España registra 300 accidentes con patinetes eléctricos en los dos últimos años

Puede que sea el regalo estrella de esta Navidad, pero el patinete eléctrico no es un juguete. Es un vehículo sostenible y fundamental para las ciudades del futuro, pero genera “problemas específicos de convivencia en las vías públicas” y conlleva una responsabilidad “importante”. En los dos últimos años, se han producido en toda España unos 300 accidentes (la cifra exacta rondaría los 273) relacionados con los patinetes eléctricos. En 200 de ellos la responsabilidad fue del patinador. Estas son las cifras que maneja el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolmé Vargas, que ha enviado un comunicado a todas las policías locales para recordar la normativa estatal y la necesidad de extremar la vigilancia ante un medio de transporte que vive un auténtico 'boom'. El fiscal insta a los agentes a retirar el patinete en que caso de observar una “situación de riesgo” y recuerda a los infractores que, en el caso más grave, los delitos de lesiones conllevan penas de seis meses a tres años de cárcel mientras que el homicidio puede implicar hasta cuatro años de prisión.

Dos víctimas mortales

Las cifras de siniestralidad, con dos muertos incluidos (una anciana que fue atropellada y una patinadora arrollada por un vehículo), son “preocupantes” e irán a más a medida que se generalice el uso de los patines. A pesar de que la Dirección General de Trafico (DGT) ya está estudiando fórmulas legales para regular su uso y que cada ciudad, como por ejemplo Barcelona, ha aprobado normas específicas [desde enero, la Guardia Urbana ha puesto un total de 1.468 denuncias por uso indebido] Vargas apuesta por recordar la altísima responsabilidad que supone desplazarse con un patinete.

La responsabilidad empieza por los fabricantes, que, en muchas ocasiones, “no son conscientes de lo que ponen en el mercado”. La responsabilidad continúa en el patinador, que a veces se salta la norma y circula por las aceras -un espacio “sagrado para los peatones”- generando sensación de inseguridad en los colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad (incluida la visual), los niños y la tercera edad. Vargas es partidario de que tanto los fabricantes como los ayuntamientos tengan “responsabilidad jurídica” y sean responsables civiles subsidiarios porque, en caso de atropello, no se puede quedar la víctima “desprotegida, indefensa y desamparada”.

Frenos e iluminación

Antes de circular con un patinete eléctrico, Vargas demanda a los usuarios que comprueben su calidad técnica, desde los frenos hasta la iluminación. Asimismo, recuerda que las normas de seguridad vial también les afectan -como a los conductores de vehículos- en lo que a velocidad se refiere. También en el consumo de alcohol o drogas.

La fiscalía de Seguridad Vial, como ya está haciendo la DGT, también se plantea realizar reformas legales para rellenar el vacío (incluido el europeo) que existe ahora mismo sobre los patinetes eléctricos, también sobre sus (nulos) seguros.  Antes de todo ello, sin embargo, Vargas es partidario de esperar a recabar más información de los ayuntamientos y, sobre todo, esperar a ver la respuesta tanto de los usuarios como de la policía ante la comunicación enviada a los ayuntamientos. Vargas ha sugerido a los consistorios la posibilidad de realizar cursos de formación porque, en su opinión, “no todo el mundo sabe conducir un patinete ni tiene los mismos reflejos”.

Beneficios para el medio ambiente

A pesar de la llamada de atención, Vargas ha recordado que los patinetes, además de lúdicos, son vehículos con indudables beneficios medioambientales. Su uso generalizado, sin embargo, implica  una “convivencia tolerante y enriquecedora con los vehículos a motor, las bicicletas y los peatones”. “Mucha gente -ha insistido- se sube en un patinete y piensa que puede hacer todo. Incluido trucar el motor para que vaya más deprisa. Un patinete requiere diligencia y respeto a las normas”.

La carta de Vargas a las policías locales no solo habla de los patinetes sino también de las bicicletas, otra manera sostenible de desplazar por las ciudades que cada día gana más adeptos. “Según los informes remitidos por los agentes se constata un extendido desconocimiento por parte de los ciclistas de las normas viales en el ámbito urbano”, incluida la prohibición de circular por las aceras y el resto de zonas peatonales, así como los límites de velocidad, el respeto a los semáforos y la imprudencia de ir con auriculares o viendo el móvil.

Ese desconocimiento contrasta con lo que ocurre en las vías interurbanas, donde los ciclistas suelen ser escrupulosos con las normas de circulación. El fiscal pide a los agentes que, en caso de atropello, si se intuye un presunto delito de homicidio o lesiones por imprudencia grave debe instruirse siempre atestado, en el que deben constar los datos de la póliza de seguro municipal o particular del ciclista o empresa que gestiona el uso compartido. “También una indagación sobre los bienes del responsable para poder instar con la mayor prontitud las medidas cautelares de embargo pertinente”, recuerda la comunicación de Vargas.