De dónde viene y adónde va la crisis del taxi y las VTC

Salvando las distancias, a las administraciones les ha ocurrido con la crisis del taxi lo mismo que les ha pasado con los patinetes eléctricos o los pisos turísticos. La fuerte eclosión de diferentes fórmulas de movilidad y/o de negocio gracias a la evolución tecnológica y en algunos casos al gigantesco trampolín de las aplicaciones de teléfono móvil pilló in albis a los gobiernos (de todo ámbito y color), cuyo 'laissez faire' inicial se ha traducido en los últimos años en un conflicto normativo de difícil resolución. En el problema de regulación que aquí nos atañe, todo gira en torno a unas siglas que pocos conocían hace nada y que ahora no dejan de aparecer en los titulares: VTC, o sea, vehículos de transporte con conductor, Uber y Cabify preferentemente.

Una batalla de años ha

En el 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley ómnibus que abrió un boquete legal favorable a las VTC. Hasta aquel año existía una limitación de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, pero entonces se abrió el melón y se multiplicaron las peticiones. Y también las concesiones, porque la justicia ha ido dando la razón a la gran mayoría de propietarios de credenciales VTC a quienes la administración de turno les había puesto reparos. El grifo se cerró a partir del 2015, cuando se recuperó la proporción 1x30 en el reglamento de ordenación del transporte terrestre, pero el río ya se había desbordado. Uber, por ejemplo, llegó a España en el 2014 a través de su aplicación UberPop, pero los taxistas la vencieron en los tribunales porque usaba conductores sin licencia. Sin embargo, más tarde sorteó las puertas del campo con la modalidad UberX, que sí usa una licencia VTC que hasta la fecha empleaban los chóferes privados como los que contratan algunas empresas, políticos u hoteles.

La erupción del 2018

La magnitud del desbarajuste fue creciendo hasta que el año pasado, a medida que la justicia iba coincidiendo licencias VTC, se dispararon del todo las luces de emergencia en el gremio del taxi. Para hacerse una idea, basta con apuntar que las credenciales de VTC activas en España eran 7.821 en mayo, subieron a 9.111 en junio y alcanzaron las 11.200 en septiembre, con otras 2.000 pendientes de resolución judicial. En cuanto a las licencias de taxi, eran de 65.456 hace medio año, lo que indica una proporción aproximada de 1x6, lejos del 1x30.

Lógicamente, Madrid (5.000 x 15.000 en agosto pasado) y Barcelona (2.000 x 10.000) lideran el número de licencias tanto de un negocio como del otro. El Área Metropolitana de Barcelona, presidida por la alcaldesa Ada Colau, fijó la obligatoriedad de la proporción 1x30 y estableció que las VTC tenían que solicitar una segunda autorización al Institut Metropolità del Taxi para poder operar. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya paralizó aquel reglamento al entender que la AMB se sobrepasaba de sus competencias y dio aire a los vehículos de transporte con conductor. Los ánimos del taxi se acabaron de caldear y por eso hicieron huelga en julio. El Gobierno central trató de aplacar los ánimos en septiembre al aprobar un decreto ley que permite limitar las VTC y hasta anularlas en el 2022, una norma que  además cede a las administraciones autonómicas y locales el poder de establecer horarios, días de circulación, recorridos máximos, otros condicionantes... Lo que nos lleva a la situación actual.

Las normas de la discordia

El Govern de la Generalitat, con el 'conseller' de Territori, Damià Calvet, como cara más visible para abordar este asunto, propuso de saque una normativa con tres claves: que la contratación de una VTC se haga con 15 minutos de antelación; que los clientes no puedan ver a través de la 'app' los coches disponibles en su zona y que una vez terminado el servicio, los coches de este tipo tengan que esperar otro servicio desde su base o en un párking, fuera de la vía pública.

Los taxistas, descontentos con ese plan (querían 24 horas de reserva) empezaron el viernes una huelga, y la mantuvieron el sábado a pesar de que Calvet, echando la pelota al tejado de la AMB y de Colau, les planteó que los entes locales o supralocales puedan ampliar el tiempo de precontratación de VTC por criterios territoriales, ambientales y de duración del servicio. El taxi no se fía y quiere asegurarse un mayor tiempo de reserva. Avisa con avivar el fuego del conflicto en la calle y también en los juzgados. La patronal de las VTC, Unauto, también amenaza con paralizar el Mobile World Congress en Barcelona y reclamar indemnizaciones millonarias (más de 1.000 millones de euros) a las administraciones si coartan el "libre comercio". En el horizonte de unos y otros la única coincidencia es que el cielo se les podría despejar con las medidas que están aplicando las grandes ciudades de restringir la circulación de vehículos privados por motivos mediambientales. Eso augura más pasajeros en potencia para estos transportes, con permiso de la bici y el patinete.