La comisión de la renta garantizada exige una auditoría sobre los "incumplimientos" de la ley

Justo delante de la puerta del Parlament. Ahí es donde la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha dicho basta este jueves a lo que considera un "incumplimiento sistemático" de la aplicación de la ley aprobada hace más de un año para hacer frente a "la pobreza severa que azota Catalunya". Han exigido una auditoría independiente sobre cómo el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies está desplegando la normativa, y también una comisión parlamentaria para que las formaciones políticas exijan al Govern más diligencia en la materia. La Generalitat, por su parte, defiende que se está cumpliendo con lo que establece la ley y que antes de que termine el año se presentará, como estaba previsto, el informe de evaluación de la normativa. 

Diosdado Toledano, cabeza visible de esta plataforma ciudadana, ha dado por finalizado el "periodo de gracia". Esos 100 días de margen para que el 'conseller' del ramo, Chakir el Homrani, investido a mediados de mayo, pudiera impulsar estas imprescindibles ayudas. En opinión de Toledano, "todo sigue igual de mal", es decir, se siguen "denegando las peticiones de la renta a personas que sí lo merecen", se siguen produciendo "trampas administrativas" al no notificar a los interesados que faltan documentos para, más tarde, dar por desistida la demanda de la prestación, o, en definitiva, se va "muy lento" en la aplicación de la ley. Grave situación, ha sostenido, "si se tiene en cuenta que los indices de pobreza extrema están creciendo en nuestro país".

Diligencia o dimisión

El portavoz de la plataforma, echando mano de las cifras oficiales, ha recordado que de las 121.000 peticiones cursadas desde la aprobación de la ley (septiembre del 2017) para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, solo ha habido 5.600 aprobaciones. Una cifra, ha añadido, que es "ridícula pero también engañosa", ya que suma los aceptados para obtener la prestación y los complementos de pensiones no contributivas, "que son la mayoría".  "Esto es una manipulación inaceptable de los datos y se está vulnerando la ley de Transparencia". Conchita Riera, miembro de Marea Pensionista, ha instado a El Homrani a cambiar al personal encargado de la renta por equipos de personas "con sensibilidad social". "Y si no se ve capaz de gestionar esto, que dimita", ha añadido.

Un portavoz del Govern ha negado que se esté incumpliendo con la ley de Transparencia y ha evitado comentar la propuesta de auditoría independiente. Sí ha recordado que, tal y como establece la propia normativa, antes de que termine este trimestre se presentará el informe de evaluación. Lo que no parece que vaya a estar listo antes de que termine el año es el reglamento de la ley de la renta garantizada de ciudadanía, destinado a ser el verdadero desatascador del despliegue de esta anhelada prestación.