falta de plazas y luego la crisis estalló cuando la Generalitat decidió acoger los jóvenes en la comisarías de los mossos. Pero las entidades sociales destacan que se han visto en una situación jurídica "de riesgo". Principalmente porque la Generalitat les situó entre la espada y la pared. "Mientras los centros estaban llenos, teníamos que acoger más chicos por orden de la policía. No es que las entidades no quisieran acoger, es que no había espacio", ha apuntado Rodríguez. Y es que las entidades piden a Torra que se tome este tema como "una prioridad". "Debe haber un plan pactado entre todas las consellerías, esto no solo recae en Afers Socials", apuntan las oenegés.

La otra inseguridad es económica. La Generalitat llegó a generar más de 10 millones de deuda con el sector social, que no dejaba de abrir centros nuevos, a veces "en tan solo tres días". "Ahora empezamos a cobrar pero la complexidad de los fondos de contingencia y la rapidez con la que hemos abierto lo han hecho todo muy difícil", ha señalado Pilar Núñez, portavoz de a FEDAIA. 

Cambio de modelo

En plena emergencia, el Govern abrió más de 2.500 plazas de centros de menores en muy pocos meses. En muchos casos eran equipamientos provisionales, como casas de colonias o albergues del XANASCAT. Además, crearon un sistema "dual", en comparación con el sistema de protección de menores autóctonos, donde, por ejemplo, los servicios y el coste de la plaza no estaba homologado ni incluido en los ‘contratos programa’ municipales. "Tenemos que aceptar que la emergencia ya se ha superado y que esta va a ser la realidad. Hay que tomar decisiones concretas y pragmáticas", ha pedido Ferran Rodrígez en nombre de FEPA. EL tercer sector apuesta por la vía comunitaria. "No se trata solo de atender los menores en los centros, tenemos que implicarlos en la comunidad", señala Rodríguez.

Para garantizarlo, es clave conseguir la documentación de residencia y trabajo de los jóvenes. Por ello, las entidades piden al Govern que dialogue con el Ministerio del Interior y también que busque espacios de encuentro en el seno de Europa.