El movimiento feminista, decepcionado ante la sentencia de La Manada

Tan decepcionante como sorprendente. El movimiento feminista no da crédito con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que ratifica el delito de abuso sexual (sin violencia ni intimidación) y los nueve años de cárcel para los miembros de 'La manada' por los hechos ocurridos en las fiestas de San Fermín del 2016. Los magistrados ratifican lo que ya decreto, en su día, la Audiencia Provincial: no hubo violación.

“Resulta sorprendente que el tribunal no haya reflexionado sobre por qué hubo semejante reacción social con la anterior sentencia”, critica Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. En su opinión, urge que el Gobierno modifique el Código Penal (algo que ya está en marcha) para que las relaciones sexuales no consentidas sean siempre calificadas como delito de violación, algo que ordena el Convenio de Estambul, firmado en 2011 y al que España se sumó en 2014 (actualmente lo han ratificado 33 países).

La representante de Themis insiste en que nadie cuestiona la pena impuesta a los agresores: nueve años de cárcel. “Lo que criticamos es la calificación jurídica de los hechos. Supone una banalización absoluta”, concluye.

¿Continuarán en la calle?

Como la sentencia todavía no es firme -cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo- Gonzalo admite la posibilidad de que los cinco agresores continúen en la calle. “Con dos sentencias condenatorias deberían entrar en la cárcel, pero ¿qué pasará? Podrían no hacerlo, es una posibilidad”, critica. La vicepresidenta de Themis destaca que el único punto positivo de la sentencia son los votos particulares de dos de los cinco magistrados que apuestan por calificar los hechos de agresión sexual. “Esperamos que tanto la fiscalía como la víctima, si es que le quedan fuerzas, recurran ante el Supremo y este, por fin, sentencie que hubo violación”. Gonzalo, además, critica que la sentencia del TSJN se haya dado a conocer en víspera de puente con el objetivo de “pillar desprevenido y con la maleta hecha” a toda la población.

Cualquier ciudadano lo tiene claro

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, considera inexplicable que los jueces del TSJN no vean lo que cualquier ciudadano medio ve: la intimidación de los cinco miembros de la Manada sobre la víctima. “Por número, por complexión, por el espacio en el que estaban… por todos estos motivos está claro que hubo agresión y violación”, explica. “Todos estamos con la boca abierta ante la sentencia. No me puedo ni imaginar cómo estará la víctima”, añade.

A su juicio, el mensaje que deja la sentencia a toda la sociedad es “devastador”. En su opinión, la decisión judicial demuestra que la cultura de la violación sigue estando muy presente. “Siempre se culpabiliza a la víctima, que si iba sola a altas horas de la madrugada, que si vestía de tal manera, que si había bebido, que si no se opuso con violencia para defender su honra, que si iba provocando… Y sobre ellos, los agresores, que si son buenos chicos, buenos hijos y que solo se pasaron un poco con la juerga”, apunta. Besteiro insiste en la importancia de cambiar el discurso social para no tener que enseñar siempre a las víctimas a protegerse (o no vestir de determinada manera) sino enseñar a los varones -simplemente- a no violar, no agredir.

Justicia patriarcal

Mientras, la socióloga Gemma Altell considera que la víctima no solo sufrió la agresión aquella noche sino que ahora está sufriendo la violencia estructural del sistema. El problema es, en su opinión, que tenemos una justicia patriarcal.  “La ley de violencia de género se ha quedado corta porque solo habla de las agresiones en la pareja y no de la violencia sexista en general. Los magistrados que han negado la violación en San Fermín deben desconocer profundamente el proceso psicológico de las víctimas, que en la mayoría de los casos, tienen una única forma de sobrevivir: no defenderse”, explica Altell tras indignarse con el hecho de que sea la víctima la que tiene que probar su inocencia, algo que no sucede en otros tipos de delitos.