HUELGA DE TAXISTAS EN BARCELONA

El Govern frena el decreto de las VTC y pide negociar "sin chantajes"

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zentauroepp46647590 barcelona 21 01 2019 huelga de taxistas en la foto manifesta190121190958 / FERRAN NADEU

Carlos Márquez Daniel

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Los alpinistas tienen claro que una expedición no termina al coronar. Hay que bajar, y es en el refugio o en el campamento donde puedes relajarte y soltar toda la tensión. En el conflicto del taxi, la agreste ruta incluye una complicada cordada en la que cada uno va por su lado. Y así, tensando el filamento en direcciones opuestas, es imposible avanzar. La metáfora montañera colocaría al Govern al frente, abriendo trazada, con los taxistas y las VTC dando bandazos y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el ayuntamiento de Ada Colau comentando la jugada desde la base con el walkie, animando y diciendo a la vez que lo mejor hubiera sido atacar la cima por la ladera este. Colgando de la cuerda, los usuarios de uno y otro transporte, atados de pies y manos y dándose golpes con cada piedra del camino. El asunto, a cuatro meses de las elecciones municipales y europeas, ha derivado en una tormenta perfecta. Con esta postal, el decreto ley que debe regular el negocio de Uber y Cabify en Catalunya no se aprobará en el plazo de un mes, como prometió la Generalitat. No será un volver a empezar, pero sí un 'reset' en los aspectos clave. Lo único bueno, que todos quieren unas reglas de juego claras. ¿Pero cuáles? ¿Y para cuándo?

Esta es una guerra dialéctica, pero lo es, sobre todo, de gestos y símbolos. El taxi blande la batalla de la ciudadanía contra la sociedad de consumo y “las máquinas que quieren dejarnos a todos sin trabajo”. Por eso son viscerales en la palabra y nerviosos en la acción, hasta el punto de poner en juego e incluso perder la fidelidad de muchos clientes. Los empresarios de las VTC juegan al poli bueno, asegurando que cualquier intento de obligar a sus abonados a reservar sus servicios con antelación supondrá “el fin” de su actividad y el despido de más de 2.000 personas. Dicen que son las víctimas (sostienen que este fin de semana les han destrozado 80 vehículos) y que quieren negociar de igual a igual. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, sigue interpretando el papel más complicado, ese difícil equilibrio entre garantizar la competencia, contentar al resto del Govern y evitar que una profesión centenaria sea engullida por inventos de la última década. Un gremio, por cierto, del que no piensa aceptar "el chantaje ni la violencia" a la hora de dialogar. Completa el relato Ada Colau, alcaldesa, pero aquí, por encima de todo, presidenta del Área Metropolitana de Barcelona, reclamando más protección para un sector que siempre ha sentido y querido cerca.

Otra silla en la mesa

El lunes se ha desarrollado dentro de lo previsible. Aunque más en la calle que en los despachos. Los taxistas han exhibido músculo por la ciudad, con sus vehículos todavía ocupando el tronco central de la Gran Via sin que el consistorio haya puesto el grito en el cielo. Están convocados el martes por la tarde en Territori para seguir negociando. Sobre la mesa, la posibilidad de que los 15 minutos de precontratación de Uber y Cabify que quiere imponer la Generalitat se puedan ampliar. Ahí es donde se evidencian las rencillas entre los gobiernos de Quim Torra y el de Colau. El primero no irá más allá del cuarto de hora tras un sesudo análisis jurídico de los límites legales de la propuesta. La segunda quiere que sea de “como mínimo una hora”. Sean 15 o 60 los minutos, Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de las VTC, asegura que supondría la muerte de su negociado. Esta patronal, por cierto, se ha visto este lunes por primera vez con Calvet. Han salido contentos y han conseguido entrar en la rueda de las negociaciones, que por el momento se harán por separado para no poner en peligro los cimientos de la ‘conselleria’.

