Ensenyament quiere volver a financiar las guarderías municipales, a las que Mas retiró todos los fondos

Después de años de litigio, con medio centenar de ayuntamientos y varias sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en su contra, la Generalitat volverá a hacerse cargo de la financiación de las escuelas infantiles o 'escoles bressol' municipales, a las que el Govern del convergente Artur Mas retiró sus aportaciones en el 2012. Sin determinar todavía ni importes ni porcentajes, y a la espera de obtener el consenso parlamentario necesario, las 'consellerias' de Ensenyament y de Economia (ambas dirigidas por ERC) han acordado revertir esta situación, que en los últimos años están asumiendo ayuntamientos y diputaciones provinciales, y han introducido en su propuesta de Presupuestos de la Generalitat para el próximo 2019 una partida económica específica para las guarderías públicas, según ha podido saber este diario.

Que las cosas cambiarían ya lo anunció poco después de acceder al cargo el actual titular de Ensenyament, Josep Bargalló, en su primera comparecencia en el Parlament. Ahora parece que Economia está dispuesta a darle los fondos que le hacen falta. En los presupuestos que prepara para el 2019, volverá a figurar la aportación autonómica para las escuelas infantiles, que desapareció en plena crisis económica, cuando Irene Rigau, entonces responsable de Ensenyament, incluyó las guarderías municipales en su lista de recortes educativos, alegando que se trataba de una etapa de enseñanza no obligatoria (de hecho, solo lo son la primaria y la ESO, de los 6 a 16 años).

Ninguna de las dos 'conselleras' de CiU y el PDECat que sucedieron a Rigau al frente del departamento (Meritxell Ruiz, primero, y Clara Ponsatí, después) movieron en su momento un dedo por corregir la medida, pese a que tanto el Estatut d'Autonomia como la ley de educación de Catalunya (LEC) obligan a la Generalitat a garantizar "el carácter educativo, la calidad y los servicios mínimos de los centros" de educación infantil, que son de titularidad municipal.

Ahora, el propósito de cara al próximo curso escolar, señala el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es recuperar "la aportación de la Generalitat en la financiación de la educación de cero a tres años" y que esta "provoque una reducción de la aportación que realizan actualmente las familias de los alumnos".

Fondos para la concertada

La polémica sobre los parvularios municipales se inició en el momento en que Ensenyament decidió, en el 2012 y, posteriormente, en el 2014, que el grueso de las partidas económicas presupuestadas por la 'conselleria' para financiar el servicio de guardería que prestaban los municipios (más de 81,7 millones de euros) fuera derivado a los conciertos educativos, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos públicos para escolarizar a sus alumnos. El departamento argumentó que los fondos eran para pagar nóminas de los empleados de las concertadas.

La controvertida decisión de la 'consellera' Rigau fue llevada ante el TSJC por un puñado de ayuntamientos -entre ellos los de las cuatro capitales de provincia (salvo Girona) y los de las principales ciudades metropolitanas- después de que, de buenas a primeras, se encontraran teniendo que cubrir la parte de financiación que correspondía a la Administración autonómica, para evitar que la medida repercutiera en las familias de los alumnos. Hasta entonces, la financiación de las escuelas infantiles muncipales se regía por un modelo pactado en el 2009, que establecía que, de los 5.400 euros por alumno y curso que cuesta cada plaza escolar de educación de cero a tres años, la Generalitat aportaba un tercio del importe, mientras que consistorios y progenitores asumían los otros dos tercios restantes. 

En el 2015, la partida, que ya había pasado de los 1.800 euros por alumno y curso del 2010 a tan solo 875 euros, desapareció definitivamente de los Presupuestos de la Generalitat y se quedó a cero. Desde ese año, son las diputaciones las que sufragan las guarderías municipales. El asunto se encuentra actualmente pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo, al que ha acudido la Generalitat después de que el TSJC fallara en todas las ocasiones a favor de los consistorios demandantes.