Los socorristas catalanes exigen una ley de seguridad de las playas

La playa de Castelldefels tiene torre de vigilancia. La de Ocata, no. Algunas playas empiezan la temporada el 15 de junio. Otras el 23. Unas la terminan el 11 de septiembre y otras casi en octubre. Las diferencias se dan porque Catalunya no tiene hoy ninguna regulación autonómica de medidas mínimas para la seguridad de las playas. Así, son los ayuntamientos de los 70 municipios costeros quienes deciden el número de socorristas, la duración de la temporada de baño, si hay o no torre de vigilancia y, en definitiva, si las más 270 playas catalanas tienen una seguridad menor o mayor.  

De todo ello se queja la plataforma SOS Socorristas, que, según sus promotores, de momento agrupa a unos 500 profesionales del socorrismo de playas, del millar que trabaja en Catalunya. Luchan para que haya “unas normas comunes para todas las playas”, explica Carlos Bravo, uno de sus promotores y socorrista de Proactiva. Muestra de ello, dice, es que en los cinco kilómetros de playa de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) hay 13 socorristas, mientras que en la de Castelldefels (Baix Llobregat), de tamaño similar, trabajan 20.

La plataforma alerta de que sin normativa catalana las “consecuencias las sufren los ciudadanos que van a la playa”, porque en algunas no hay el mínimo personal necesario ni tampoco unas infraestructuras adecuadas. “No puede ser que en una playa tengan unas normas y, en la del pueblo de al lado, apenas 10 metros más allá, tengan otras”, lamenta Bravo. Aun así, reconoce que “no hay playas totalmente inseguras” pero sí “con grandes carencias”. 

¿Y cómo resolverlo? Para SOS Socorristas la solución pasa por un decreto ley autonómico que “ponga orden” y “no deje a criterio de cada ayuntamiento la condiciones de seguridad de la playa”. En definitiva, homogeneizar los requisitos y definir bien el trabajo de socorrista de playa, que creen que está “totalmente olvidado”. 

A parte de poner en marcha una petición en Change.org para lograrlo, el colectivo también ha hecho llegar una carta al conseller de Interior, Miquel Buch, donde se quejan del “abandono” que consideran que sufre el sector y le piden convocar una reunión de trabajo para “iniciar el camino hacia la regulación”. Consultado por EL PERIÓDICO, Interior se ha limitado a confirmar que había recibido la carta y que la estudiaría, sin precisar fechas y a pesar de que en el texto los socorristas ponían como límite la primera quincena de agosto.  

SOS Socorristas también defiende que parte del problema es la falta de un convenio propio sectorial de vigilantes de playa, ya que, actualmente, se rigen por un convenio estatal de instalaciones deportivas y gimnasios y uno catalán de trabajo para las empresas privadas que gestionan equipamientos y servicios públicos. En ninguno de los dos aparece la palabra ‘playa’. 

El caso de otras comunidades

“No reclamamos un imposible; lo que no puede ser es que no se haga”, se queja Nicolás Migueiz, otro promotor de la plataforma y socorrista de Proactiva, que dice no entender “cómo puede ser que Catalunya, que es el primer destino turístico del Estado, no disponga aún de una norma que regule la seguridad de los millones de visitantes que recibe en sus playas”. Otras comunidades, que también viven del turismo, ya lo han hecho. Son las Islas Canarias, con un decreto de este año, y las Baleares, con un primero en el 2005 y una posterior modificación en el 2015.  

Las dos leyes recogen al detalle las condiciones que deben cumplir las playas y también cómo debe ser el equipo de salvamento. Por ejemplo, una playa canaria con riesgo moderado debe contar con cinco profesionales: uno como jefe, un socorrista en la torre de vigilancia, otro a pie de agua y dos en la embarcación de auxilio. Además, el puesto de primeros auxilios debe tener un desfibrilador, agua corriente, corriente eléctrica, camilla, inmovilizador de columna o collarines de todas las medidas, entre otros. En la torre de vigilancia debe haber un desfibrilador y un botiquín portátil y la silla de los socorristas debe ir con parasol, apoyabrazos y no más de tres escalones con una separación que no implique usar las manos para subir.  

Todo esto en Catalunya no es obligatorio. Es cada ayuntamiento el responsable de elegir qué es y qué no es necesario en sus playas. “Aún hoy vemos playas con sillas de vigilancia distintas, con puestos de auxilios sin baño ni agua corriente. No es normal”, se queja Migueiz. Sí celebran que las sillas altas que predominaban en las playas catalanas hayan quedado atrás. “¿Qué sentido tiene que un socorrista, que actúa en los primeros metros del agua, esté a seis o siete metros si tiene que bajar con un arnés?”, ironiza Bravo. 

Una manifestación en los próxmos días

La plataforma defiende que sus demandas buscan una mejora de sus condiciones laborales y de la seguridad de los bañistas. “O nos movemos nosotros o esto no cambiará nunca”, opina Migueiz. A la espera de la respuesta de Interior, los socorristas ya se están organizando para manifestarse, aunque todavía no han decidido ni cómo ni cuándo será la protesta. En septiembre se reunirán con el grupo de Catalunya en Comú en el Parlament y esperan que los reciban otros partidos para "hacer visible una problemática” que, aseguran, arrastran hace “muchos años”.