Preguntado por la actitud del ayuntamiento barcelonés, Calvet ha compartido su “sorpresa” y le ha reclamado a la alcaldesa que asuma “sus responsabilidades y no se esconda detrás del Govern”. Es decir: dejen que aprobemos nuestro decreto y luego ustedes ya lo ampliarán bajo el paraguas del AMB. Eso, sin embargo, esconde un as en la manga, ya que de esta manera, las demandas le caerían a la administración municipalista. "Si tienen las competencias para incrementar la tarifa del taxi en un 5,2%, también la tienen para estas cosas”, ha defendido el 'conseller', que no se ha ensañado en exceso en la pelea entre vecinos de Sant Jaume. No hay que olvidar que las VTC tienen preparada una demanda en la que reclamarán 1.100 millones de euros a quien ose alterar todo lo que consideran derechos adquiridos. Colau, por su parte, le ha acusado de “provocar un incendio” con una propuesta “que sabía que sería polémica” y ha insistido en la necesidad de “establecer una diferencia real” entre taxis y vehículos de alquiler con conductor. Jaume Collboni (PSC), en un intento de calmar las aguas, ha escrito una carta a la alcaldesa en la que le reclama que lidere la petición de una semana de tregua que permita avanzar en la negociación y recuperar la normalidad a nivel de circulación.

Ojo con la competencia

En el asunto de las impugnaciones se sumará sin lugar a dudas la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que este mismo lunes, como ya hiciera la semana pasada, ha recordado que precontratar el servicio con un anticipación determinada “supone la introducción de ineficiencias artificiales e injustificadas que, en último término, perjudican a los usuarios". Misma opinión les merece que se pretenda que Uber y Cabify eliminen la geolocalización de sus coches antes de realizar la reserva.

El regulador se viene arriba y se atreve con el histórico funcionamiento de las licencias de taxi. Cita a todos aquellos taxistas que han comprado credenciales en los últimos años. Para todos ellos, y en un marco de “mayor libertad y competencia”, receta un periodo que reconozca “unos costes de transición para compensar inversiones razonables y decididas en un contexto regulatorio diferente”. La ACCO, a través de un comunicado, arremete contra el AMB por haber pedido “adoptar medidas con el fin de evitar la competencia entre los taxis y las VTC”. A su modo de ver, eso sería “contrario al bienestar de los usuarios y a los principios de regulación económica eficiente, que tienen que guiar las actuaciones de los poderes públicos”. Y por si el camarote no estuviera ya lo suficiente lleno, el ente reclama una silla en la negociación “para velar por el bienestar” de los ciudadanos.

Calvet ha tenido este lunes otras dos reuniones importantes con la movilización del taxi como telón de fondo. A primera hora se ha reunido con todos los operadores metropolitanos de transporte público para ver de qué manera se puede responder a la huelga. El responsable de Territori ha señalado que, en el caso de que sea necesario, las distintas empresas incrementarán sus efectivos para hacer frente a la demanda. Todo ello, por un coste que ha cifrado en un millón de euros diario. El segundo encuentro del día, antes de recibir a Unauto, ha concentrado en una misma sala a los principales agentes económicos de la ciudad. A saber: comerciantes, hoteleros, patronales, sindicatos, puerto, aeropuerto, Fira de Barcelona. Solo faltaba John Hoffman, patrón del Mobile World Congress. Todos han coincidido en que esta no es la imagen que Barcelona debe proyectar al resto del mundo, que las pérdidas económicas son para echarse a llorar y que las escenas violentas protagonizadas por grupos marginales de taxistas “pueden poner freno al atractivo de Barcelona como foco de actividad económica”.

Tras un día en el que el 'conseller' ha quedado empapado de realidad, la jornada terminará en la Generalitat con una reunión con su colega de Interior, Miquel Buch, y el 'president' Torra. Será a las 20 horas, cuando la reforma horaria dicta que ya deberíamos estar cenados. Que sea con el jefe de los Mossos y no con el responsable de Economia, el republicano Pere Aragonés, da alguna pista de un encuentro que versará más sobre seguridad que sobre las posibilidades reales y contables de hacer frente al decreto y a los efectos que pueda generar. Sin plazos y sin acuerdo, la tormenta perfecta no tiene pinta de ser pasajera.