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¿Cómo te afectará la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos?

Entre las medidas propuestas está la ampliación desde tres a cinco años de la duración del contrato de alquiler

Un piso en alquiler en Barcelona.

Un piso en alquiler en Barcelona. / periodico

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El Gobierno ha propuesto este martes una serie de cambios en materia de vivienda. Por un lado, se ha propuesto una modificación de los procedimientos de desahucio por los que se articulará un "proceso especial" para las personas que se encuentren en una "situación vulnerable". Por otro lado, según ha adelantado el ministro de fomento, José Luis Ábalos, también se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos por las que se rigen los contratos de alquiler. 

El cambio en los procesos de desahucio formará parte del paquete de medidas urgentes en materia de vivienda que Fomento ultima aprobar próximamente por Real Decreto Ley en Consejo de Ministros, y que está enfocado principalmente hacia el alquiler. Entre el resto de iniciativas de este Real Decreto figura una "reforma fiscal" en la que trabaja el Ministerio de Hacienda con el fin de contribuir a "estimular la oferta de vivienda en alquiler y moderar sus precios" que cambiarán algunas de las modificaciones hechas a la ley en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Consecuencias para el inquilino

La anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos pretende volver a ampliar desde tres a cinco años la duración del contrato de alquiler, así como limitar a dos mensualidades de renta las garantías adicionales a la firma del contrato, y garantizar que los gastos de esta formalización contractual corran a cargo del propietario de la vivienda en el caso de que sea una empresa.

Este cambio sólo afectará a los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, confirman fuentes jurídicas, dada la no retroactividad de las leyes civiles, pero supondrá un incremento de dos años en la validez de las condiciones pactadas en la firma del contrato.

Consecuencias para el propietario

Esta medida trata de conseguir una mejora del régimen fiscal al inquilino o, en su defecto, incentivar a los propitarios para conseguir la salida al mercado de viviendas vacías, a las que se unirán 20.000 viviendas nuevas para alquiler social.

En este sentido, esta reforma abordará "tareas pendientes como la definición de las viviendas vacías, desocupadas con carácter permanente, estimulando su incorporación al mercado del alquiler a través de un amplio catálogo de medidas regulatorias y de carácter fiscal".

Asimismo, se aprovechará la reforma de esta Ley para "acotar" el término de vivienda de uso turístico, "con el fin de garantizar que el parque de viviendas se destine de forma prioritaria a cumplir su función social de garantizar el derecho a la vivienda". Además, el paquete de medidas urgentes se completará con la búsqueda de suelo por parte de la sociedad pública de suelo Sepes con el fin de promover viviendas de alquiler a precios asequibles, cosa que supondrá para el propietario un aumento de posibilidades de poner su vivienda en régimen de alquiler social.